La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede de la sociedad pública Red.es y requisado información de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha adelantado el diario 'El Mundo', este registro se ha producido por orden directa de la Fiscalía Europea.
Apenas unas horas después de que la propia Begoña Gómez, encausada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, reapareciese en la escena pública apoyando a su marido y al PSOE en un mitin celebrado en Benalmádena, esta información sacude nuevamente la causa y provoca la rápida reacción de todos los partidos del panorama nacional.
El registro de la Guardia Civil, además, se produce apenas 24 horas después de que el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa en la que ella figura como imputada, le citase a declarar el próximo 5 de julio. Esta será la primera vez que una mujer del presidente del Gobierno se siente en el banquillo en calidad de investigada.
Por orden de la Fiscalía Europea
La actuación de los agentes tiene lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de Gómez.
La UCO ya habló
No es la primera vez que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene un papel importante dentro de la causa. De hecho, por petición expresa del juez Peinado, este cuerpo especializado redactó un informe en el que aseguraba, de forma tajante y clara, que no había ninguna actuación susceptible de delito en los negocios de Begoña Gómez.
Además, la UCO centraba el tiro en el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el pseudosindicato Manos Limpias vincula con la mujer del presidente del Gobierno. No obstante, Barrabés, viejo conocido de la administración pública, ha cerrado contratos con gobiernos de distinto signo político, tales como el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida; la Junta de Castilla y León, en manos de Alfonso Fernández Mañueco; o incluso la Comunidad de Madrid, bastión popular gobernado por Isabel Díaz Ayuso.
En la misma línea que la UCO se habían posicionado, ya antes, otros organismos independientes como la Oficina de Conflicto de Intereses, quien, a petición del PP, negó que existiese causa imputable sobre Begoña Gómez. Es el mismo razonamiento que hace, también, la Fiscalía General del Estado.
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