La ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones impulsada por Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG ha resucitado gracias al Partido Popular (PP). La proposición impulsada por las formaciones a la izquierda del PSOE estaba siendo bloqueada en la Mesa del Congreso de los Diputados por los socialistas, pero el voto favorable de los Alberto Núñez Feijóo devuelve el texto al debate parlamentario y los socios habituales del PSOE quieren que lo haga cuanto antes.
La proposición primero pasará por la Comisión de Vivienda, donde Sumar introducirá una enmienda para ilegalizar las empresas de desokupación y previsiblemente otros grupos añadirán sus aportaciones, las cuales aún no han trascendido, que deberán ser votadas en la Cámara Baja, penúltima parada antes de convertirse en ley o morir en la orilla. Para acelerar este proceso, los cinco partidos autores de la ley solicitan este martes a la Mesa del Congreso “la tramitación por el procedimiento de urgencia”, donde se deberá decidir si los tiempos se acortan.
Todo apunta a que los socialistas mantendrán su voto negativo, al tener su propia alternativa regulatoria; por lo tanto, la pelota volverá a estar en el tejado del Partido Popular. En juego está una importante modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que supondría que los contratos de temporada no podrían superar los nueve meses, frente a los seis actuales, y obligará a los propietarios a justificar y demostrar la necesidad de que sus viviendas se arrenden en modalidad temporal.
“Siempre que su duración exceda de nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual”, añade la norma. Con todo, la formación magenta espera que “ningún grupo parlamentario, en especial nuestro socio de Gobierno, recurra a estrategias de dilación cuando son ellos quienes tienen las competencias de vivienda”, tal y como trasladaba su portavoz, Verónica Martínez, después de que la norma echase a andar gracias al visto bueno de los conservadores.
“No puede seguir siendo la forma del rentismo para saltarse la ley”, añadía. Los socialistas, por su parte, achacaban el bloqueo en la Mesa a la falta de preparación en las enmiendas de algunos grupos pequeños del Congreso, aunque fuentes parlamentarias apunta a que la razón real detrás de la demora puede ser la presentación de la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, presentada a la mesa en mayo de este año.
La norma, si finalmente los socialistas deciden darle apoyo en el Congreso, podría ver la luz con el apoyo de Junts per Catalunya gracias a la disposición adicional añadida: “en los casos de las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución española, será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencia”. La no inclusión de esta materia fue la principal causa por la que los de Carles Puigdemont tumbaron en 2024 una ley muy similar impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y el Sindicat de Llogateres.
Frente a los usos fraudulentos de la legislación
“La realización de contratos temporales y los alquileres de habitaciones se ha convertido a la práctica en una figura clave, utilizada por miles de arrendadores, para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres”, defiende la ley su importancia, denunciando la expulsión de inquilinos y la subida de alquileres.
Este proceder “se ha convertido en un modelo de negocio al alza, el cual choca drásticamente con el ejercicio del derecho a la vivienda recogido en la Constitución”, añade, antes de proponer un articulado con el que pretende poner coto a “contratos que pueden provocar inestabilidad residencial, incertidumbre, desprotección y angustia a las personas arrendatarias”.
