La XV Legislatura sería la de la Vivienda. Esa fue la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del resto del Partido Socialista. La creación del ministerio del ramo consolidaba aquella tesis. La tensión en torno al mercado del alquiler, sin embargo, se traslada al campo de batalla parlamentario. El PSOE se desmarcó de la maniobra de Sumar -sustentada por el PP- para desbloquear la ley para regular al alquiler; mientras el socio mayoritario de la coalición movió ficha por su cuenta y riesgo con el registro de una proposición de ley para impulsar el alquiler de vivienda a precios asequibles. Tales movimientos reabren viejas heridas en el tejido de Moncloa. Sobre todo, a tenor de la iniciativa del Grupo Socialista que, a juzgar por la reacción de los aliados del bloque de la investidura, nace muerta al considerarla como un “premio para los rentistas”.
Pasado el mediodía del jueves, el Grupo Socialista registró una proposición de ley que contempla una batería de medidas orientadas al alquiler de viviendas asequibles. El texto, elaborado en colaboración con el ministerio del ramo, incluye iniciativas de índole fiscal tales como la subida del IVA de los pisos turísticos, el encarecimiento de la vivienda vacía o incrementar los gravámenes a los extranjeros que compren casas en España. Asimismo, contemplan bonificaciones tributarias a través del IRFP para los propietarios que rebajen los precios del alquiler sin necesidad de que el inmueble se sitúe en una zona tensionada.
El texto, sin embargo, no ha cuajado como cabría esperar entre los aliados del bloque de la investidura. Tan sólo al Partido Nacionalista Vasco (PNV) le suena relativamente bien la música, pero la subida del IVA a los pisos turísticos no solucionará la crisis. Otros, en cambio, han optado por no pronunciarse directamente y registrar, como ha hecho Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su propia ley para combatir la especulación inmobiliaria como respuesta. O mejor dicho, como rechazo al texto diseñado por el Grupo Socialista. Quienes sí han expresado su negativa con palabras han sido tanto Sumar como Podemos. Por llamativo que pueda parecer, ambos coinciden en que el articulado del PSOE supone no solo claudicar ante los rentistas, sino también “premiarlos”.
Jugada arriesgada
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no tardó en dar el primer portazo a los socialistas. “Me parece una temeridad”, expresó la también diputada morada a través de sus perfiles en redes sociales. A su juicio, la ley satisface a los rentistas “con regalos fiscales”, lo cual considera que es una maniobra “arriesgada” y temeraria que además coincide en el tiempo con una “ola de indignación más que justificada” contra los propietarios. “Pero, claro, todos quieren acabar en la patronal inmobiliaria”, remataba Belarra, aludiendo indirectamente al fichaje del que fuera asesor de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por la Asociación de Promotores y Constructores de España (ACPE).
El socio minoritario de la coalición tampoco ha encajado bien la proposición de ley. De hecho, coincide en cierto modo con el análisis inicial de Podemos. Desde el entorno de Sumar ironizan en privado con una nueva iniciativa parlamentaria que pivota sobre incentivos fiscales para los tenedores de vivienda. La primera respuesta de los magentas, tanto en público como en privado, ha sido un ‘no’ rotundo. Sustentado también por el desmarque de sus socios de Gobierno con la ley para evitar el fraude del alquiler de temporada en la Mesa del Congreso. Los emisarios socialistas se opusieron a que continuase con su tramitación parlamentaria, pero Sumar se apoyó en los votos del Partido Popular para cerrar el plazo de enmiendas.
Los de Yolanda Díaz ven con buenos ojos la subida impositiva de los pisos turísticos para empresas como Airbnb o el encarecimiento de la vivienda vacía. También respaldan que se endurezca la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis). De aprobarse el texto del PSOE, éstas pasarían de tributar el 15% al 25%. De hecho, justifican su apoyo a estas iniciativas porque son suyas. El problema para los magentas radica, sobre todo, en las bonificaciones fiscales que contempla el texto porque no benefician al inquilino, sino al propietario.
El diputado de Compromís y también vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, Alberto Ibáñez, aglutinó las reticencias del Grupo Plurinacional a un plan que lo que hace -a su parecer- es “consagrar premios a los rentistas” con la condonación de unos impuestos “que si van a tener que pagar los inquilinos”. “No podemos estar de acuerdo, la fiscalidad debe ser justa y por tanto no puede ser que el PSOE intente que la gente que cobre un salario mínimo por currar pague impuestos y, en cambio, quiera otra vez volver a perdonar impuestos a los rentistas”, resumió el parlamentario valenciano. El modelo de Sumar, continuaba Ibáñez, no contempla el perdón impositivo al rentista, sino que orbita sobre “hinchar a impuestos” a quienes alquilan sus viviendas “por encima de lo que es justo”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno percutía este viernes en la “clara discrepancia” que profesan por la ley socialista. Díaz señalaba claramente que es un articulado a modo de “regalo fiscal” que el PSOE hace a los tenedores de viviendas porque extiende las deducciones en el IRPF. Además, agregaba el matiz de que no se pretende “gravar a las socimis” como al resto. “Tienen que tributar como hacen todos los españoles. Esta no es la corrección que hace el PSOE”, se quejaba la ministra de Trabajo y cabeza visible de Sumar en Moncloa.
Por tanto, el desacuerdo es hondo con el planteamiento de que los propietarios sean eximidos de la tributación del IRPF en un 100%. “No estamos de acuerdo en absoluto. La justicia empieza por arriba. Y no son a los que tienen 10 viviendas y ocho a los que tengamos que hacerle ese regalo fiscal. Por lo tanto, tenemos una discrepancia profunda”, recalcaba la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, que ponderaba positivamente la “buena dirección” de medidas como la subida del IVA al 21% de los pisos turísticos. No obstante, al hilo del debate sobre la vivienda, el socio minoritario urge al PSOE a que se tramite por la vía de urgencia la ley de alquileres de temporada porque, fiscalidad al margen, el escenario actual precisa “operar en el precio de la vivienda en nuestro país” y ello implica “bajar el precio” de la misma “con carácter inmediato”.
Rechazo de agentes sociales
Durante toda la legislatura y los años de Gobierno en coalición tanto con Sumar como con Podemos, Moncloa se ufanaba en buscar el consenso con los agentes sociales como patronal y sindicatos. En este sentido, no ha sido tanto así. O al menos ese es el sentir del actor secundario de esta obra: el Sindicato de Inquilinos. Mediante un durísimo comunicado, la organización señala directamente al PSOE, aludiendo a las “puertas giratorias” y una suerte de tejemaneje con la patronal inmobiliaria.
La ley, para el Sindicato de Inquilinos, es “envoltorio engañoso” en forma de subidas impositivas a pisos turísticos o vivienda vacía. Pero estas medidas contrastan con las “bonificaciones fiscales a rentistas en múltiples formas”. Entienden que esta maniobra provoca que “paguemos dos veces” con los alquileres y unos impuestos que acaban en “los bolsillos del sector inmobiliario”.
