En Málaga, encontrar una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos o mejor expresado, una misión imposible. Los alquileres no paran de subir, los jóvenes se ven obligados a compartir pisos hasta bien entrada la treintena, y las familias malagueñas viven con la incertidumbre de un mercado cada vez más hostil que expulsa a los malagueños de la capital no ya a ciudades limítrofes, sino a pueblo rurales a 50 kilómetros de la capital, donde además, comienzan a reflejarse también la subida los precios de la vivienda. En este panorama de asfixia habitacional, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha lanzado su última propuesta: minipisos de 35 metros cuadrados como antídoto al colapso del mercado residencial.
La respuesta no se ha hecho esperar. Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, no se trata de una solución, sino de “una nueva ocurrencia” que raya la indignidad. “Hablar de viviendas de 35 metros como solución al drama que vive Málaga es construir infraviviendas”, ha denunciado, subrayando que la propuesta no solo es insuficiente, sino “ineficaz y carente de toda sensibilidad social”.
Pérez recuerda que no es casual la situación actual. Según él, el propio alcalde es responsable directo del embudo habitacional por su inacción en políticas de vivienda pública y por haber tendido “la alfombra roja” durante años a la especulación inmobiliaria. “Durante más de una década no se ha promovido la construcción de vivienda de protección oficial, y mientras tanto los pisos turísticos —más de 30.000 entre los legales y los que operan al margen— han desplazado del mercado a miles de familias”, denuncia el líder socialista.
El grupo municipal socialista insiste en que Málaga necesita una estrategia valiente y coherente. “Esto no se arregla con ladrillo mal planificado ni con medidas de marketing político”, apunta Pérez. “Hace falta impulsar un parque público de viviendas en alquiler asequible, regular con firmeza el uso turístico del parque residencial y recuperar el urbanismo como herramienta al servicio del bien común, no de los intereses especulativos”.
Para Daniel Pérez, la crisis de vivienda que sacude Málaga es demasiado seria como para abordarla con soluciones de escaparate. “No se trata de hacer más pisos, sino de hacerlos con dignidad, con justicia social y con una visión a largo plazo que priorice el derecho a la vivienda frente al negocio fácil de unos pocos”, concluye.
