En aras de oxigenar la tensionada situación en la que se encuentra el mercado de la vivienda, con precios por las nubes y condiciones prácticamente inaccesibles para todos los bolsillos, los socialistas han presentado una hoja de ruta que busca revertir este escenario. El PSOE ha registrado este jueves una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para impulsar una batería de medidas que incluye, entre otras medidas, subir el IVA a los pisos turísticos al 21% o gravar aún más las casas vacías.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa, donde ha detallado que estas medidas, de carácter fiscal, buscan solventar la tensionada situación de la vivienda en España, que se ha convertido en los últimos tiempos en un problema de primer orden, especialmente para las generaciones jóvenes.
Este batería de medidas incluye un nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes en España, gravando así la compra de vivienda de este colectivo a través del impuesto para transmisiones patrimoniales.
De igual manera, se modifica la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de vivienda destinadas al alquiler a precio asequible, por lo que podrá quedar "nulo" según el porcentaje vivienda asequible que promuevan.
A su vez, se aplica la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF, pudiendo llegar al 100%, en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas para movilizar la vivienda a precios asequibles.
Sobre la mayor carga tributaria de la vivienda vacía, la tributación oscila entre el 1,1% y el 2%. Con esta dinámica, se establecerá una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
Con vistas a junio
En cuanto a la fecha en la que se prevé activar este paquete de medidas, la ministra de Vivienda ha indicado que el PSOE pretende aprovechar la "primera ocasión" que tenga en el cupo de iniciativas del Congreso, barajando así que pueda darse en la primera quincena del mes de junio.
"No estamos en tiempo de limitarnos a las regulaciones, porque en algunos casos debemos ir a la prohibición. No se trata de cosmética o maquillaje, sino que se precisa de contundencia", ha indicado al respecto.
Multas a las plataformas que incumplan
Bajo el mismo paraguas, los socialistas han situado el foco también en implantar multas de hasta 600.000 euros a plataformas online de compraventa y alquiler de vivienda, tales como Airbnb, si no ofrecen claramente datos de actividad y los números de registro de alojamientos que publicitan en sus páginas web.
En primera instancia, proponen que los contratos de temporada, por habitaciones y turísticos sean considerados de corta duración según establece el Reglamento europeo que versa sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de este tipo de alojamientos.
La idea con esta propuesta es, por un lado, que puedan ser registrados en la Ventanilla Única Digital que desarrolló Vivienda el pasado mes de enero; por otro, que estén sometidos a un régimen sancionador que establece multas muy graves, graves o leves.
Sobre las sanciones, en línea con el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy que ha pedido bloquear más de 65.000 anuncios de alquileres turísticos en las plataformas, las multas muy graves llegan hasta los 600.000 euros y prescriben a los tres años y se podrán imponer a las plataformas en línea que incumplan la normativa europea a la hora de publicitar alojamientos.
Los socialistas inciden a su vez en multas de entre 30.000 y 3.000 euros para estas plataformas y para aquellas personas que infrinjan la ley mediante contratos de corta duración. La cuantía de las sanciones podría incrementarse hasta en un 30% en función de la gravedad y la trascendencia del hecho, la reincidencia de la infracción, el beneficio económico obtenido por la misma, la capacidad económica de la persona infractora o que la persona arrendadora tenga la condición de gran tenedor.
Tope a los alquileres de temporada
A su vez, sobre cómo actuar ante la proliferación y control de los pisos turísticos y de temporada, los socialistas pretenden elevar hasta 12 meses el tiempo que debe durar el contrato de temporada, frente a los nueve fijados por sus socios parlamentarios -Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG-, con opción a prórroga.
Si la duración de un contrato excediera del año sin justificación vinculada a la duración de la causa temporal que lo motiva, o se encadenaran con la misma persona arrendataria más de dos contratos consecutivos sin justificación, el primero de ellos se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos.
En el caso de los alquileres turísticos, estos no excederían de los 31 días, es decir, el mes. Todos estos pisos deberán obtener un número de registro con carácter previo a su publicación en plataformas en línea, el número de registro se obtendrá a través del procedimiento que se determine reglamentariamente.
También buscan que se pueda aplicar la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada y que un nuevo contrato no pueda exceder de la última renta del contrato anterior en zonas de mercado tensionado. En el caso de arrendamientos de vivienda de temporada por habitaciones, la suma de las rentas de cada habitación no podrá superar los límites antes descritos para el conjunto de la vivienda.
