El Hemiciclo esperaba la comparecencia de Isabel Rodríguez como agua de mayo, máxime cuando se incrustaba en una vorágine del clamor callejero por el derecho a la vivienda. La crisis es considerable y la ministra del ramo apenas ha ofrecido respuesta a la misma más allá de contestaciones largoplacistas. Los grupos que sustentan a la coalición demandaban hechos o como mínimo un algo tangible a lo que aferrarse, pero la socialista ha dado la razón a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que era uno de los aliados del Gobierno que no esperaba “gran cosa” del paso de la ministra por el atril del Congreso de los Diputados.
Durante algo más de tres cuartos de hora, Rodríguez ha desplegado una férrea defensa de la Ley de Vivienda. Parapetada tras la herencia recibida, con aderezadas críticas a los teóricos de la “liberalización del suelo”, la ministra apenas ha aportado luz a la oscura crisis que azota a todo el país. Una demanda de sus aliados que ha caído en el ostracismo. Y es que en las horas previas a su comparecencia, desde diferentes resortes del bloque de la investidura se esperaba que llevara “medidas contundentes” porque buena parte de la legislatura se juega en el campo de la vivienda.
Poca sustancia
Ni rastro de iniciativas, más allá del eterno compromiso de “blindar el parque público de vivienda”. Una propuesta, dicho sea de paso, que el Tribunal Constitucional se encargó de tumbar. Y es que, tal y como admitía Rodríguez desde el atril, la Corte de garantías introdujo dentro el paraguas de la Constitución el grueso de la Ley de Vivienda. Sin embargo, bajó el pulgar al artículo 16 del articulado, que delimitaba el régimen de la vivienda protegida. La sentencia consideraba que la regulación “tiene un nivel de detalle excesivo”, profundizando en que el Estado no debe dictar normativas “con el único propósito de crear derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas en materia de la exclusiva competencia de estas”, como es el caso de la parcela de vivienda.
La ministra ha defendido que el Ejecutivo pivota sobre cinco ejes: recursos, destinando financiación a políticas de Vivienda; regulación, a través de la mencionada ley; fiscalidad; movilización de suelos públicos y protección del parque; y colaboración. Aparato locomotor no sólo del ministerio, sino del Gobierno en su conjunto, según apostillaba Rodríguez.
Un despliegue teórico para combatir las hipótesis que “no funcionaron” antaño como la “ley de la barra libre”, sobre la que se ha recreado la ministrado. Aprovechando los “errores” de la liberalización del suelo de principios de siglo, ha arremetido contra las comunidades conservadores, en especial contra Isabel Díaz Ayuso, a quien recordaba que la “cañas ganan elecciones, pero la barra libre no sirve para bajar el alquiler en Madrid”. Dardos a la región conservadora que se convertían en elogios hacia la Cataluña del president Salvador Illa, aunque fuera el Govern de Pere Aragonès el que iniciara la aplicación de la Ley de Vivienda en su territorio.
En este sentido, al margen de las constantes reivindicaciones a la Ley de Vivienda y las llamadas a la paciencia de la ciudadanía ante las “complejidades” del campo, ha ponderado las bondades de la operación Campamento. Rodríguez se ha comprometido que todas las viviendas de este plan se construirán en el “espacio que ocupaban cuarteles” en el barrio del suroeste de Madrid. “Serán 100% asequibles”, ha anunciado la ministra del ramo, al tiempo que repasaba algunas de las actuaciones del Ejecutivo como el índice de referencia de precios de alquiler, la moratoria hasta 2028 de unos desahucios que siguen produciéndose o la supresión de las Golden Visa.
Mucha palabra, poco hecho
La Vivienda produce un efecto separador entre el Gobierno y sus socios. La discrepancia es evidente y el discurso optimista, aunque consciente de las limitaciones del recetario en el corto plazo, no cuaja entre los diferentes grupos parlamentarios. Más allá de los exabruptos vertidos desde PP y Vox, que poco menos tachaban de “sectaria” la carpeta de vivienda del Ejecutivo, Sumar elevaba el tono tras asistir a una intervención que dista mucho de lo esperado.
Errejón advertía a la ministra en los prolegómenos de la comparecencia, extrapolando la vivienda como piedra de toque de la estabilidad de la legislatura. No fue el portavoz del Grupo Plurinacional el encargado de replicar a la ministra. Alberto Ibáñez se ha subido al atril para despertar a sus socios de gobierno del letargo. El diputado magenta insiste en la gravedad de la situación y ha instado a Rodríguez a que lo reconozca y que escuche a la calle. “Basta ya de parches”, exclamaba, mientras pedía la intervención del mercado del alquiler.
“Cierro los ojos y veo los brotes verdes de Zapatero, que no era capaz de reconocer que las cosas iban mal. En España no hay un problema de suelo, sino que el problema es que las casas están secuestradas para el turismo y la especulación”, resumía el parlamentario de Sumar. Un diagnóstico compartido con el resto de integrantes del bloque de la investidura. Desde EH Bildu, uno de los solicitantes de la comparecencia junto a ERC y BNG, profundizaba en este sentido e insistía en la “inacción” que se le imputa al Ejecutivo. “Sobran las palabras y faltan los hechos, determinación e intervención”, remachó.
En la sesión de control, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desplegaba toda la contundencia contra la ministra, a la que instaba a dejar a un lado las “frases motivacionales” y que ponga medidas encima de la mesa. Así, el republicano animaba a reorientar el debate hacia la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda vacía, deslizando incluso la herramienta de la expropiación para pisos turísticos y grandes fondos. “Hay que abordar la cuestión con rigor”, defendió.
Tono idéntico al que escenificó durante la comparecencia la dirigente de Podemos, Ione Belarra, quien abundó en su estrategia de confrontar con un PSOE cada vez más “virado a la derecha”. Así, los morados consideran que en Moncloa no son conscientes del “tsunami que viene” si no consigue amortiguar el precio del alquiler.
Las ‘viejas’ recetas de Ayuso
Por su parte, la derecha se aferraba al viejo mantra de construir para destensar el mercado. Una receta que la ministra ha rechazado en su intervención inicial y en su turno de réplica, vinculándolo al modelo que Ayuso quiere para Madrid y, por tanto, el PP ansía extrapolar a toda España. Sergio Sayas, encargado de confrontar con Rodríguez en la sesión, así lo hizo. “No se dan cuenta de que el mercado no lo podemos intervenir, que lo que hay que hacer es construir”, espetó, al tiempo que tiraba por tierra la Ley del Suelo que el Ejecutivo se vio obligado a retirar por falta de apoyos.
Carlos Hernández, diputado de Vox por Málaga, se ha mostrado más “moderado” al lado de Sayas, como se encargó de resaltar Rodríguez en su turno de réplica. Incluso le ‘agradeció’ su sensibilidad. Y es que el parlamentario ultraderechista se desligó del modelo de la derecha de la “globalización”, mientras ponía en cuarentena “la regulación que plantea la izquierda”. “No funcionan”, concluía, mientras censuraba el bono del alquiler de 250 euros que anunció el Gobierno y que, a la postre, supone un “bizum para los rentistas”.
Al margen del sarcasmo para contrarrestar el argumentario conservador, Rodríguez afeaba a la derecha el legado que dejó en materia de Vivienda tras Aznar y Rajoy. Sazonaba su réplica a los conservadores con dardos directo a un ausente Alberto Núñez Feijóo, cuestionando su liderazgo y supeditándolo a la palabra última de Díaz Ayuso. Por ello, resume, el Partido Popular oscila entre el diálogo y el insulto, pese a que se sientan “más cómodos” en el segundo. De hecho, argumentó que el “primero” que le pidió conversar fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
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