Este martes, el Consejo de Ministros desbloqueará la primera Ley de Representación Paritaria de la democracia española. Lo hará en segunda vuelta, algo más de dos meses después de que Pedro Sánchez la anunciara en las jornadas previas al 8M (Día Internacional de la Mujer) y tras pasar el anteproyecto por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo. Un texto que incorpora como novedad la presencia equilibrada de hombres y mujeres también en los órganos constitucionales del Estado. Así, el Ejecutivo culmina -o no- su batería de anuncios sociales orientados a jóvenes, jubilados y mujeres, que arrancó con las medidas destinadas a primeras viviendas el pasado mes de abril en Valencia.

El 28 de mayo hay mucho en juego. Las elecciones municipales y autonómicas se presentaban como una suerte de primera vuelta antes de las generales del próximo mes de diciembre. En el PSOE han sido plenamente conscientes de ello y, por supuesto, también en Moncloa. Ferraz diseñó una campaña quirúrgica con el fin de pelear hasta el último estertor por el concejal o diputado en liza en los territorios más apretados, que no son pocos. A ello hay que sumarle la pata institucional, personificada en un Pedro Sánchez que no ha ido a golpe de anuncio por mitin, pero casi. Precisamente sobre este resorte reposaba la otra parte de la estrategia socialista, cimentada en la gestión de estos años y en nuevos proyectos.

Pero no se trataban de medidas cualesquiera. El objetivo de la facción socialista del Ejecutivo era claro desde un primer momento y así lo escenificaron. Jóvenes, jubilados y mujeres. Tres pilares que en la residencia presidencial consideran cruciales en las próximas elecciones y a los que había que meter en la saca, a juzgar por la nueva oleada de votantes que se estrenan en estos comicios. La Ley Paritaria, la primera de la democracia, no es sino el culmen de una estrategia que arranca en Valencia, recién desbloqueadas las negociaciones por la Ley de Vivienda, con un rosario de anuncios en esta misma dirección.

Jóvenes y jubilados

Lo cierto es que estas tres patas han marcado en buena medida la legislatura en lo relativo a proyectos. A los primeros anuncios preelectorales destinados a los jóvenes, el Ejecutivo llegaba con el motor renovado gracias al aumento de la inversión en becas y la renovación del bono cultural. Impulsos que materializaba poco después, toda vez que la mayoría de la investidura colaboró para limpiar de telarañas la Ley de Vivienda e iniciar de una vez por todas el trámite parlamentario para convertir “un derecho constitucional” en uno “real”.

El PSOE confeccionó un programa marco municipal que orbita en su gran mayoría a la vivienda, descargando sobre los ayuntamientos la responsabilidad de “facilitar” el acceso a la vivienda; de tal modo que prevén ensanchar el parque público de vivienda de los consistorios con un “sistema público de precios de referencia”. No obstante, este último punto se integra en el marco regulador del texto de vivienda.

Y es que la vivienda es para los jóvenes uno de los principales problemas en la actualidad. El precio de los alquileres lleva al alza años, lo que impide el fácil acceso a una primera vivienda. Es precisamente en este asunto donde Moncloa ha percutido desde el minuto, desbloqueando unos 50.000 pisos de la Sareb -a los que añadió otros 43.000- a “precios asequibles”. Medidas que alcanzaron su cénit con los avales del ICO del 20% de la hipoteca para jóvenes y familias vulnerables.

Pero la cobertura a la juventud no se limitó al ladrillo, sino que ensanchó sus redes hasta el ocio. Sánchez, en los prolegómenos de la campaña, anunciaba un rosario de bonificaciones para el transporte a jóvenes de entre 18 y 30 años. Desde una financiación del 50% del Interrail, pasando por el descuento del 90% en los billetes de ida y vuelta en trenes de media distancia convencionales y un 50%, con un máximo de 30 euros, para las líneas de alta velocidad.

A partir de ahí, toda vez se ensanchara el paraguas social para los más jóvenes, el presidente del Gobierno subió la horquilla de edad hasta los pensionistas. Impulsado por la relativamente reciente reforma del sistema de pensiones, y en pleno acalorado debate sobre la inclusión de siete condenados por delitos de sangre en las listas municipales de EH Bildu, Sánchez se lanzó a por el voto de más de 65 años.

Desde Puertollano, Sánchez instó a hacer de la cultura “una política de Estado”. Palabras que hacían prever que algo se aproximaba. Así fue. Un nuevo anuncio se cernía sobre los presentes, pero esta vez, el destinatario era el jubilado. El jefe del Ejecutivo prometió subvencionar la entrada del cine a los mayores de 65 años para fijar el precio de esta en torno a unos 2 euros. El objetivo, según verbalizó el propio presidente del Gobierno, es el fomento de la cultura, pero también combatir “el sedentarismo” y recuperar el espacio que “cedimos” ante el Covid.

La mujer, el último bastión

El techo de cristal es y ha sido un problema endémico. No solo en España, en todo el planeta. Los límites impuestos a las mujeres van limándose paulatinamente, aunque en Moncloa entienden que aún queda trabajo por hacer. Por ello, este martes pondrán su granito de arena en la lucha por la igualdad de oportunidad con la primera Ley Paritaria de la historia de la democracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el pasado mes de marzo que el Consejo de Ministros aprobaría el anteproyecto de la Ley de Representación Paritaria, cuya razón de ser no es sino velar por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los principales órganos de decisión. Una medida que diseccionó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en los prolegómenos del 8 de Marzo.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, a las puertas de las elecciones, cuando el proyecto vea la luz definitiva. Lo hará en segunda vuelta, después de adicionar en el texto la obligatoria representación paritaria también en los órganos constitucionales, medida que no estaba en la primera versión. En este sentido, el Ejecutivo forzará la igualdad en instituciones como el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, no solo percuten entre el electorado femenino antes del 28M, sino que también arrebatan otra bandera a Podemos.

En defensa de la Sanidad

No obstante, en la estrategia de Ferraz y de Moncloa siempre hay hueco para enarbolar la defensa de la Sanidad Pública frente a una derecha “destructora”. Tras varios actos de campaña sin anuncios de relumbrón, Sánchez volvió a la carga el pasado fin de semana desde Valencia, una plaza crucial tanto para el PSOE como para el PP; pues delimitará las opciones de ambas fuerzas para este 28M y sentará los cimientos de lo que puedan ser las generales. Desde ahí, el jefe del Ejecutivo anunciaba una partida de 580 millones de euros que se destinarán a “robustecer” a una mermada Atención Primaria. “El mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas de la pandemia es reforzar la Sanidad Pública”, puntualizó el jefe del Ejecutivo.

Un día después, también con la sanidad como puntal, el presidente del Gobierno avanzaba que el Consejo de Ministros aprobaría este martes una inyección de 38,5 millones de euros para la salud mental. Desde Valladolid, respaldado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, Sánchez desgranó que de este total, unos 14,5 millones se encargarán de mejorar los equipamientos de los centros de salud. De esta manera, Moncloa responde al clamor que comporta hoy para la sociedad la protección de la salud mental.