Al no haberse introducido ninguna enmienda, el proyecto de ley por el derecho a la vivienda (sic) quedó aprobado el miércoles en el Senado definitivamente, sin necesidad de ser sometido a una segunda votación en el Congreso. La ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tal y como establece una de sus disposiciones finales, lo que se sucederá de forma inmediata.

A pesar de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra la ley, lo cierto es que nada evitará su aplicación, al menos en el medio plazo. Solo el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno de España hubiera producido efectos suspensivos (artículo 161 de la Constitución) y evitado temporalmente la aplicación de la norma. Por tanto, habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional dirima la cuestión, un Tribunal Constitucional que ha tardado trece años en emitir un fallo respecto de la ley del aborto del año 2010. Así que, salvo que PP triunfe en las próximas elecciones generales y decida derogarla, todo parece indicar que la ley formará parte de nuestro ordenamiento jurídico varios años.  

El mismo día en que el Pleno del Senado aprobó la ley, el CIS publicó un informe en el que aseguraba que el acceso a una vivienda, en propiedad o en alquiler, constituía la séptima preocupación de los españoles. Un 11,5% de los españoles refería la vivienda como uno de los problemas más acuciantes de nuestro país. Dicho así no parece mucho, pero el hecho es que a principios de año representaba solamente un 3,4%, es decir, ha habido un incremento de 8 puntos básicos en apenas cinco meses.

El incremento de este porcentaje se debe a múltiples factores: en primer lugar, la vivienda ha sido la protagonista del debate político las últimas semanas, con la promesa del gobierno socialista de aumentar el parque de vivienda social. Por otro lado, la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo ha aumentado el precio de las hipotecas de las familias españolas. Las hipotecas que se revisaron con el Euribor de marzo se encarecieron más del 50% (por no hablar de las dificultades de acceso al crédito que, debido a la nueva política monetaria, están encontrando los ciudadanos que van al banco a pedir una hipoteca). Por último, también hemos conocido estos meses noticias como que los alquileres consumen el 30% de los ingresos de la mayoría de españoles. Y que, en ciudades como Barcelona o Madrid, una vivienda en alquiler absorbe más del 50% de los ingresos de una familia.

En estas circunstancias, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación durante la tramitación de la ley de vivienda? Siendo justos, han corrido ríos de tinta hablando de esta norma. Primero, anunciaron hace año y medio que Podemos y PSOE se habían puesto de acuerdo para aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Después, llegó el silencio mediático; cuando el texto quedó olvidado en el cajón de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso. Cuando se reactivó la tramitación, la noticia fue, primero, que la coalición no se entendía a este respecto, que estaba malavenido, para más tarde informar de que ERC y Bildu habían llegado a un acuerdo con el gobierno para sacar adelante la ley. Pero ¿de qué han estado hablando realmente los medios?

Repasando la hemeroteca de este último año y medio, puede observarse que apenas ha habido información del contenido de la ley. Las publicaciones en los periódicos, las piezas de los telediarios y las tertulias de la radio han dejado de lado las medidas concretas y se han centrado en el proceso o, más bien, en las tensiones que ha generado la tramitación. Lejos del fondo, la ley solo era un campo de batalla, un contexto. Hemos estado más pendientes de las filias y fobias de nuestra clase política que del contenido de una ley llamada a mejorar la vida de millones de personas y que además podría resolver una preocupación de primer orden para la mayoría de españoles.

Es penoso que algunos medios hayan abdicado de la función de explicarle a los ciudadanos cuestiones trascendentes para su futuro. Si los medios tuvieran una función social, sería la de mantener a los ciudadanos informados acerca de actuaciones limitativas de derechos por parte de los poderes públicos; o acerca de la forma en que las instituciones quieren resolver un problema que amenaza los derechos sociales más básicos. En este caso la ley de vivienda restringe la propiedad privada (con mayor o menor justificación) y propone una solución a la grave crisis habitacional que atraviesa nuestro país.

Sin información contrastada y fiable, sin el ejercicio del periodismo -no solo libre sino- eficaz, no podemos ejercer uno de nuestros derechos más básicos (artículo 23.1 de la Constitución): dar nuestra opinión sobre la acción del gobierno y de nuestras Cortes Generales e influir, así, en el proceso legislativo, para que las élites políticas hagan una ley que realmente sirva al propósito que persigue: garantizar el acceso a la vivienda.

Los periodistas tenéis una responsabilidad: separar el grano de la paja; poner encima de la mesa de debate lo importante. Los políticos actuales igual que han venido se irán, pero todo parece indicar que la ley de vivienda podría estar aquí muchos años. Los medios deberían dedicar tiempo a explicar las medidas que adoptan las instituciones para resolver los problemas estructurales de nuestro país, preferiblemente antes de que las adopten. Los ciudadanos tienen el derecho a ser informados con objetividad de una propuesta legislativa que reconfigura sus derechos civiles y sociales para decidir si quieren defenderla u oponerse a ella.