Tras meses de arduas negociaciones entre los partidos que conforman la coalición y los socios del Gobierno, y mucha controversia de por medio, la Ley de Vivienda ya es una realidad. Este miércoles el Senado ha dado luz verde definitiva al texto del Gobierno, previo visto bueno del Congreso de los Diputados hace menos de 20 días y con polémica incluida por los pisos turísticos. Esta vez lo ha hecho sin modificaciones vía enmiendas que algunas de las formaciones de la oposición han elevado a la Cámara Alta, por lo que ya no tiene que pasar por ningún otro trámite parlamentario. Esto permite que esté lista para formar parte del Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por lo tanto, para entrar en vigor antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.

El Senado dice 'sí' a la Ley de Vivienda

Sin sorpresas, el Senado ha aprobado en el pleno de este miércoles el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Un articulado negociado entre el PSOE y Unidas Podemos con sus aliados, especialmente ERC y EH Bildu, que se ha tramitado por la vía de urgencia y que contempla, entre otras claves, el tope a la subida de los precios de los alquileres, la reducción del concepto de gran tenedor o la limitación de los gastos para los inquilinos, entre otras muchas cosas. También amplía la protección a las familias vulnerables ante los desahucios en pro de convertirse en la primera norma de carácter estatal que reconoce el derecho a un hogar de igual forma para todos los territorios del Estado español.

Así, el texto que salió del Congreso a finales del mes de abril ha llegado a la Cámara Alta sin modificaciones después de que la ponencia que se celebró la pasada semana no introdujese nuevas variaciones al documento y se rechazaran las seis propuestas de veto. Estas se suman a las 324 enmiendas recibidas y presentadas por diversas formaciones -como Más Madrid, PNV o Compromis-, que han sido debatidas durante pero no han salido adelante. Esto ha provocado las críticas de los grupos, que han denunciado que el plan de primera mano fuera aprobarla sin cambios. Así, el Senado ha dado luz verde definitiva al proyecto tras cerca de cuatro horas. Ahora esta tendrá que ser sancionada y promulgada por el rey Felipe VI para ser posteriormente publicada en el BOE. Al día siguiente ya entrará en vigor.

Lista para el 28-M

Tras salir el anteproyecto del Consejo de ministros en marzo de 2022, más de un año ha costado que la Ley de Vivienda sea una realidad. Además, esta llega en el momento justo de cara a los comicios autonómicos y municipales que se celebran en solo dos semanas, por lo que si ya se había convertido en un arma electoral para los firmantes ahora es un activo fundamental para poner contra las cuerdas a la oposición. Sobre todo cuando algunos dirigentes, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ya han amenazado con no cumplir el mandato de las instituciones parlamentarias en su región, dado que las competencias son autonómicas, y formaciones como Vox, el Partido Popular o el PNV han criticado duramente el articulado. Unos siguen apuntando a la invasión competencial y otros al "chantaje independentista".

Especialmente el Gobierno va a exprimir al máximo esta medida. Solo en los últimos meses han lanzado sendos anuncios que van desde la puesta a disposición de viviendas de la Sareb o la compra de suelos del Ministerio de Defensa para la construcción de alquileres asequibles hasta la línea de avales para la compra de inmuebles para los jóvenes. Todo para convertir la vivienda "en el quinto pilar del Estado del Bienestar". Algunas de estas propuestas, en contra del socio minoritario y de los aliados, que aunque celebran la idea ven un tinte electoralista en las palabras del presidente Pedro Sánchez. De hecho, uno de las principales piedras en el camino ha sido la petición in extremis de Unidas Podemos para impulsar el tope a los alquileres, que finalmente ha sido pospuesto. 

La líder morada, Ione Belarra, ha vuelto a advertir tanto del cumplimiento de la norma como de los avances. "Hoy se aprueba de forma definitiva la primera Ley de Vivienda en el Senado. Empezamos a hacer efectivo ese derecho que estaba recogido en la Constitución pero desde hace décadas no tenía una legislación que lo garantizara. Hoy no termina nada, a partir de ahora nos ponemos a trabajar sin descanso para que la ley se cumpla hasta la última coma en todo el territorio", ha sostenido en declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso, justo después de un movido pleno.

Claves del texto de Gobierno y socios

La columna vertebral de la ley de vivienda es ampliar "mejoras" para intentar frenar los efectos de la inflación y garantizar un "derecho" recogido en la Constitución. De hecho, extiende el control real de las rentas así como los términos del mercado de la vivienda. Así, establece un tope a las subidas de los alquileres que se mantendrá en el 2% para este año y en el 3% para el 2024 mientras para el 2025 irá relacionado a un nuevo índice que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pero que será siempre inferior a la evolución del IPC. Al mismo tiempo, también establece la definición de "gran tenedor", que en zonas tensionadas estarán marcadas en mínimo cinco y que deberán ir en relación a la renta.

En cuanto a desahucios, estos no podrán ser sin fecha ni hora predeterminada, al tiempo que se impulsan distintos incentivos fiscales para los pequeños propietarios y se incrementa el parque de vivienda protegida en alquiler en suelo urbanizable. Otra de las grandes mejoras pasa por la ampliación de los derechos de los inquilinos para que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble tengan que correr siempre a cargo del propietario, algo que hasta ahora únicamente era de cumplimiento para los grandes tenedores. Todo sin amparar a los okupas, como denuncia la derecha y la ultraderecha y ha sido refutado por el Ejecutivo y por los ciudadanos.