La recién desbloqueada Ley de Vivienda protagoniza un nuevo capítulo en la afrenta constante entre Moncloa y la Puerta del Sol. Los barones del Partido Popular ya han iniciado su ofensiva contra el articulado, negándose a aplicar una normativa que catalogan como un “chollo para los okupas”. Pese a que las competencias recaen sobre las autonomías, Pedro Sánchez y diversos ministros del Gabinete presidencial han advertido al Partido Popular de que cualquier texto que emane de las Cortes es de “obligatorio cumplimiento” y, por ende, acatarlo “no es optativo”. Desde Moncloa han avisado a los líderes regionales que el Estado tiene “mecanismos” para aplacar este acto de rebeldía, aunque no se ha especificado cuáles; pero sí han agitado el fantasma de la aplicación del 155 en Cataluña, cuando se cuestionó “la legitimidad de las instituciones”.
Como estaba previsto, el Congreso ha dado el visto bueno este jueves a la Ley de Vivienda, por 176 a 164. La aprobación llega 24 horas después de la dura advertencia del Gobierno a las autonomías bajo el control del Partido Popular. Los conservadores se declararon en rebeldía ante un articulado que catalogan como una “chapuza” y un “chollo para los okupas”, un argumento que, por otro lado, se desmorona al recurrir a los datos oficiales. El rechazo del PP, envuelto en iniciativas que orbitan sobre la “construcción” de más viviendas, dio alas a Pedro Sánchez para sugerir a sus adversarios que toda ley que emana de las Cortes es de obligatorio cumplimento.
“Ya pueden ir diciéndole a sus comunidades que cumplan la ley”. Así de contundente se expresó el jefe del Ejecutivo desde su escaño, amén de insistir al PP en acatar la legislación europea y parar el “atropello” a Doñana. Los conservadores han hecho caso omiso a Sánchez en ambas cuestiones. La cerrazón en torno al Parque Natural se ha instalado tanto en la Junta, como en Génova, incluso ha arraigado en el Partido Popular Europeo, en Bruselas. En materia de Vivienda, la formación que capitanea Alberto Núñez Feijóo también da la nota discordante, avivando la guerra entre administraciones.
Madrid no acatará
Por activa, por pasiva y por perifrástica, en público y en privado. La Comunidad de Madrid es una de las autonomías que ya ha avanzado que no implementará la Ley de Vivienda. Al menos no en su totalidad. Después de que el bloque de la investidura anunciara el acuerdo el pasado 14 de abril, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, salió al paso para catalogar el texto como “sectario” e “intervencionista”. La baronesa conservadora guarda bajo su manga la ley del suelo que pretende impulsar en la próxima legislatura y que contrapone a una normativa estatal a la que promete neutralizar. “Adoptaré todas las medidas jurídicas”, aseguró.
El argumento que esgrimen en el Partido Popular, incluyendo la propia presidenta madrileña, es que el articulado de la coalición “invade competencias”, dado que la vivienda está transferida a las autonomías. Altos cargos del Ejecutivo regional insisten en privado que la Ley de Vivienda “no se cumplirá” en la comunidad. No obstante, estas mismas fuentes aseguran que aún “hay que estudiar la ley” en profundidad antes de adoptar una decisión final.
En cualquier caso, en Sol no están por la labor -y así lo admiten sin tapujos- de no prestar batalla en esta cuestión e incluso se piensa en el recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde el entorno de la jefa del Ejecutivo trasladan a ElPlural.com que lo que “invada competencias” no se acatará y tampoco callarán ante los aspectos que les resulten reprobables. “Criticaremos lo que no nos guste”, avanzan estas voces, aunque admiten que habrá ciertos aspectos del texto que sí están obligados a implementar.
Montero recuerda el 155
Entre tanto, en el Gobierno mantienen el pulso a Ayuso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiró de las orejas al Ejecutivo madrileño en las horas previas a la votación del articulado. La también portavoz socialista ha recalcado que cumplir la Ley de Vivienda no es una cuestión “optativa”, al tiempo que deslizaba que el Estado “siempre” tiene mecanismos para velar por el acatamiento de las leyes.
Montero, en los pasillos del Congreso, ha deslizado que cada autonomía es “libre” de presentar los recursos judiciales que desee contra el articulado. Es más, ha recordado que incluso tienen un cierto margen a la hora de aplicar según qué preceptos del texto, aunque matizaba que en su conjunto ha de cumplirse. En caso contrario, el Estado tiene a su disposición “todos los recursos” para hacer cumplir con la legalidad.
De hecho, la ministra de Hacienda ha evocado el recuerdo de Cataluña en 2017 como paradigma de los mecanismos estatales para velar por el ordenamiento jurídico. “Cuando se pone en cuestión la legitimidad de las instituciones ya saben ustedes lo que ocurre”, ha deslizado la portavoz del PSOE. Un dardo que desdeñan desde Sol y al que tampoco dudan en responder: “No somos secesionistas”. Declaraciones que aliñan el perenne enfrentamiento de Ayuso con Sánchez, maximizado en los prolegómenos de las elecciones.
