La empresa ultraderechista y violenta Desokupa, que entre sus filas cuenta con varios condenados por coacción, lesiones y homicidio, llegaba este jueves a Barcelona. Aupada por Vox y por las tertulias mañaneras que deben dar cuentas a sus anunciantes, el grupo violento liderado por Daniel Esteve, que reconoció en 2021 haber explotado a sus trabajadores para pactar con sus demandantes y evitar el juicio, convocaba una manifestación contra una supuesta okupación lesiva para el barrio de Bonanova. Disfraces de romano, vítores de “a por ellos”, insultos contra Ada Colau y la presencia de reputados extremistas de toda España marcaban la delirante marcha.
Enfrente, los vecinos de Barcelona, poco dispuestos a aceptar la maniobra electoralista y falsa de la extrema derecha, respondían con una manifestación en solidaridad con el barrio. "Se ha perdido el respeto a la policía", lamentaba el cabecilla de Desokupa hace tres semanas. La jornada se saldó con 12 detenidos de la parte delirante por desacato a la autoridad. El bulo de la okupación vertido habitualmente por la derecha española y su brazo mediático se ha intensificado con la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, a pesar de su inconsistencia estadística.
El argumento es que el principal problema de la ciudadanía barcelonesa son dos edificios okupados, El Kubo y La Ruina, desde hace siete años y cuatro años, respectivamente, y cuya finalidad es la organización de actividades sociales y lúdicas para el conjunto del barrio. Edificios de oficinas de la SAREB, el banco malo, cuya okupación nunca ha molestado a los vecinos. “Hasta hace unas semanas no había manifestaciones ni me había enterado de que había okupas”, “nunca he tenido sensación de miedo”, “hasta ahora no había habido ningún incidente” o “simplemente es porque hay elecciones” son algunas de las declaraciones que los vecinos han realizado al medio catalán Betevé, lamentando que se utilice su barrio como circo de campaña.
El Kubo y La Ruina
No existe ningún problema de convivencia en la Bonanova o por lo menos no existía hasta que pisaron sus calles unos pocos nostálgicos, como gustan en llamarse. “Tan solo quieren rascar algunos votos”, ha lamentado Josep Maria López Ciuré, presidente de la asociación de vecinos del barrio, funcionando como altavoz del sentir del barrio. Siete años de convivencia, autogestión y simbiosis en el barrio han intentado ser perturbados por la pretensión de la ultraderecha, con la connivencia de los moderados, de rascar cuatro votos. Se irán pasado el 28 de mayo y no volverán a pisar el barrio, ni ningún otro, hasta la siguiente cita electoral.
Por el contrario, El Kubo y La Ruina continuarán organizando actividades educativas y culturales, colaborando en la paralización de desahucios y participando de las demandas vecinales, como llevan haciendo desde hace más de seis años. Por lo menos hasta que la policía y la judicatura lo permitan. El argumentario falso de la okupación, magnificado durante las últimas semanas, requería de una representación hiperbólica que, a modo de caballo de Troya, introdujese a la peor calaña ultraderechista en los barrios. Bonanova ha sido la localización que ha sufrido la batalla quijotesca retransmitida por televisión.
El cuento okupa desmentido por los datos
Por muchos que el cuento sobre el incremento de la okupación sea representado por los mejores trovadores del reino, los datos no pueden falsearse y, como en otras muchas ocasiones, vuelven a quitarle la razón a los constructores del relato. Según los datos del Ministerio del Interior, la suma de allanamientos de morada (vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional) y usurpación (abandonadas, vacías en venta, para alquiler o propiedad de bancos y otras entidades) registrados en 2021 fue de 17.274 y en 2022 de 16.726 (la cifra crece anualmente desde 2016). Un descenso del 3,2% entre ambos años.
No existe diferenciación entre ambos delitos en las cifras totales, ni ninguna tipificación concreta que haga referencia a la ‘okupación’, pero cabe destacar que el allanamiento de morada está penado con entre seis meses y dos años de cárcel y se contempla un desahucio cautelar (inmediato), por lo que no pueden ser considerados estos delitos una okupación (de hecho incluye robos y demás entradas en domicilios ajenos sin permiso que no tengan que ver con la intención de quedarse). Usurpación también supone la ocupación sin autorización del titular de un bien inmueble, con la gran diferencia de que, en este caso, el inmueble no puede constituir morada, la clave de la diferencia.
Por el contrario, según la base de datos del CGPJ, en 2021 se produjeron 41.359 desahucios, 10.103 de ellos por impago de la hipoteca, 28.993 por impago del alquiler y 2.263 por otras causas (entre las que se incluyen la okupación ilegal del inmueble, motivos de herencia o enfrentamientos familiares, entre otras); datos que se reproducen en 2022, con 38.269 desahucios totales (8.511 por impagos hipotecarios, 27.531 por impago del alquiler y 2.227 por otras causas).
79.628 personas fueron expulsadas a la calle, desprovistas de hogar y alternativa durante estos dos años, pero con la deuda vigente. 109 desahucios al día, 109 familias en la calle. Una ola de desahucios que multiplica por más de dos la pantomima de la okupación, incluso contando con los datos más elevados e interesados construidos, ya que no existen datos de esta práctica concreta. Denunciar la especulación inmobiliaria y la condena de familias al más estricto olvido no vende alarmas ni da votos. Tendremos que esperar a las próximas elecciones.
