Hace ahora justo un año, el 19 de octubre de 2020, Pablo Casado presentaba su proposición no de ley “para reforzar la independencia judicial” y “despolitizar” la formación del Consejo General del Poder Judicial.

Hace cuatro días, el 18 de octubre de 2021, Pablo Casado defendía ante Carlos Alsina, en Onda Cero, que había que “avanzar en la despolitización” y rechazaba que “gente que acaba de dejar su cargo político se meta en el Constitucional”.

Parecía que el Partido Popular había encontrado una veta creíble que machacar de cara a su intención de mantener el Consejo General del Poder Judicial bloqueado con la actual mayoría conservadora durante otros 1.000 días o los que hicieran falta. Pero el reciente pacto para renovar los cargos caducados en el Tribunal Constitucional ha hecho saltar por los aires la argumentación de los populares.

Si uno repasa los tribunales y despachos de abogados de España, pocos miembros más politizados en la carrera judicial quedaban que Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, los elegidos por el PP. Especialmente, toda vez que Enrique López, el juez-consejero de Ayuso y Casado ya tuvo que dejar ese mismo cargo el Tribunal Constitucional al ser pillado al volante en estado de embriaguez. Un tropiezo etílico castigado por el Código Penal y para cuya defensa eligió como abogado al mismísimo Enrique Arnaldo.

Cuando Casado decía que no se podría elegir a un político que acabase de dejar su cargo para el Constitucional, todo indica que se estaba preparando para vetar al último ministro de Justicia, el juez Juan Carlos Campo. Era el enésimo veto que imponía el PP, después de haber echado por tierra en el último segundo el anterior intento de pacto para el CGPJ, cuando consideró inaceptable que entrase al gobierno de los jueces la magistrada-diputada de Unidas Podemos, Victoría Rosell, y, sobre todo, al juez Enrique de Prada porque fue uno de los tres togados que firmó la condena al PP en el primer juicio de Gürtel.

Por eso sorprende que el PSOE sí haya aceptado que el PP le imponga a la jueza que fue apartada de cualquier causa de Gürtel por su declarada amistad con Génova en general y con María Dolores de Cospedal en particular. O que se designe a Arnaldo, quien tiene en su haber más de 150 colaboraciones (habrá que ver a cuánto asciende el montante pecuniario) con la FAES de Aznar, precisamente el argumento que sirvió para también recusar y apartar a Enrique López de acercarse a menos de 100 metros de las piezas de Gürtel.

Aunque los partidos que se quedan fuera del cambalache de cargos suelen tacharlo de “cambio de cromos”, no son pocas las veces que el PSOE ha sufrido más bien el timo de la estampita. En bloqueos del Poder Judicial cuando no están en el poder, el PP tiene un máster, incluso antes de que lo presidiese Pablo Casado. Y cuando la izquierda tiene el poder o la derecha no lo acapara absolutamente, las direcciones de RTVE y Telemadrid han sido fruto de consensos, para volver al impongo y mando en cuanto la derecha ha recuperado la hegemonía.

Las dos ¿jugadas maestras?

No obstante, existen dos posibilidades que demuestren que, para sorpresa del personal, lo del PSOE ha sido una jugada maestra que nadie ha sabido ver. Por un lado, con la designación de tan polémicos y politizados candidatos, el PSOE desactiva a su rival. El PP ha bloqueado el CGPJ con la coartada de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, de Bildu y hasta de los indultos. Pero su mejor baza hasta ahora era la despolitización de la Justicia, que ahora se desmorona como un castillo de naipes. Tras elegir a Concepción Espejel (Concha para los amigos) y a Arnaldo, no hay informe GRECO que dé credibilidad a Pablo Casado, por mucho que este viernes el líder del PP intentase vender que el acuerdo era un avance en “la despolitización” de las instituciones.       

Por otra parte, el PSOE podría haber muñido un jaque mate a pesar de que Iván Redondo se haya llevado las piezas del ajedrez de Moncloa. Si Concepción Espejel ya ha sido recusada antes por su cercanía al PP y Enrique Arnaldo tiene el mismo curriculum FAES que sirvió para apartar a Enrique López, la izquierda podría intentar desactivar a ambos en el Tribunal Constitucional ante cualquier recurso que presente el PP o que le afecte. De esa manera, la mayoría de 7 a 5 de los conservadores quedaría en un empate de fuerzas, y sumado a que Concepción Espejel se postula como presidenta del TC, también se perdería el voto de calidad que desempata y que pasaría a ser del vicepresidente/a, en teoría, progresista.

Pero ya se sabe que la navaja de Ockham dicta que “la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Y es más fácil de creer que García Egea y Casado se han enroscado la boina a lo Toni Leblanc y Antonio Ozores y le han colado al PSOE un sobre lleno de estampitas en blanco. Veremos.