“No adelantamos el sentido del voto”. Con estas palabras, desde Génova aún no despejan la incógnita sobre una de las cuestiones parlamentarias que se ciñen sobre el Gobierno central: la cuestión de confianza de Pedro Sánchez impulsada por Junts.
La iniciativa de los neoconvergentes ha sufrido en los últimos días un cambio sustancial después de su pacto con el Ejecutivo central conforme al decreto ómnibus. El pasado 9 de diciembre, la PNL que presentaron en el Congreso de los Diputados instaba al jefe del Ejecutivo central a “plantear una cuestión de confianza” pero, según los letrados de la Cámara Baja, estas propuestas “se conciben, a partir de la previsión contenida en el artículo 111.2 de la Constitución, como manifestaciones de posición de la Cámara o, según el artículo 193 del Reglamento, como propuestas de resolución que, como se verá, carecen de efectos jurídicos”. Por ello, y tras las sendas negociaciones, Junts rebajó la redacción de la iniciativa matizando que ésta no tiene efectos jurídicos, por lo que la última palabra radica en Sánchez en clave de “oportunidad”.
Ante este escenario, y teniendo como telón de fondo el escudo social del Gobierno, al que primero el Partido Popular se opuso fervientemente y, en cuestión de días, lo han avalado, ahora, concretamente sobre la cuestión de confianza, han dejado en claro que aún no desvelarán la intención de su voto, a favor o en contra, debido a que esperan celebrar próximamente un debate interno para discutirlo.
A la espera de conocer la decisión final, el principal partido de la oposición vislumbra esta cuestión como un punto más de confrontación con el mando de Moncloa: “Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso pueda votar una moción de confianza”, dijo entonces Alberto Núñez Feijóo cuando el propio Sánchez descartó este escenario, aunque posteriormente los de Génova se mostraron sorpresivos con la mano tendida de Moncloa sobre esta medida a Junts en el marco de las negociaciones.
El PP, del ‘no’ rotundo al decreto del Gobierno al ‘sí’ por las pensiones
Han bastado escasos días para que los populares cambien de parecer con respecto al decreto ómnibus que hicieron decaer, en connivencia con Junts y Vox, en la votación del Congreso. Como bien es sabido, el escudo social incluía la revalorización de las pensiones, la bonificación al transporte público o las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia, entre otras cuestiones, y fue por el primero de estos puntos por el que desde Génova han venido cargando contra el Gobierno y, finalmente, han cedido.
Los de Núñez Feijóo anunciaron este miércoles su voto a favor al nuevo decreto que impulsará el Ejecutivo central pactado con los neoconvergentes y, pese a que incluye estas medidas, también recoge el palacete de París para el PNV, uno de los frentes de mayor confrontación para los populares.
"Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a descuentos en el transporte. No a la mentira. No al chantaje. No a este Gobierno", dejaron en claro. Pese a sus sendas críticas en clave de oposición, que pasan por decir que el nuevo decreto “acredita que el Gobierno mintió cuando dijo que no se podían trocear medidas” y señalando que están “al dictado del independentismo”, votarán en clave positiva.
En cuanto a la elaboración de este cambio de postura, la dirección de Génova dijo que valoró qué cuestión suponía más rentabilidad a los españoles, o bien las ayudas directas o entregar la titularidad de un inmueble al PNV: “El palacete se olvida, pero las pensiones, no”, reiteraron.
Sánchez decidirá sobre su cuestión de confianza
Volviendo al punto de debate, la cuestión de confianza impulsada por Junts, será Sánchez el que decida sobre esta medida. Tal y como se vino respaldando en la nueva redacción de la iniciativa por la recomendación de la Mesa del Congreso a los neoconvergentes, el tono de Junts se tornó más descafeinado al efectuar que ésta medida sólo es en clave política, que no jurídica, al no ser vinculante la PNL, para el presidente del Gobierno, Por ende, no está en obligación de cumplirla, lo que radica así como una mera “propuesta” enmarcada en el Parlamento.
Lo que no modifican los de Carles Puigdemont es la exposición de motivos, en la que continúan insistiendo que no ven voluntad política en Sánchez para cumplir los acuerdos y que, con esa dinámica, "no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura", aunque esta ristra de razones no se somete a votación alguna.
Con este telón de fondo, se espera que la Mesa del Congreso admita a trámite el texto la próxima semana con el fin de que los catalanes independentistas puedan llevar al pleno a finales de febrero. Por su parte, fuentes de Moncloa vinieron matizando, a su vez, que la cuestión de confianza supone, a efectos prácticos, “un debate” que no es tampoco vinculante.
