El cruce de acusaciones por corrupción se ha incrementado a colación de la trama por el cobro de comisiones ilegales protagonizada por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a quien el PSOE ya ha dado 24 horas para que dimita de forma ejemplar. Un caso que Génova utiliza para pedir la dimisión del actual diputado socialista, a quien le piden la dimisión de forma ejemplar, pero ¿qué pasa con los dirigentes del PP imputados que Feijóo introdujo en las listas de las elecciones municipales y autonómicas?
ElPlural.com ya hizo un barrido por las listas del PP para mostrar a sus lectores el número de personas imputadas dentro del PP que concurrieron a las elecciones del pasado 28 de mayo. Un repóker de cargos imputados, entonces, que provocaban que el PP incumpliese sus estatutos protegiéndolos y dejándolos volver a presentarse y tener la oportunidad de ostentar cargo público.
Los casos del PP
Uno de ellos es Alfonso Centeno Trigos, investigado por el caso Meseta Ski. El popular lleva más de 20 años al frente del Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid) -volvió a ser elegido en mayo- y debería haber haber sido suspendido de militancia del Partido Popular en octubre de 2022, cuando se inició su periplo judicial. Además de no apartarlo, como mandan los estatutos del PP, Feijóo no dudo en permitir que Centeno repitiese como candidato a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo con las bendiciones del partido.
Otro ilustre dentro de las filas del municipalismo del PP es Xavier García Albiol, a quien, en el momento de confeccionar las listas municipales, el juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) enviaba a juicio por permitir, presuntamente, la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana. De esta forma Feijóo permitía la reelección de García Albiol en la Alcaldía de Badalona pese a estar imputado como presunto autor de un delito continuado de prevaricación y otro de prevaricación ambiental y urbanística -la Fiscalía reclamaba el 9 de marzo de 2023 dos años y diez meses de cárcel y diez de inhabilitación para Albiol por estos delitos-.
El tercero en la lista de los entonces alcaldables imputados del PP es el alcalde de Orihuela, José Vegara. Tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com, Feijóo permitió su reelección saltándose los estatutos estando no solo procesados, sino con una petición de la Fiscalía de siete años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública -uno de fraude de IVA (3 años) y otro de fraude del impuesto de sociedades (4 años)-.
Otro de los que conforman el repóker de imputados que se presentaron en listas, con el beneplácito de Feijóo, fue Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, ya imputado en el momento de confección de las listas por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general de la institución que preside.
El caso que persigue a Marí se remonta a junio del 2020, en plena pandemia por la Covid-19, cuando Vicent Marí adjudicó por 250.000 euros un contrato para la grabación de un vídeo de promoción turística de Ibiza titulado “La vida ‘islados’”. El contrato para la filmación y promoción del vídeo se adjudicó por el trámite de emergencia, sin concurso público ni publicidad, a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L., cuya administradora era una exconcejala del PP en el primero de los tres mandatos en los que Vicent Marí fue alcalde del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu, el segundo más importante de la isla.
La quinta persona perseguida por la Justicia y presentada, pese a todo, a la reelección -no tuvo fortuna y perdió el Ayuntamiento- es María del Carmen Jover, quien, de forma previa a la convocatoria de elecciones, había declarado como imputada en una causa abierta contra ella por malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude.
Aunque entre los nombres que opositaron para ocupar alcaldía aparecen otros que ganaron las eleeciones autonómicas y/o municipales. Es el caso de Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso y que revalidaría el mandato en plena investigación judicial por supuesta corrupción política y por, presuntamente, cobrar de un empresario. Saldría elegida, pero dejaría voluntariamente su puesto como edil primera de Arroyomolinos para dar el salto a la Asamblea de Madrid.
Al margen de las imputaciones: de Marbella a Valencia
Más allá de las imputaciones, otros nombres sobrevuelas en los despachos de Génova,13 por presuntas actividades ilícitas que, pese a no salpicarles en forma de imputación, manchan su nombre y cuentan con la defensa del presidente de los populares. La más destacada es Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, cuyo hijastro está siendo investigado por una trama de narcotráfico por la que la Fiscalía le reclamó, hace apenas dos semanas, 22 años de cárcel por su papel de protagonismo y liderazgo de la operación.
Joakim Peter Broberg está acusado de integrar una delegación de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol participando activamente en el tráfico de hachís y poniendo sus sociedades al servicio del blanqueo de las ganancias obtenidas. El Ministerio Público pretende que el tribunal le condene a 11 años de cárcel por un delito contra la salud pública “relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud” que habría sido cometido “en el seno de una organización” en la que Joakim Broberg desempeñaría las funciones de “jefatura”. Además, Antidroga también le imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita una condena de 7 años y otro de cohecho, por el que le pide cuatro.
También bajo investigación está el caso del actual alcalde de La Nucía (Alicante) y candidato a revalidar el puesto, Bernabé Cano, quien supuestamente le pegó a un niño menor de edad y lo amenazó de muerte diciéndole lindezas como que lo iba a enterrar en un bancal. Antes de ello, Bernabé Cano ya había sido denunciado por presuntamente saltarse el turno de vacunación, aunque finalmente la Justicia lo absolvió.
Pendiente de juicio, también altera la normalidad del PP, concretamente en Castilla y León, el inicio del juicio que investigará el macroproceso de corrupción política y económica Perla Negra, que sienta en el banquillo a 12 encausados, dos de ellos exviceconsejeros del Gobierno autonómico.
Igual que alteró la práctica habitual la estancia de Alberto Casero en el Congreso de los Diputados hasta marzo de 2023. Casero no repitió en listas a las generales, pero, con el visto bueno de Feijóo, mantuvo su escaño durante un año desde que el 31 de marzo de 2023, como informó en exclusiva ElPlural.com, el Supremo le abrió causa por contratos irregulares durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).
