En vísperas de la sesión inicial del juicio del Caso Perla Negra, el primer macroproceso de corrupción política y económica en la historia de Castilla y León —gobernada desde hace 37 años por el Partido Popular—, que sienta en el banquillo a 12 encausados, dos de ellos exviceconsejeros del Gobierno autonómico, el líder socialista, Luis Tudanca, apunta al actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y a su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, por la adjudicación de un Fondo millonario a un investigado por corrupción, uno de los acusados de la trama que se enfrentan el lunes a la justicia.

Concretamente, la adjudicataria del Fondo ICE Eficiencia Energética adjudicado por el Instituto para la Competitividad Empresarial que preside Carriedo y al que la Junta aporta 15 millones de euros ampliables a 30 procedentes de fondos europeos es la empresa de Francisco Armero, ex cargo autonómico para quien la Fiscalía pide penas de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación por revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011.

Sólo se presentó una empresa

A la convocatoria, aprobada en marzo de 2023, sólo se presentó una empresa, Clave Mayor S.A., precisamente la de Armero. El objetivo era captar más recursos financieros privados (un mínimo de 50 millones de euros y hasta 100) y, según la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León que ha repasado el PSOE, los requisitos para adjudicar el fondo, que Tudanca califica de “curiosos”, incluyen que no se exige inversión privada asegurada para adjudicar el contrato, pero sí la experiencia acreditada haber participado en un fondo de capital riesgo similar.

Se da la circunstancia, subraya el secretario general socialista, de que Clave Mayor no había gestionado uno, sino seis fondos similares, uno de ellos, también “curiosamente”, de la Junta de Castilla y León (Seguranza FCR), en 2008.

Tudanca afirma que Seguranza FCR, en manos de la firma de Armero,  gestionó 11 empresas de las que sólo dos lograron beneficios, con unas pérdidas acumuladas de 25 millones de euros.

“¿Cuánto cobró, sin embargo, Clave Mayor S.A. por costes de gestión?”, se pregunta el portavoz socialista, y se responde a sí mismo: Los beneficios para la empresa del acusado de la Perla Negra fueron 3,6 millones, de forma que, concluye, “La empresa Clave Mayor S.A. ganó dinero y Castilla y León no”. Actualmente, Seguranza FCR se encuentra en liquidación y desinversión.

Dinero público a un presunto corrupto

Tudanca sospecha que “esta fórmula de gestión de un fondo capital riesgo, que finaliza con beneficios para la gestora de turno y pérdidas para la Administración autonómica se pueda repetir ahora con el Fondo ICE. Es el mismo modus operandi, la misma empresa gestora y, además, ahora, como director de este fondo figura Francisco Armero Gutiérrez”.

Pero la historia tiene aún más recovecos. ¿Qué órgano de la Junta debía supervisar la gestión de aquel fondo del año 2008?, se pregunta de nuevo Tudanca. Pues bien, señala, la supervisión correspondía a ADE-Gesturcal, una de las que el PSOE viene denominando “sospechosos habituales de la gestión en B de la Junta de Castilla y León”, de la que, precisamente, era director financiero en 2008 el propio Francisco Armero.

De hecho, Armero aterrizó a Clave Mayor cuando fue cesado de Gesturcal por su implicación en los casos Perla Negra y Polígono de Portillo que llegan ahora a los tribunales, después de más de una década de instrucción, con doce acusados en total y peticiones de penas que suman más de 220 años de prisión.

Tudanca califica todo ello de “intolerable” y exige la comparecencia en las Cortes de Mañueco y Carriedo para “dar explicaciones” sobre esta adjudicación a un “presunto corrupto”. “No tienen propósito de enmienda ni la menor intención de dejar de manchar el nombre de esta tierra”.

¿Qué se le imputa?

A Francisco Armero, que gestionará, al menos, 15 millones de euros de los fondos europeos adjudicados por la Junta, se le imputa haber dado luz verde al pago de 4,4 millones por el amueblamiento del edificio Perla Negra, que la junta alquiló primero y compró después, y que es el epicentro de una operación ruinosa que empezará a desmenuzarse a partir del lunes.

Ese importe pagado por las arcas públicas autonómicas, se lo llevó la empresa UNIFICA, continúa Tudanca, “la misma que había reformado en B la sede del PP en Madrid, en la calle Génova y que aparece en los papeles de Bárcenas”.

Francisco Armero Gutiérrez, además, participó supuestamente, en los contactos directos con Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba para la compra de terrenos en ese municipio vallisoletano con el fin de crear un parque industrial que, finalmente, no se llevó a término, pese al desembolso de 33,7 millones por parte del Gobierno autonómico.

“Ahí debe buscar Gallardo los delincuentes”

Tudanca ha concluido instando al vicepresidente del Gobierno de Mañueco y al propio Mañueco a que busquen delincuentes en el seno de la Junta, en lugar de entre el colectivo inmigrante, en referencia a las últimas “intolerables” declaraciones del vicepresidente Juan García-Gallardo en las que volvió a vincular inmigración y delincuencia, atacando además a onegés como ACCEM y Cruz Roja.

“No es en el colectivo inmigrante donde debe buscar, ni en Cruz Roja ni en ACCEM, sino en el Gobierno de Castilla y León del Partido Popular, que estadísticamente es el colectivo con mayor número de delincuentes en los últimos años”, lanzó.

“Como si esto fuera una serie de Netflix, cuando se está estrenando la primera temporada de la Perla Negra, el Partido Popular ya está rodando la segunda”, ironizó.