La derecha y sus (muchos) medios afines lo tienen claro: sí o sí, Sánchez debe dimitir, aunque no haya por ahora indicio alguno de que conociera o consintiera las andanzas corruptas de Cerdán y compañía; no tuvieron tan claro que Rajoy debiera haber hecho lo mismo cuando estalló el caso Bárcenas y se conocieron en detalle los sobresueldos que, sin vergüenza ni pudor, cobraba un buen puñado de altos cargos del PP, entre ellos el propio M. Rajoy.

Recocidas en el caldo del resentimiento tras la decepción sufrida en las legislativas del verano de 2023, las derechas han sobreactuado tanto durante todos estos años a cuenta de maldades sanchistas que en realidad eran poco más que meros pecados propios de todo ejercicio convencional del poder, que ahora que el pecado cometido en el corazón mismo del partido es verdaderamente mortal, y el caso Ábalos-Koldo-Cerdán sin duda lo es, a los enemigos de Sánchez no se les ocurre ya ningún castigo que haga justicia a las fechorías desveladas por la Guardia Civil. Pero tampoco hace falta que se les ocurra: el ladronicio de los dos secretarios de Organización del PSOE es tan escandaloso y tan obsceno que la derecha podrá descansar por fin de ese prolongado ejercicio de sobreactuación dramática que viene practicando desde hace dos años y que amenazaba con dejarla exhausta, pues, salvo que seas Isabel Díaz Ayuso, sobreactuar también cansa. 

La legítima pero no siempre leal oposición encabezada por el Partido Popular, atizada por Vox, secundada por Podemos y auxiliada por Felipe González y Emiliano García Page no acierta a imaginar qué nueva pena máxima cabría aplicar por el caso Cerdán después de haber pedido todas las penas máximas imaginables desde que el Perro autócrata y su jauría de lobos separatistas se hicieron ilegítimamente con el mando de todas las Españas.

Qué hacer

La izquierda y sus (pocos) medios afines coinciden en que no es suficiente con pedir perdón media docena larga de veces y encargar una auditoría externa de las cuentas del PSOE: reclaman que Sánchez asuma sus responsabilidades políticas por lo sucedido, si bien pocas de estas voces críticas tienen claro en qué debería consistir exactamente tal asunción de responsabilidades, pues entre el modesto paquete perdón-auditoría-perdón expedido por vía de urgencia el pasado jueves por Sánchez desde Ferraz y el paquete dimisión-convocatoria de elecciones exigido por la derecha no quedan muchas opciones de materializar esa responsabilidad política que, no sin razón, se le pide al presidente.

Además de chequear con urgencia los ministerios que licitan obra pública para identificar de una maldita vez los ángulos ciegos en los que campa a sus anchas la codicia de los sinvergüenzas, la única opción viable aunque arriesgada del presidente para salir del hoyo cavado por sus secretarios de Organización sería someterse a una moción de confianza en el Congreso de los Diputados, pues solo así, y eso en el mejor de los casos, podría Sánchez recomponer un traje de presidente cuyos visibles rotos, lamparones y descosidos a cuenta del huracán Cerdán le avergüenzan a él no menos de lo que importunan a sus aliados.

Es probable que el presidente tenga en mente esa moción de confianza, pero, por lo que sabemos de él, no le dará luz verde antes de tener bien atado el sí de los aliados parlamentarios que lo invistieron dos años atrás: el problema es que hoy por hoy no está nada claro que sea posible ni atar ese sí sin el cual los días de esta legislatura parecen contados ni contener la escalada de precios que sus socios desencadenarían como pago a la renovación de la confianza. Dado que con Junts nunca se sabe y que Podemos quiere sangre, plantear una moción de confianza en estos momentos no deja de tener serios riesgos: Pedro podría salir de ella más fuerte de lo que entró, pero también podría salir del Congreso llevando al hombro el ataúd de su propio entierro.

Quién es más de culpar

Las investigaciones policiales precisan que de las trece adjudicaciones de obra pública bajo sospecha por un montante de 637 millones de euros, el grueso de ellas fue asignado a Acciona, que acaparó contratos por un valor de 545 millones. Pese a ello, la inmensa mayoría de los medios, tanto de izquierdas como de derechas, viene mostrando con las mordidas de Acciona una indulgencia que para sí quisiera cualquiera de los muchos políticos que se han visto inmersos o simplemente salpicados en casos de corrupción. Está ocurriendo ahora con Acciona, pero ya ocurrió con las constructoras que colmaban de billetes las ávidas arcas del Partido Popular en los tiempos de Aznar primero y Rajoy después.

A corruptores y corrompidos les cuadran bien los célebres versos de Sor Juana Inés de la Cruz, escritos a propósito de un asunto bien distinto: “¿O cuál es más de culpar,/ aunque cualquier mal haga,/ el que peca por la paga/ o la que paga por pecar”. Ábalos, Koldo y Cerdán pecaban por la paga y Acciona pagaba por pecar, pero el mundo levanta indignado y raudo el dedo acusador contra los primeros mientras se apresura a esconderlo discretamente cuando aparece en escena la segunda.

Sea como fuere, lo de Sánchez es de traca, pues pocas veces habrá sucedido en política, y eso que en política ha sucedido casi todo, que un partido haya tenido dos secretarios de Organización sucesivos, y personalmente seleccionados por un mismo secretario general, con una inclinación tan acusada al cohecho, el deshonor y la infamia. Ferraz bien podría poner un anuncio por palabras que dijera escuetamente ‘Se busca secretario de Organización que no robe”. Que se ande con buen cuidado Sánchez cuando llegue -si es que llega, pues nadie puede estar seguro de que el volcán no arroje más escupitajos de fuego, lodo y cenizas- la hora de elegir al sustituto de Cerdán: como le salga también malo, el presidente no hallará escondite bueno para escapar del choteo general del que será objeto su persona, que el público se apresurará a renombrada a partir de entonces como Pedro Gafe.