Este 21 de octubre se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la última en materia de reparación hacia las víctimas del franquismo y que actualmente rige en nuestro país.
Todo el mundo que se considera demócrata -desde el Gobierno de coalición hasta las asociaciones de Memoria Democrática pasando por la sociedad en su conjunto- aseguran que se trata de un paso importante y firme en el camino hacia la reparación completa, aunque para que ésta llegue todavía quedan pasos por dar.
Aspectos conseguidos gracias a la Ley de Memoria Democrática
Por partes, para empezar por la parte positiva. El texto ha favorecido, por ejemplo, que se lleve a cabo la exhumación de 5.600 cuerpos a la vez que se está elaborando un segundo plan con el mismo objetivo que se extenderá hasta el año 2028 y se trabaja en un mapa nacional para localizar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
Dentro de las exhumaciones notables -en el lado contrario del tablero, además de la de Franco del Valle de los Caídos -rebautizado como de Mingorrubio-, que ocurrió antes de la entrada en vigor de la normativa, ya con el texto rubricado, destacan la del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y la del general franquista Gonzalo Queipo de Llano.
Respecto a este asunto, se insiste en la resignificación del ya llamado Valle de Cuelgamuros para convertirlo en un centro de interpretación con un proceso que involucra a varios departamentos ministeriales y que busca dotar de un significado nuevo al monumento. De hecho, la figura se Lugar de Memoria Democrática se pone en el centro para lugares sobre los que se tiene en cuenta su relevancia histórica, a saber algunos como el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el casco urbano de la ciudad de Gernika, “La Desbandá” o cárceles antiguas como la de Murcia o Carabanchel.
El reconocimiento pasa a partes iguales por lugares y personas. Frente a estos segundos, el documento ha otorgado 572 declaraciones de reconocimiento y reparación a personas perseguidas durante y después del Golpe de Estado. La lista incluye nombres como el pintor Pablo Picasso o el político y abogado Lluís Companys.
El Gobierno de España se encuentra en constantes negociaciones con autonomías que han dado luz verde a leyes que, bien van en contra de la ley de Memoria Democrática, bien tratan el asunto con tibieza. Una prueba de ella es la que sacó adelante la Comunidad Valenciana y que bautizó como Ley de Concordia; una concesión del PP hacia Vox que, sobre el papel, la región presentó como un adelanto de reparación para las víctimas de ambos bandos, pero que en la práctica blanquea el régimen -incluso lo niega- y deja sin voz a las víctimas. Mismos ejemplos de ese retroceso se repiten en la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón o las propuestas de lo mismo en Baleares, Cantabria o Extremadura.
Entre otros de los puntos a valorar destacan la prórroga del plazo para solicitar la nacionalidad española bajo la disposición adicional octava de la ley. De igual manera, se han subvencionado congresos y actividades relacionadas con la memoria democrática y eliminado títulos nobiliarios o distinciones concedidas durante el franquismo. También se han dado pasos para ilegalizar/y extinguir la Fundación Francisco Franco.
El camino que queda por recorrer en materia de reparación
Sin embargo, asociaciones de víctimas y/o Memoria Democrática consideran que todavía quedan demasiados pasos por dar y que la actual ley -la anterior está fechada a 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- se queda corta.
Asociaciones como Amnistía Internacional, Cequa, Iridia y Siria celebran los avances que ha supuesto la aprobación del texto, pero lamentan -siendo uno de los asuntos, sino el principal, en el que ponen el acento- que la ley no elimina los obstáculos que permitan la investigación por la vía judicial de los crímenes franquistas, ni para que se pueda avanzar en el esclarecimiento de las “graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo”, tal y como muestra el auto 57/2024 de 17 de junio del Tribunal Constitucional (TC).
De esta manera, mientras aplauden que se haya creado una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos o que se hayan anulado algunas sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos en cuestiones relativas, por ejemplo, a condenas de muerte dictadas en los últimos coletazos del franquismo, también inciden en la “preocupante lentitud” de la norma. Frente a ello, las mencionadas asociaciones apuntan que el establecimiento de tres comisiones técnicas se haya producido un año y medio después de la entrada en vigor de la ley,
En lo que se refiere al ámbito estrictamente jurídico, cabe destacar que en los últimos años se han presentado más de 100 querellas por torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o robo de bebés; y todas ellas se han rechazado aún habiéndose interpuesto más de una decena de las mismas ya con la entrada en vigor de la Ley. Esto, emiten las instituciones, va en contra de lo que dictan organismos tales como el Tribunal Constitucional (TC), que siguiendo el articulado de la norma evidenció que hay asuntos sobre los que no se permite investigar, aunque esto escapa a lo estimado por el derecho internacional- o Naciones Unidas.
En un comunicado remitido a los medios, las asociaciones identifican que van a “seguir trabajando para acabar con la impunidad y la falta de investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo” y para “exigir justicia penal”. “Vamos a presentar querellas hasta que las víctimas del franquismo obtengan justicia (…) Es esencial que el Parlamento modifique la Ley de Amnistía de 1977 y el Código Penal para incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva de derecho internacional”, proyectan.
