Las diferencias de planteamientos que se viven en el seno del Gobierno de coalición son cada vez más habituales y evidentes de cara a la esfera pública. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha protagonizado en los últimos meses enfrentamientos con ministros socialistas por cuestiones laborales, la última a cuenta de la elevación del mínimo exento de IRPF para excluir a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha vueltoal debate. Ademásm, el contexto internacional ha abierto el espectro y ha sumado dos nuevas materias de conflicto.
Aumento del gasto en Defensa
La irrupción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos ha llevado a la principal potencia occidental a abandonar a Ucrania, despreciar la OTAN y cargan contra la Unión Europea. Los máximos mandatarios europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, buscan responder aumentando la inversión en armamento para emanciparse de EEUU, aunque gran parte del material se adquiera a la industria armamentística yanki, pero esta postura no ha convencido a gran parte de la izquierda europea. Tampoco a la incluida en la coalición española.
“Lo que estamos viviendo es muy grave, hay cambios geopolíticos de una trascendencia que nos tiene que hacer cambiar las políticas. La guerra comercial empobrece a la ciudadanía de manera directa, pero es que además estamos viendo un Trump que está cuestionando la propia OTAN”, ha lamentado Díaz en una entrevista concedida este jueves a Telecinco. Sin embargo, ha evitado responder a su posición sobre permanecer o no en la Alianza Atlántica. “Estoy a favor de un modelo de seguridad y defensa para España del siglo XXI”, ha regateado.
La también ministra de Trabajo y Economía Social insiste en que el debate, tanto europeo como español, no debe situarse en torno a la cuantía, sino a cómo se plantea la defensa y la seguridad del viejo continente. “No va de aumentar el dinero en Defensa”, ha defendido, apuntando que ni siquiera estamos ejecutando el 1,2% contemplado (se despliega 0,9%); sino de “definir primero que modelo de defensa y de seguridad queremos, porque está claro que la geopolítica ha cambiado”.
Este planteamiento, además, ha trasladado que se tiene que hablar en el Parlamento “sin ninguna duda”, algo que la parte socialista no está tan por la labor de discutir de cara a una posible votación. Por el momento, el partido mayoritario del Gobierno ha optado por un proceder más informativo que consultivo y para Díaz “no se hacen las cosas así”. “Todos estamos de acuerdo en realizar una situación de balance y definir el modelo que queremos”, ha defendido, fijando la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) como fecha clave.
Presupuestos nacionales
El aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), comprometido con Europa antes de 2029 por Pedro Sánchez, ha fragmentado el Ejecutivo en lo moral, por el carácter más o menos belicista de la propuesta y el momento de su realización, y en lo económico, debido a la procedencia de los fondos extraordinarios para armamento y seguridad. Esta segunda arista del debate ha reabierto, a su vez, un melón que parecía ya abandonado: los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pocas personas quedan en España que no den las Cuentas por perdidas y, más allá del perfil de resistencia vendido por el Gobierno, la discusión se sitúa ahora en torno a si el texto se presentará pese a que no parece contar con los apoyos suficientes para salir adelante. Hacienda ya reculó en 2024 y evitó presentar los PGE, alegando la convocatoria electoral catalana, y este año apunta a que se seguirá el mismo proceder, evitando así una dura derrota parlamentaria, como la vivida con el techo de gasto.
No obstante, la vicepresidenta segunda considera que el Gobierno del que es parte “tiene la obligación de presentarle a nuestro país las políticas públicas que queremos defender y, por lo menos, intentar que se tramiten”. Las competencias están en manos de la vicepresidenta que está un escalón por encima, María Jesús Montero, que no parece por la labor. “Yo creo que la ministra de Hacienda debe presentar los PGE para poder hacer cosas”, ha instado Díaz, defendido que “si después no salen se tomará una decisión, pero se cumple la obligación de presentarlos”.
Posturas irreconciliables
Sin embargo, el gran lunar en la relación con el PSOE es la adaptación del IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las posiciones están más alejadas que nunca, con el Ministerio de Haciendo enrocado en hacer la guerra por su cuenta. En el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo tienen claro que no van a entregar la cuchara y mantendrán la posición de fuerza por mucha presión que Sumar descargue sobre los socialistas. Pero María Jesús Montero insiste en el ‘no’ a las propuestas de los magentas, orientadas en parte a moldear el esfuerzo para tales rentes continúen exentas de pagar el impuesto. Ante la cerrazón que sus socios le atribuyen a la ministra del ramo, cada vez coge más peso la opción de valerse de los votos del Partido Popular para esquivar el veto presupuestario.
Hacienda da por amortizadas las tentativas de negociar con los de Yolanda Díaz. Tanto es así que aseguran que “las negociaciones no han dado sus frutos”, mientras que los socios minoritarios de la coalición asumen que todas las alternativa para eludir la tributación del SMI pasan por un enemigo habitual: el Partido Popular. La principal fuerza de oposición al Gobierno registró, en paralelo a Sumar y a Podemos, una iniciativa para desvincular el IRPF del tramo de subida del salario mínimo, habida cuenta de que se agote el plazo para vetar o no la tramitación parlamentaria de las iniciativas el próximo viernes 28 de marzo.
La vicepresidenta segunda ha sido tajante. Díaz defendió que la justicia fiscal “empieza por arriba”, por lo que el que tenga una renta de 16.500 euros al año ha de estar exento de tributación. Díaz, además, afea al PSOE que “se coloque fuera de la defensa de los trabajadores” porque en Euskadi pacta “con el PNV la exención de las rentas salariales al año en los 19.000 euros”. “¿Los trabajadores vascos no son iguales al resto de españoles?”, se preguntaba la ministra de Trabajo, mientras acusaba a Montero de “bloquear un debate en una Cámara”.
Díaz ve el veto de Montero como un mecanismo “privilegiado” para “no permitir que se discuta”. En cualquier caso, confía en levantar el veto para que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados y dejar que decidan sobre tributar. “Si así lo quieren sus señorías, pues así será. A mí me gustaría que llegásemos un acuerdo antes a un acuerdo en el seno del Gobierno”, aseguró la vicepresidenta segunda, aunque todos los inputs apuntan a una pinza PP-Sumar antes de que caduque el plazo.
