Los enfrentamientos en el seno del Gobierno de coalición parecía que no podían llegar a más después de haberse superado el intercambio de golpes protagonizado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y su homólogo de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a quién llego a tildar de “mala persona”, por la reducción de jornada. Sin embargo, esta pugna se ha quedado en anécdota tras detonarse una Guerra Civil entre vicepresidentas como consecuencia de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Los contendientes alcanzan el mayor nivel del escalafón del ejecutivo, tan solo por detrás del presidente Pedro Sánchez, y amenaza con generar un grave agujero en la legislatura. De un lado, Díaz vuelve a erigirse como voz autorizada de Sumar y vicepresidenta segunda, exigiendo que el sueldo de los que menos perciben por su trabajo no tribute por primera vez; y del otro, la mano derecha del jefe del Gobierno y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asumido la representación de la parte socialista y se opone a la medida como responsable de Hacienda.
Los principales damnificados serán los 2,5 millones de perceptores del SMI que, si bien a partir de febrero verán como su cuantía bruta mensual se eleva en 50 euros (con retroactividad a enero), deberán tributar por esta subida por primera vez, contraviniendo el proceder que hasta ahora había llevado a cabo la coalición: subir el mínimo exento conforme al sueldo mínimo. Los cálculos es que el gravamen sobre el incremento de estos 700 euros anuales afecte al 20% de los perceptores, en torno a medio millón, dado que el resto se encuentran exentos por otros motivos (hijos, personas a cargo, etc.).
Sin embargo, mes a mes deberán abonar el IRPF correspondiente para esos 700 euros anuales que superan el mínimo exento, 15.876 euros (SMI anterior), pese a que puedan recuperarlo posteriormente con la presentación de la Declaración de la Renta, aunque no están obligados a realizarla, al introducir otras figuras y variables. “Pedagogía fiscal” son las dos palabras que han pronunciado a ambos lados de la alambrada, con evidente sorna y sarcasmos desde que la vicepresidenta Montero las utilizase días atrás para deslegitimar la posición de Díaz y defender “no hacer populismo con los impuestos”.
La última vez que ha sido utilizada esta frase fue este martes, durante la celebración de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros más tensa que se le recuerda a la coalición. Primero la pronunciaba la portavoz del Gobierno y perteneciente a la parte socialista, Pilar Alegría, y posteriormente cogía el guante Díaz. “Hay que hacer pedagogía fiscal en España, pero la pregunta no es subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagarlos. Desde Sumar, nos mostramos super partidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España”, trasladó.
“La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”, argumentó la ministra de Trabajo, mientras Alegría le susurraba “eso no es así”. Sin embargo, en contraposición con lo decidido por Montero, la vicepresidenta segunda recordaba la exención total de IRPF aprobada para los caseros. “Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF en nuestro país”, traslado. Desde Hacienda niegan la mayor y fuentes del Ministerio trasladan a ElPlural que la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF.
Sobre el aproximado 20% que si lo pagará, el cartera de Montero traslada que es una minoría que, aun así, garantizan que abonarán muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular. Esto, argumentan, se debe a la ya aprobada rebaja fiscal para rentas bajas y medias que sacó adelante el Gobierno. Así, como ejemplo trasladan que una pareja que perciba el SMI y tenga un hijo menor de tres años seguirá sin pagar IRPF y cuando el niño supere ese baremo abonará 99 euros. Los solteros y sin cargas si soportarán un mayor tributo.
Debate al Congreso de los Diputados
No obstante, y pese a todo el enfrentamiento, la ministra de Trabajo trasladó hace menos de 24 horas que este debate no se había mantenido en el seno del Consejo de Ministros y adelantó que Sumar “apoyaría en el Congreso” la propuesta de elevar el mínimo exento de IRPF. Dicho y hecho. Minutos después la formación magenta anunciaba la presentación de una proposición de ley en la Cámara Baja. No obstante, no han sido los únicos, dado que de la mano de Podemos ha llegado el mismo texto y, sorprendentemente, la tercera ha sido presentada por el Partido Popular (PP).
La “unilateralidad” de la que acusan desde la izquierda al Gobierno ha llevado a los Grupos Parlamentarios a presentar estas proposiciones. “Debería cambiar de opinión (Hacienda), para garantizar que las 2,5 millones de personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal", trasladan fuentes de Sumar. Hacerlo o no está en manos de Montero, que de mantenerse en su negativa deberá afrontar un debate complejo en el Congreso, donde la pinza de los grupos de izquierda y el PP puede hacer daño a los socialistas y, si consiguen no vetarse de forma cruzada las proposiciones (todas dicen lo mismo), sacar adelante la elevación de la exención.
