El Partido Popular viene defendiendo sus discrepancias con la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en Cataluña, donde se están aplicando los topes a los precios del alquiler gracias a la declaración de zonas tensionadas. Y es que los datos de esta realidad desmontan el argumentario de los de Alberto Núñez Feijóo, debido a que el Govern, dirigido por Salvador Illa, ha anunciado que estas zonas tensionadas, principalmente definidas en Barcelona, han bajado sus precios mensuales del alquiler en un 5% después de la aplicación de la normativa estatal.
Para ser más exactos, según datos de la Generalitat catalana, los alquileres han aumentado un 0,1% en datos interanuales y han decrecido un 5% respecto al trimestre anterior (865,56 euros de precio medio) en los 141 municipios abordados; mientras, en el resto de Cataluña han aumentado un 1,7% interanual y han bajado un 0,6% intertrimestral. En el caso concreto de la Ciudad Condal, los alquileres han subido un 0,7% interanual y han retrocedido un 5,2% entre abril y junio. Asimismo, entre enero y junio se han reducido un 10,7% los contratos formalizados, con una reducción del 17,2% en el segundo trimestre, mientras que en el resto de Cataluña el descenso ha sido del 1,6%.
Es preciso remarcar el caso concreto de Barcelona, donde el mes de alquiler se concentra en un precio medio de 1.131 euros, en valores del salario mínimo interprofesional (SMI). Pese a que aún es una cifra demasiado elevada para el bolsillo de la clase trabajadora, por primera vez se está materializando un descenso notable con respecto a los datos del primer trimestre del año, cuando el precio medio se fijó en los 1.193 euros.
El PP rehúsa de la Ley de Vivienda estatal
Mientras la dirección de Génova viene reprochando el cupo catalán y centrando sus discursos en la pugna nacionalista, los populares presentan las claves de su Plan Integral de Vivienda. Beneficios a los más ricos, a través de rebajas de impuestos que solo pagan grandes rentas; liberar suelo público, una vez más, para entregarlo a manos privadas; y facilitar los desahucios, desprotegiendo a los más vulnerables, son las tres patas que, por el momento, se conocen del plan del PP.
Los de Feijóo consideran que la protección para las familias más vulnerables es excesiva y que, para dar tranquilidad a los siempre desprotegidos caseros, es necesario rebajar el nivel de vulnerabilidad de la renta familiar de tres veces el IPREM (600 euros por tres) a los 1.050 euros. Es decir, una familia de dos adultos y un menor que cobren en conjunto 1.700 euros al mes, su alquiler suba a 800 euros (47% de su renta) y no puedan pagarlo, no serían considerados vulnerables, y por tanto protegidos, y podrían ser desahuciados.
Mientras, aquellos que más tienen gozarían de beneficios fiscales con el plan del PP. El regalo llegaría a través de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ya está bonificado en la mayoría de comunidades autónomas, a aquellos familiares que dejen miles de euros a sus hijos para comprar una vivienda. El problema presente en la mayoría de los hogares, consideran los neoliberales, es que a los jóvenes sus padres nos les dejan 300.000 euros por los impuestos.
Por supuesto esta rebaja tributaria solo beneficia si donas grandes cantidades de dinero. Si tus padres llevan ahorrando toda la vida y te pueden dejar 50.000 euros, apenas se ahorrarían 250 en impuestos. Sin embargo, si la cuantía asciende al medio millón de euros, el ahorro tributario superaría los 80.000 euros. En definitiva, el rico que más done, más se ahorra. A más y más, la última es la de liberar suelo público, fórmula que quizá resuene en algunos hogares que atravesaron el pinchazo de una burbuja inmobiliario. Un acicate para los pelotazos urbanísticos y la vulneración de normativas medioambientales.
Los barones del PP, a la contra de las zonas tensionadas
En clave autonómica, los barones del PP ya vinieron reiterando al unísono su intención de no declarar zonas tensionadas, a diferencia de como se está aplicando en suelo catalán. Tal y como expresaron en un comunicado conjunto la pasada semana, esta medida no la comprenden con buenos ojos al considerar que "no sirve para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”. Los populares dieron cuenta así de su “manifiesto y rotundo rechazo” ante los planes estatales de “imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda" por medio de un “reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos” que vienen condicionados por un “una ideología concreta”.
En voz de algunos presidentes autonómicos, las valoraciones sobre esta cuestión no fueron favorables. "Dudo que sea tan positivo intervenir nada", expresó, por una parte, la madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Hasta ahora todos los datos eran negativos y al mes de que el Gobierno empiece a hablar de vivienda, ya los datos han mejorado", dejó caer por otro lado el murciano Fernando López Miras.
Cataluña duplica sus zonas tensionadas
Este mismo miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva resolución, a petición de la Generalitat, por la que se amplían nuevamente las zonas tensionadas en Cataluña. En detalle, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado la inclusión en esta categoría, gracias a la que podrán acogerse al índice de precios, de 131 municipios más que, sumados a los 140 definidos en marzo, elevan el total hasta los 271 municipios catalanes declarados como zonas de mercado residencial tensionado.
El periodo de vigencia de la zona tensionada de los nuevos municipios será de tres años, empezando a contar a partir de este jueves. Esto establecerá una limitación de los precios que afectará a los grandes tenedores; es decir, a “la persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la zona de mercado residencial tensionado”. Para los pequeños propietarios que pongan una vivienda en alquiler en estas zonas o reduzcan los precios existen incentivos fiscales muy jugosos, de hasta el 90% de deducción del IRPF.
En materia de vivienda, Cataluña no sólo está destacando por su apuesta en mejorar su acceso para la ciudadanía por la aplicación de la Ley Estatal y la consiguiente puesta en marcha de cada vez más zonas tensionadas, sino que, a su vez, el Govern de Salvador Illa anunció este miércoles un plan valorado en 4.400 millones de euros anuales para la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030: "Más vivienda social, más suelo disponible, más colaboración entre el sector público y privado, más ayudas y más velocidad", anunció el jefe del Ejecutivo catalán.
