El Partido Popular (PP) ha decidido sumarse ahora al abordaje de la problemática de vivienda después de que grandes mandatarios de la formación, como el alcalde de Madrid, defendiesen que la mejor política es “no hacer nada”. La propuesta ha llegado de la mano de Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, y si bien no se conocen más allá de tres medidas sueltas, estas han generado polémica por estar dirigidas a los que más dinero tienen, perdonando impuestos, y castigar a las familias más vulnerables, desprotegiéndoles ante los caseros.
Abaratar los desahucios
Los neoliberales consideran un problema que aquellas familias que destinan más de un 30% de su renta a pagar en alquiler y ni siquiera alcanzan en conjunto los 1.800 euros al mes estén protegidas, tal y como establece la ley de Vivienda y el real decreto ley 8/2023. Es decir, una familia de dos adultos y un menor que cobren en conjunto 1.700 euros al mes, su alquiler suba a 800 euros (47% de su renta) y no puedan pagarlo, no podrán ser desahuciados. El propietario, si así lo solicita, recibirá compensación pública por esta situación.
Este articulado ni siquiera llega a cumplirse en la realidad y desde los juzgados se autorizan desalojos en los que los afectados cuentan con vulnerabilidad acreditada. Múltiples son las situaciones de madres solteras con varios hijos que acaban en la calle por subidas del alquiler de sus caseros (fondos buitre, bancos y grandes tenedores). No obstante, el PP considera que la protección es excesiva y que, para dar tranquilidad a los siempre desprotegidos caseros, es necesario rebajar de tres veces el IPREM (600 euros por tres) a los 1.050 euros. Si no puedes pagar tu alquiler de 800 euros, pero tu renta supera los 1.050 euros, a la calle.
Los conservadores han llamado a esta bajada “rebaja del requisito salarial”, un pseudónimo curioso, dado que no existe ningún requisito salarial estipulado en la ley para alquilar, más allá del que ponga el propietario de la vivienda, la inmobiliaria de turno o establecido en el Plan Vive de Ayuso. “El alquiler es inaccesible porque se están pidiendo como garantías salarios de 2.000 euros”, ha lamentado la vicesecretaria del PP, asegurando que “esto deriva de la ley de Vivienda”. Es decir, los de Alberto Núñez Feijóo consideran que proteger a las familias más vulnerables obliga a los caseros a subir el precio.
Perdonar impuestos a los ricos
Otra de las medidas estrella del plan de vivienda del PP que ha generado polémica es una de las bonificaciones fiscales a los que más tienen, a las que están afiliados Gobiernos autonómicos como el madrileño. En esta ocasión, el regalo llegaría a través de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ya está bonificado en la mayoría de comunidades autónomas, a aquellos familiares que dejen miles de euros a sus hijos para comprar una vivienda. Algo muy común, a quién no le han dejado sus padres 300.000 euros.
La cuestión es que esta rebaja propuesta por el PP solo supone un beneficio real si la cantidad donada es muy elevada, aspecto de sobra conocido por los conservadores y que deja fuera de la ecuación a gran parte de la población. Así, si una familia pudiese dejarle 50.000 euros a su hijo, tan solo se ahorraría 250 euros por este impuesto. Sin embargo, si la cuantía asciende al medio millón de euros, el ahorro tributario superaría los 80.000 euros. En definitiva, el que más done, más se ahorra.
Liberar suelo público
La tercera arista del PP para solventar el problema de la vivienda es liberar suelo público, como se hiciera antaño. El equipo de Feijóo ha decidido recuperar políticas que inflaron la burbuja inmobiliaria, regalando suelos de titularidad pública a promotoras privadas y eliminando trámites, burocracias y permisos en los procesos de construcción, palancas que aseguran que “agilizarán”. Otros sectores, aquellos que recuerdan la crisis financiera porque sí la sufrieron, señalan este proceder como un acicate para los pelotazos urbanísticos y la vulneración de normativas medioambientales.
Todas estas medidas, como no podía ser de otra manera, han llegado de la mano del discurso de la okupación. A esta se ha sumado ahora un nuevo término acuñado por las extremas derechas para señalar a aquellos que han pagado religiosamente su alquiler toda la vida, pero que no han podido afrontar una subida mensual de 200, 300 o 400 euros: los inquiokupas. El mayor problema de la vivienda para el PP. Este y Pedro Sánchez, “el culpable” de que Ayuso, Moreno Bonilla o Mazón decidan no asumir políticas de vivienda, pese a ser esta una competencia autonómica.
