La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ya elaboró un dossier sobre posibles actuaciones fraudulentas de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y no halló irregularidades.
Según adelanta este martes el diario El País, un ciudadano particular, cuya identidad se mantiene en secreto, solicitó información sobre Gómez al centro universitario en marzo de 2023; un año antes de que el pseudosindicato Manos Limpias interpusiera la querella con algunas informaciones falsas basada en recortes de prensa.
La intención de esta persona era clara, inculpar a la esposa del presidente. En concreto, buscaba “causas excepcionales que justificaron, a juicio del excelentísimo rector, el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la cátedra sin reunir los requisitos de ser personal docente o administrativo de la UCM”.
12 años, cero irregularidades
De forma más detallada, el particular pidió información acerca de todas las remuneraciones recibidas por Gómez -tanto por el máster que impartía desde 2012 como por la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía, y que llevaba asociada otro máster, desde octubre de 2020- y también pidió las actas de sesiones de la comisión de seguimiento de la cátedra.
El expediente, sin embargo, no deja lugar a dudas. Firmado por la secretaria general de la universidad, Araceli Manjón-Cabeza, señala que el expediente de transparencia 13/2023 “alude a varias cuestiones que afectan a datos personales de Begoña Gómez Fernández”, pero que no se encuentran “especialmente protegidos en los términos establecidos por la legislación”.
Para más inri, apunta que, en lo que respecta a las remuneraciones de la mujer de Sánchez, el centro examina el “interés público de su divulgación y el derecho de los afectados a la protección de sus datos personales”. Asimismo, concluye que, al no ser Gómez una trabajadora de la UCM que haya obtenido su puesto “a través de los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de la función pública”, además de una persona de “relevancia pública”; procede a facilitar la información solicitada por el particular.
Las conclusiones del documento, de 57 folios en los que se analizan los aspectos sobre los que ha preguntado también al magistrado en los últimos meses, no señalan una sola irregularidad en los 12 años de actividades académica de Gómez. De igual manera, rechaza cualquier trato de favor en lo que respecta a su contratación.
La UCO descarta indicios de delito hasta en dos ocasiones
En la misma línea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado las investigaciones llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado hasta en dos ocasiones. La última vez fue en en julio, cuando la UCO emitió un informe de 102 páginas en el que concluye que seis contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés -con quien la firma de Gómez cerró varios acuerdos- se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
En esa ocasión, el documento de la Guardia Civil analizaba dichos contratos adjudicados a Innova Next, propiedad del mencionado empresario -con el que administraciones de absolutamente todos los colores políticos han cerrado acuerdos-, y finalizaba sin encontrar delitos en el procedimiento.
Previamente, la UCO había analizado varios contratos adjudicados por Red.es también a Barrabés y concluyó lo mismo. De hecho, estudió igualmente una adjudicación más de la empresa pública indicada, otra del Consejo Superior de Deportes y cuatro más del Ayuntamiento madrileño: “En líneas generales, con base en la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos actualmente vigentes- se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
Hasta cinco administraciones u organismos de carácter público -Red.es, Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Deportes, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe- adjudicaron “a la mercantil Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos” entre los años 2017 y 2022.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ocurrió el 10 de junio de 2020 y a la oferta optaron diez licitadores “de los cuales únicamente cuatro superaron el umbral mínimo de cinco puntos fijados para la valoración de las ofertas sujetas a juicios de valor”. La Benemérita recogía que la UTE de la que formaba parte Innova Next logró la puntuación mayor global ponderadas; un 9’67 sobre un 9’18; un 8’10 y un 7’43.
