El Consejo de Ministros ha sido puramente económico. Sin la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inmerso en una importante gira por la República Popular China de especial relevancia para las relaciones comerciales y la bilateralidad entre ambos países, han sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, las encargadas de liderar la reunión interministerial. Además, ambas dirigentes, número dos y tres dentro del escalafón del Ejecutivo, han sido las encargadas de comparecer en rueda de prensa para anunciar las novedades aprobadas en Moncloa.
Del techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria, tumbada por el bloque de la oposición y Junts per Catalunya antes del parón veraniego, al nombramiento de Soledad Núñez como subgobernadora del Banco de España o la creación de un protocolo para dotar de derechos y mayor protección a las empleadas del hogar, un sector ampliamente feminizado y en el ojo del Ministerio de Trabajo desde el inicio de la legislatura. Todo, además, con otro tipo de medidas como la inversión de 162 millones en educación, divididos en 32 millones para la creación de nuevas plazas de educación infantil “públicas y gratuitas” y de 130 millones para “modernizar” la Formación Profesional.
“Esta distribución de estas 2.900 nuevas plazas para la educación infantil las hemos realizado porque el Gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado expresamente la financiación para que 12.000 familias andaluzas tuviesen acceso a la escolarización pública de sus hijos”, ha condenado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, que, posteriormente, ha afeado también la actitud de Navarra y Baleares por hacer lo mismo que Andalucía pero en el apartado de la FP.
Senda de estabilidad
Terminada la intervención de Alegría, llegada el turno del techo de gasto, explicado de primera mano por la plenipotenciaria en la materia, María Jesús Montero: “Hemos aprobado nuevamente los objetivos de estabilidad para los periodos 2025-2027, además de informar sobre el techo de gasto. Se trata de la misma senda que aprobamos el 16 de julio y que no contó con el respaldo del Congreso de los Diputados con el voto en contra del PP, perjudicando, así, la capacidad económica de los ayuntamientos y las comunidades autónomas”, ha arrancado la vicepresidenta primera.
“Volvemos a traer esta senda porque estamos comprometidos con el resto de las administraciones del Estado. Con este mayor margen, que se otorga en esta senda, podrían preservar con mayores garantías el estado del bienestar”, ha proseguido, condenando de esta forma la negativa del PP a dotarse de un mayor margen de mejora en sus respectivos territorios.
Esto supone un nuevo paso en la firme voluntad del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas muy difíciles de conseguir por la actual negativa de Junts per Catalunya, pero que el Gobierno se ha comprometido a presentar con la firme voluntad de revertir la situación: “La economía española va muy bien. Todas las previsiones, tanto macroeconómicas como de empleo, consideran que España crecerá por encima de la UE. Además, el empleo que se genera es de calidad con trabajadores que disfrutan de trabajos indefinidos con la aprobación de la reforma laboral”, ha añadido Montero, pasando a recordar toda una batería de indicadores con los que demostrar que la economía española goza de buena salud.
“Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecer soluciones y demostrar el valor de la política como mecanismo para solucionar problemas a la gente. Esta senda asegura mayor margen fiscal a comunidades y ayuntamiento. Esta es la idea central de esta senda: otorgar un mayor margen para mejorar los servicios públicas”, ha sostenido, indicando que esta senda derivaría en que las CCAA tuvieran 3.000 millones más de gasto disponible.“Quiero recordarles que Feijóo y sus barones pidieron más fondos públicos y mayor multilateralidad en la cumbre que celebraron el pasado viernes”, ha sentenciado Montero, tildando aquel encuentro como “decepcionante”.
Por “las invisibles”
“Hoy es un día importante para las trabajadoras del hogar, las mujeres y las familias de nuestro país. Lo es porque este Gobierno les da seguridad”, arrancaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, encargada de explicar el protocolo para la protección de estas trabajadoras, “las invisibles”, puesto en marcha por su equipo del Ministerio de Trabajo.
“Son ellas, las trabajadoras del hogar, son las que han conseguido esta norma”, ha arrancado, condenando los “profundos errores normativos” por los que estas empleadas veían privado su trabajo de “derechos fundamentales”. Ahora, según la titular de Trabajo, gracias al real decreto 16/22 se pone fin a estas anomalías, ofreciendo a estas mujeres los mismos derechos que en cualquier otro trabajo.
Pero, ¿en qué consiste el real decreto? Tal y como ha especificado ElPlural.com, este protocolo contempla derechos como el reconocimiento médico gratuito y voluntario de forma anual, un protocolo de actuación antiacoso, la posibilidad de abandonar o paralizar su actividad laboral en caso de riesgo grave, equipos de protección, el derecho a abandonar el puesto de trabajo, la elaboración de una guía técnica para la prevención y la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de hasta el 45%.
“No hay una normativa en la que mirarse. No hay nadie que haya dado este paso. Hemos hecho un gran trabajo desde el Ministerio del Trabajo que sale desde el diálogo y de las aportaciones en las consultas públicas y el Consejo de Estado”, ha indicado Yolanda Díaz, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de cifras cuántas personas, en un 95% mujeres, se verán beneficiadas.
“Estamos hablando de un total de 367.900 mujeres, concentradas en una franja de edad entre los 40 y los 50 años de las que un 45% son personas migrantes. Además, se concentran singularmente en Madrid y Cataluña. Se trata de una norma feminista porque repara una discriminación histórica”, ha sentenciado.
