La Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias sobre la gestión de las participaciones preferentes por parte de Bankia, Caja Madrid y Bancaja, después de conocerse el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que apunta que se benefició a unos clientes en perjuicio de otros. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se lo ha comunicado hoy a un grupo de afectados que le han abordado en Santander cuando acudía a una entrega de premios sobre seguridad en la construcción.
El demoledor informe de la CNMV, al que ha accedido el diario Expansión, apunta a que las dos principales entidades que se fusionaron en Bankia, Caja Madrid y Bancaja, incumplieron la ley de manera continuada al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio superior al que correspondía, muy por encima de su valor real, generándoles un perjuicio de hasta 240 millones de euros. La colocación de preferentes analizada en el informe abarca año y medio, desde junio de 2010 hasta noviembre de 2011, período en el que Caja Madrid estuvo presidida por Rodrigo Rato -sustituyó a Miguel Blesa al frente de la entidad madrileña en enero de 2010-. En aquellos momentos al frente de Bancaja también estaba un popular, el expresdente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas.
"En principio" diligencias al margen de la causa de Bankia
Según ha explicado Torres Dulce al grupo que le ha abordado, la Fiscalía no tiene todavía esa documentación, solo el conocimiento de los hechos a través de la prensa, pero ha señalado que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias de investigación. Torres-Dulce ha comentado que, "en principio", estas diligencias no estarán "dentro de la causa de Bankia", porque se ha excluido el asunto de las preferentes para hacer una pieza separada especial.
El fiscal general del Estado ha escuchado las quejas de estos afectados y ha reconocido que se encuentran en una situación "absolutamente indeseable", confiando en que tengan la solución que "les corresponda". Ha destacado que se ha dado instrucciones a los fiscales para que estén atentos a "todas aquellas actividades" en las que se revele "de alguna forma una actuación de defraudación o de no suficiente información de trascendencia penal".
¿Soluciones políticas?
"En la Fiscalía estamos abiertos a todas las posibilidades", ha subrayado Torres-Dulce sobre su puede existir "trascendencia penal". Ha señalado que se trata de "apurar todas las posibilidades", primero las penales y luego las civiles. Una de las afectadas ha pedido también alguna solución por parte del Gobierno, y Torres-Dulce le ha recordado que la Fiscalía no tiene intervención en los aspectos legislativos y solo puede intervenir en aquellos en los que tengan trascendencia penal o civil. Precisamente el PP sacó adelante ayer en el Congreso una ley de protección a los inversores de productos de ahorro y financieros que decepcionó a la oposición y a los afectados por las preferentes, que fueron desalojados de la tribuna de invitados por sus protestas.
