El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025. Será una convocatoria con más de 36.500 plazas ofertadas, y son empleos para la Administración general, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para el Ejército. Al margen, el Ejecutivo tiene previsto aprobar en segunda vuelta las reformas de dependencia y discapacidad para iniciar la tramitación en el Congreso. Dos textos que profundizan en derechos y prestaciones, así como la agilización de los procedimientos.
La iniciativa aterriza sin acuerdo con los sindicatos, que asumieron como insuficientes las propuestas del Ejecutivo en la mesa de negociación. Como consecuencia, se han convocado 3.358 plazas menos que el ejercicio pasado. Es decir, cerca del 9%. Un momento en que la OPE pulverizó récords al superar los 40.000 puestos de trabajo público.
Al igual que en el ejercicio 2024, la oferta de este curso reserva también una cuota próxima al 10% para personas con discapacidad. Lo que supone un total de 2.610, de las cuales unas 538 serán para personas con discapacidad intelectual. En paralelo, en cada convocatoria se especificará la distribución territorial de las plazas, así como una previsión orientativa de las provincias que dispondrán de destinos. El objetivo es que los aspirantes a los procesos de selección tengan información sobre si existen previsiones de ofertas en las diferentes localidades, así como a la atracción de todo el territorio.
El grueso de los puestos - siete de cada diez - está destinado a la Administración General del Estado, con 26.889 plazas para funcionarios y personal laboral. De estas, 20.324 se cubrirán por turno libre y 6.565 mediante promoción interna, generando un saldo neto de 5.400 empleos nuevos en el sector público. El resto de vacantes se distribuyen en 3.713 para la Guardia Civil, 3.139 para el Cuerpo Nacional de Policía y 2.847 para las Fuerzas Armadas.
El Ministerio ha puesto especial énfasis en fortalecer los subgrupos C1 y C2, que agrupan al personal más vinculado a la atención directa al ciudadano. En total, 8.851 plazas reforzarán servicios clave como el SEPE, Seguridad Social, DGT, extranjería, justicia, Catastro, Agencia Tributaria, oficinas del DNI, homologación de títulos, bibliotecas, archivos, museos y capitanías marítimas.
Este esfuerzo responde, según el Ministerio, a la necesidad de rejuvenecer la plantilla y garantizar una cobertura efectiva en sectores sensibles. Gracias a las últimas convocatorias, la edad media del personal público ha descendido de 51 a 49 años. Además, el 93% de los procesos de la OPE anterior se han publicado ya en 2024 y, en su mayoría, las oposiciones se están celebrando en menos de un año.
Choque con los sindicatos
A pesar del volumen y del impacto positivo en la estructura pública, la propuesta ha salido adelante sin el respaldo de los principales sindicatos. Tanto CSIF como UGT y CCOO han considerado insuficiente la oferta y han pedido un mayor número de plazas de nuevo ingreso para paliar el déficit estructural de personal en la Administración.
Además, reclaman al Gobierno que se abra una negociación sobre la subida salarial de los empleados públicos para 2025, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2022. Otras demandas pendientes son la regulación de la jubilación parcial, la reducción de jornada laboral y la revisión del sistema de clasificación profesional.
