La jornada de este viernes se perfilaba agitada en el Congreso de los Diputados. Tras comentarios, informaciones cruzadas y pistas vertidas durante los últimos días, ha sido este viernes cuando por fin se ha dado a conocer el nuevo acuerdo para la Ley de Vivienda, uno de los instrumentos con mayor peso de la presente legislatura. Los protagonistas durante la presentación del acuerdo han sido ERC y EH Bildu, quienes han recalcado que “tras un año de duro trabajo y de negociación discreta” se ha conseguido llegar a un acuerdo con el Gobierno en su conjunto.
Algunas de las principales novedades de la ya calificada como “histórica” (al no tener antecesora) Ley de Vivienda son la estipulación del tope al precio del alquiler en todo el territorio español, sea o no zona tensionada; así como el traslado de costes de los servicios y honorarios inmobiliarios de alquiler, que correrán a cargo de los propietarios y no de los inquilinos; la redefinición de zona tensionada y la de grandes tenedores, con la rebaja de diez a cinco inmuebles en propiedad, que serán aplicadas o no por las distintas comunidades autónomas; la extensión a personas físicas de las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas. Por tanto, la ley refuerza la soberanía y la capacidad de las comunidades autónomas, ya que será cada administración autonómica la que decidirá si aplica o no las definiciones que trae consigo la nueva ley.
Las diferencias entre zonas tensionadas y no tensionadas
Han sido los responsables de la negociación de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, los que han expuesto los detalles del nuevo acuerdo alcanzado entre ambos socios soberanistas con el Gobierno de coalición. Ambos han explicado que en todo el territorio español se mantendrá el límite del 2% para este año en la subida del alquiler, un tope que se incrementará al 3% en 2024 y dejará por tanto de depender del IPC “dadas las fluctuaciones que puede generar”. A partir de 2025 se diseñará nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio, que en ningún caso podrá ser superior al IPC. Respecto a ese índice posterior a 2025, simplemente han afirmado que “está por definir”. Esos topes a las subidas de los alquileres han supuesto los principales escollos durante las negociaciones, ya que como han comentado desde los socios parlamentarios del Gobierno “primero se aceptaron y después no, y eran imprescindibles, sin topes no habría ley”.
Respecto a la definición de zona tensionada, Matute ha señalado que “la declaración de zona tensionada se corresponde con los distritos censales, si en muchos distritos censales se dan las circunstancias la zona tensionada será más amplia”. Las características que debe tener la zona en cuestión son dos, tal y como ha explicado Vallugera, y con que solo uno de ellos se cumpla, la administración autonómica podrá calificar al territorio como zona tensionada. Dichos requisitos son “que más del 30% de la renta media de esa zona se esté destinando al pago del hogar o que el precio de compra o alquiler haya experimentado un incremento de 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años”, ha incidido Matute y ha añadido que, en esas zonas tensionadas, se tendrá que adjuntar el contrato de alquiler anterior a los nuevos inquilinos para que evitar que se “les engañe”, con el límite de subida que marca la nueva ley.
“Vamos a ver la determinación de nuestros gobernantes [autonómicos] para topar los alquileres y parar la locura de la subida de los precios de alquileres. Es una buena oportunidad para que la ciudadanía evalúe las prioridades de sus gobernantes”, ha repetido el político vasco en más de una ocasión. Esto es porque serán las comunidades autónomas las que decidan si aplican o no esta definición de zona tensionada, así como la nueva definición de gran tenedor.
No han faltado las alusiones a la Comunidad de Madrid, dados los problemas de acceso de vivienda presentes en la capital, ni a Andalucía, que cuenta con zonas como Málaga, donde la subida de precios del alquiler de la vivienda no cesa. No obstante, fuentes internas de ambos grupos parlamentarios han admitido que consideran difícil que en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se apliquen los criterios que pone encima de la mesa la nueva ley respecto a las zonas tensionadas y a los grandes tenedores.
Asimismo, deslizan que la posibilidad de que se derogue la ley ante un cambio de Gobierno, liderado por el PP, es alta, por lo que han preferido no definir todavía el nuevo índice de referencia que se utilizará a partir de 2025.
