Cataluña tiene por delante dos meses de silente hiperactividad. Los grupos parlamentarios encaran las negociaciones con el 25 de agosto marcado en rojo. En esa fecha, de no haber ningún papel firmado en conjunción, habrá automáticamente una nueva cita con las urnas, previsiblemente a finales de octubre. Las conversaciones, fuera del foco mediático, no serán fáciles. Lo sabe el PSC, que tiene delante a una Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que es un polvorín orgánico y que ahora exige como condición sine qua non, para sentarse a hablar de la investidura de Salvador Illa, una mesa paralela para hablar directamente con Pedro Sánchez porque sus reivindicaciones, según expone el diario El Mundo, sobrepasan las competencias del candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat.
Unas exigencias, las de ERC, que confrontan con la visión del líder de los socialistas catalanes. Salvador Illa ha tratado de encapsular las negociaciones con los grupos parlamentarios en el ámbito catalán; evitando el contagio de lo nacional y poniendo el foco en lo territorial. El candidato del PSC lo dejó claro este pasado miércoles, tras rendir cuentas ante el flamante presidente del Parlament, Josep Rull y transmitirle que no había articulado una mayoría alternativa: “Las decisiones que corresponden a la investidura del president de la Generalitat se tomarán desde Cataluña y se decidirán en Cataluña. Como no puede ser de otra manera”. De esta manera, reivindicaba la autonomía -y la prevalencia- del PSC en términos negociadores.
El primer secretario del PSC se ha opuesto a la traslación de la negociación a Madrid desde el minuto cero. Illa ha negado que la decisión última recayera sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo después de que Carles Puigdemont instara a Moncloa a que diese la orden a los socialistas catalanes de abstenerse para su “restitución” como Molt Honorable pese a salir claramente derrotado de las urnas el 12M, bajo la amenaza de tumbar la legislatura en Madrid. Ahora que las demandas de ERC trascienden el plano autonómico -referéndum y financiación singular-, el exministro de sanidad ha insistido en que él, y no Moncloa, tendrá la última.
Doble negociación
ERC y PSC comenzaron de manera formal las conversaciones el pasado martes. Un camino que o bien conducirá a Illa al Palau de la Generalitat o bien condena a Cataluña a la repetición electoral. A los republicanos les sabe a poco un solo punto de encuentro con el principal candidato a la Presidencia y exigen la creación de una línea directa con Madrid. Una suerte de teléfono rojo para tratar directamente con el equipo de Pedro Sánchez el diseño de la demanda estrella de ERC esta campaña: la financiación singular. La formación soberanista hace hincapié en la “plena soberanía fiscal” -entre otras cuestiones- como contraprestación a su voto favorable en la investidura del exministro de Sanidad.
Según expone el diario El Mundo, voces del aparato orgánico de ERC puntualizan que “será necesaria” una negociación paralela con el Gobierno porque la cuestión fiscal “sobrepasa” a Salvador Illa. En consonancia, le niegan al PSC un papel de mediador con Madrid. Marta Rovira, la líder de facto e interina de los republicanos, lo advirtió la pasada semana en el marco de una reunión del Consejo Nacional, donde los soberanistas sentaron las bases de la potencial conversación con la delegación socialista: “El PSC tiene que saber que si Sánchez no es capaz de mover ficha, será muy difícil que le demos apoyo”.
Para Rovira, la “llave” de la investidura no está en posesión de los republicanos, sino del presidente del Gobierno. Así lo aseguró en un intento por desquitar a ERC de toda la presión extra. Tras ello, ahora reclama línea directa con Moncloa, pese a que mantendrá el respeto por los formalismos y seguirá celebrando encuentros puntuales con emisarios de los socialistas catalanes designados por Salvador Illa para consolidar las conversaciones. Todo ello en un contexto de cuasi guerra civil en el cuartel de los republicanos, con la facción más próxima a Rovira -y por ende a mantener los lazos con Junts- expandiendo sus redes por toda la organización para asumir el liderazgo del partido en el congreso del próximo 30 de noviembre.
¿Posición de máximos?
Precisamente esta situación de debilidad orgánica hace de ERC un negociador impredecible. La salida del aparato de Oriol Junqueras -en principio para presentarse de nuevo en noviembre-, deja tocada al ala que apostaba por abandonar las tesis identitarias y centrar la acción política desde un punto de vista puramente progresista. Ello hacía que el potencial acuerdo entre las partes se asumiera con mayor facilidad. Sin embargo, el expansionismo de la facción rovirista se aleja de esos postulados y enarbola, junto a Junts, la bandera de nación frente a la de clase.
Aun con todo, desde Moncloa han lanzado algún que otro guiño a los republicanos, comenzando por la asunción del concepto de “financiación singular”. ERC, concretamente desde la Presidencia de la Generalitat con Pere Aragonès, ya acuñó este término meses antes incluso de la convocatoria electoral, situándolo como reivindicación troncal. El Gobierno lo hizo suyo las pasadas semanas. Desde el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y titular del citado departamento, María Jesús Montero, pronunció por primera vez este significante para ablandar la granítica postura republicana.
Declaraciones que, en clave interna, llevan al PSOE a hacer un juego de equilibrios de compleja ejecución, pues soliviantaron a otros barones territoriales como Emiliano García-Page o Adrián Barbón; aunque este último con palabras más suaves. En cualquier caso, los republicanos no recogieron el guante y afearon a Moncloa que oficializara ofertas a través de sus medios cuando lo que demandan es una negociación bilateral con el Gobierno. De hecho, la portavoz de ERC, Raquel Sans, acusó a la plana ministerial de “confundir” con el uso del término “financiación irregular” para referirse a una mejora de la financiación catalana dentro de los márgenes del régimen común.
En este sentido, Sans subrayó que lo que esperan en ERC es una suerte de cupo vasco o navarro que permita que la autonomía recaude y gestione el 100% de los impuestos. ¿Cómo? La fórmula que manejan los republicanos es acometer una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas con el fin de que consolidar el régimen de financiación propio para Cataluña.
Por ahora, lo único que parece claro, según el diario El Mundo, es que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, además de fontanero habitual de Moncloa, encabece la vía con ERC desde el Gobierno. El súper ministro ya capitaneó las conversaciones con los republicanos en el marco de la investidura de Sánchez, sellando la ley de amnistía, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda para Cataluña, así como el traspaso de Rodalies.
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