La agrupación de empresarios de Cobo Calleja ha desmentido este viernes que hayan firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. "La Entidad está indignada porque la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso haya intentado utilizar a los 1.800 empresarios", aseguran a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación contra la declaración de la dirigente popular de este jueves durante el Debate del Estado de la Región en la Asamblea.
Los empresarios desmienten a Ayuso
Según la presidenta madrileña, el centro rehabilitado para acoger de forma masiva a menores extranjeros va a contar con un espacio "de referencia" para la integración y formación de estos jóvenes de la mano de este organismo. De hecho, y tras este anuncio, el gobierno regional ha informado en una nota de prensa que se había iniciado un proyecto de colaboración con la Entidad Cobo Calleja con la idea de "impulsar un programa de formación y empleo" en este futuro centro de acogida de menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, desde la agrupación se han mostrado "indignados" con estas informaciones y han acusado a la presidenta madrileña de intentar "utilizar a los empresarios de Cobo Calleja". Así, "quieren desmentir que tengan firmado ningún tipo de acuerdo con la administración de la Comunidad de Madrid, para trabajar en el Edificio de La Cantueña, al contrario de lo señalado ayer en el Debate sobre el Estado de la Región por la presidenta Isabel Diaz Ayuso y, en nota de prensa lanzada por la Comunidad de Madrid".
De esta forma se han pronunciado antes de "dejar claro" que la Administración madrileña "ha rechazado sus propuestas para destinar el espacio del edificio La Cantueña para la formación en oficios". En ese sentido, han destacado que "venían trabajando desde hace más de cuatro años en este proyecto de formación y, que ha sido imposible llegar a un acuerdo por desestimarlo la Comunidad de Madrid", al contrario de lo comunicado a bombo y platillo por Ayuso.
18,7 millones para un centro de menores
Por su parte, desde la Puerta del Sol aseguran que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales liderada por la popular Ana Dávila-Ponce de León Municio "está en conversaciones con la entidad Cobo Calleja desde hace dos meses para desarrollar proyectos de formación en La Cantueña". Eso sí es así. De hecho, la propia organización publicó un mensaje en sus redes sociales para comunicar una de estas reuniones con el Gobierno regional. "Avanzando en la negociación", escribieron el pasado 11 de julio, aunque se ha resuelto sin acuerdo.
AVANZANDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN COBO CALLEJA https://t.co/2cAW6nVunN
— Entidad Cobo Calleja (@entidadcc) July 11, 2024
Cabe señalar que este cruce de declaraciones es el nuevo capítulo de un culebrón entorno a este centro que viene de lejos. Ha sido a principios de año cuando el Ejecutivo liderado por Ayuso anunció su intención de abrir un centro de menores en La Cantueña, un cerro entre Fuenlabrada y Getafe donde se encuentra un edificio en pleno polígono de Cobo Calleja completamente abandonado. Pero la Comunidad de Madrid quiere reformarlo para albergar a cientos de menores extranjeros no acompañados como presunta salida a la presión migratoria.
En concreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de abril una inversión de 6,9 millones de euros para el acondicionamiento por trámite de emergencia de un nuevo espacio de primera acogida en este edificio, una cantidad que amplió el pasado mes de julio hasta los 18,7 millones de euros totales, añadiendo 11,8 millones más para dedicar a su gestión. El objetivo es albergar hasta 96 personas en un 4.000 metros cuadrados.
Y querían hacerlo muy rápido. Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la intención era que el centro comenzara a funcionar a finales de este verano. "Este recurso de primera acogida está diseñado para estudiar y valorar cada caso en su globalidad y proponer, si es necesario, la asunción de una medida de protección, así como orientar la intervención social más adecuada, promoviendo los tratamientos requeridos", han detallado desde el Gobierno regional.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, en pide de guerra
Pero no todos están de acuerdo con este macrocentro. Uno de los que han criticado este proyecto es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en manos del PSOE, que ha llevado a la justicia este caso por la utilización del suelo -cedido por el Consistorio-. De hecho, el pasado mes de junio un juez suspendió, a petición de la Comunidad de Madrid, el decreto del municipio que paralizaba las obras de este centro de menores. A juicio de la CAM, no se daban ni se da ninguna circunstancia para que puedan paralizar las obras.
Como si Sánchez envía a todos los menores a Madrid
Desde hace muchos meses el alcalde del municipio madrileño, el socialista Javier Ayala, está en pie de guerra contra la Administración regional, a la que acusa de querer crear "un contenedor de menores que no responde al modelo que defiende el Ayuntamiento". "En este debate nos ha aclarado una cuestión fundamental. Ya lo ha dicho, y es que van a traer a todos los menores que vengan a la comunidad. Nos sorprende que no se siente a hacer un reparto equilibrado", ha sentenciado tras las palabras de Ayuso este jueves. Y ha dicho más.
Sobre el edificio del cerro de La Cantueña, nosotros vamos a seguir dando la batalla legal.
— Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) September 11, 2024
La señora Ayuso castiga a Fuenlabrada sin ningún tipo de dialogo, es una decisión que no solo atenta contra los intereses de los fuenlabreños sino que también atenta contra los derechos… pic.twitter.com/j2z6l9U3gb
"Es como si Pedro Sánchez decide enviar a todos los menores que llegan a España a la Comunidad de Madrid. No se hace así", ha considerado el primer edil. Fuentes del Consistorio madrileño, además, apuntan a que no se trata de debatir sobre la formación de estos jóvenes, sino del estado en el que van a estar las personas que lleguen a ese centro, que está en un cerro "en medio de la nada". Por eso, piden a la región que negocien el reparto de los menores, a los que hay que dar una cobertura de servicios que cumplan las recomendaciones europeas y los derechos humanos.
