Este lunes, el Congreso reactivará la Comisión de Hacienda para debatir el proyecto de ley que busca implementar un nuevo impuesto a las empresas multinacionales, en medio de tensiones políticas y discrepancias entre los socios de gobierno. El PSOE, impulsor de la reforma fiscal, enfrenta el desafío de superar los vetos cruzados de sus aliados en el bloque progresista. De no lograr un acuerdo amplio, solo podrá aprobar el impuesto mínimo global exigido por Bruselas, para el cual ya cuenta con una oferta de apoyo del Partido Popular (PP).
El proyecto inicial tenía como único objetivo la trasposición de una directiva europea que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Sin embargo, el PSOE ha buscado incorporar medidas adicionales, lo que ha provocado choques internos. La Comisión, que ya se ha pospuesto dos veces esta semana, ha evidenciado la falta de consenso entre los socialistas, Sumar y otros partidos del bloque de investidura, quienes defienden posturas divergentes respecto a las enmiendas fiscales.
Acuerdos iniciales y primeras fricciones
Antes del debate en la comisión, el PSOE logró acuerdos preliminares con el PNV y Junts. Con el partido vasco, pactó hacer permanente el impuesto a la banca, mientras que con los catalanes se comprometió a no renovar el impuesto a las energéticas, argumentando el riesgo que esto supone para una inversión millonaria de Repsol en Tarragona. Estas concesiones generaron fuertes críticas por parte de Sumar y otros aliados de izquierda, que consideran imprescindible mantener el gravamen a las energéticas.
Para evitar más tensiones, el PSOE limitó a cuatro las enmiendas técnicas en el informe de la ponencia, lo que permitió su aprobación. Sin embargo, las divisiones persisten, especialmente sobre los impuestos más controvertidos.
Un nuevo acuerdo que complica más el panorama
El PSOE también alcanzó un pacto con Sumar para gravar artículos de lujo, como jets privados y yates, subir impuestos a las socimis y aumentar la fiscalidad en la sanidad privada. No obstante, estas medidas han generado rechazo en sectores clave del bloque progresista. PNV y Junts se oponen a eliminar exenciones fiscales en seguros médicos privados y a nuevos tributos a las socimis, lo que ha profundizado la incertidumbre.
Además, las críticas desde la izquierda se intensifican por la percepción de que el Gobierno prioriza acuerdos con la derecha del bloque, en lugar de impulsar una reforma fiscal más ambiciosa.
El PP ofrece una salida limitada
En este contexto, el PP ha propuesto aprobar únicamente el impuesto mínimo global exigido por la Unión Europea y reforzar medidas contra el fraude del IVA en hidrocarburos, dejando fuera otros gravámenes como el de la banca, las energéticas o el diésel. Aunque esta oferta podría facilitar un acuerdo inmediato, los socialistas la consideran insuficiente, ya que no responde a sus objetivos de reforma.
El tiempo apremia para el Gobierno, que tiene en esta comisión la última oportunidad de avanzar en una reforma fiscal integral antes de fin de año. Sin posibilidad de legislar nuevos impuestos por decreto ley y con los Presupuestos de 2025 en el aire, el PSOE enfrenta un difícil equilibrio entre mantener la cohesión del bloque progresista y garantizar la viabilidad de la reforma.
El lunes se perfila como un día clave para el futuro fiscal del país, con la atención puesta en si el PSOE logrará articular un acuerdo entre sus socios o si optará por la solución limitada propuesta por el PP, dejando pendiente una reforma más ambiciosa.
