La política española tiempo ha que se ha sumido en una espiral electoralista. Cualquier decisión o gesto está milimétricamente medido. La calculadora electoral es el elemento vertebrador de los argumentarios. Por este motivo, todas las advertencias a Pedro Sánchez sobre los indultos a los presos del procés vertidas tanto por integrantes del Partido Popular como de barones del PSOE hacen referencia a lo mismo: el coste en las urnas.

El presidente del Gobierno manifestó el pasado miércoles de forma nítida que su intención era concretar los indultos, argumentando que “la Constitución Española recoge tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”.

Sánchez aseguró que la decisión no responde a ninguna suerte de pago por la factura a las formaciones independentistas que le invistieron, puesto que “tomaríamos la misma decisión que si tuviéramos 300 escaños. A favor de la convivencia entre todos los españoles”.

Como era de esperar, el líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, se escandalizó: “Ha llegado demasiado lejos”, le reprocho durante la sesión de control al Gobierno. El dirigente popular no ha mostrado precisamente una actitud colaboradora con el Ejecutivo, menos aún en asuntos relacionados con el procés. Considera que la decisión de Sánchez puede propiciar que el cambio de ciclo electoral alcance un punto de no retorno y, en consecuencia, lo exprimirá al máximo.

El PP prepara una batalla dividida en dos frentes, el institucional y el judicial

“Revolución silenciosa”

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, esbozó lo que serán las líneas maestras de la estrategia de Pablo Casado para cercar los posibles indultos. En una entrevista en Telecinco, Egea anunció que el PP llevará mociones a unos 8.000 ayuntamientos de España para retratar el “pago político” que a su juicio supone al decisión adoptada por Moncloa.

Considera que es hora de la “resistencia cívica”: "Creemos que los 8.000 ayuntamientos de España pueden ejercer una revolución silenciosa contra este desafío que ha hecho Pedro Sánchez al Tribunal Supremo”.

"Todas las vías son buenas para expresar el malestar que se siente contra este Gobierno", pero indicó que su formación ha decidido iniciar esta vía institucional para que, aparte del PSOE, otros partidos de corte regionalista como el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe, puedan ofrecer su opinión sobre los indultos”.

Y añadió que “creemos que las mociones es una forma efectiva de conseguirlo, para ver qué votaría el PSOE de García Page y si es algo distinto de lo que puede votar el PSOE de Ximo Puig por el hecho de su cercanía o no de Pedro Sánchez”.

Los independentistas ven insuficiente el indulto y piden una ley de amnistía

Además de presionar recurriendo a los consistorios, el PP desarrollará paralelamente una batalla en el frente judicial. Los populares recurrirán al Tribunal Supremo la concesión de los indultos puesto que un partido político, aunque no esté personado en la causa, cree que podría hacerlo.

El PP estaría "preparado para que en el momento en que los indultos se concedan, recurrir cualquier vía de todas las formas posibles al Supremo para que los indultos no se lleven a cabo”.

Sin respaldo de los barones

Retumban tambores de guerra para Sánchez y éste no dispone de su ejército al completo. Los fieles al presidente le seguirán allá donde vaya, pero no es el caso de los barones críticos. Encabezados por el manchego Emiliano García-Page, varios líderes socialistas se han levantado en armas, rebelándose contra la postura definida por Moncloa.

A juicio de Page, la sentencia condenatoria del procés tiene la misma validez y legitimidad que la del caso Gürtel que impulsó la moción de censura socialista que llevó a Sánchez a Moncloa. Considera que los indultos serían “una enorme desgracia” porque “no deben tener perfil político, y menos aún que resulten parecer una transacción”.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se movió en la misma tónica al censurar que "resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible”. La misma hipótesis maneja el presidente de Aragón, Javier Lambán: "Hasta donde yo sé, estos señores no sólo no se han arrepentido sino que han dicho que en cuanto puedan lo volverán a repetir”.

Guerra de expresidentes

Resulta evidente que en las filas socialistas cohabitan dos almas. Por un lado, la de Felipe González, quien en línea con los barones críticos, “no daría el indultos a los presos del procés”. Por otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero, quien argumenta que “esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles queremos, que es que las cosas estén mejor entre Cataluña y el resto de España, que el independentismo pierda fuerza y que el diálogo se recupere”.

Factura electoral

Al igual que los barones, Moncloa es perfectamente consciente de que el indulto a los independentistas tendrá un elevado coste electoral. Los críticos advierten al presidente del Gobierno de que podrían perder a los votantes moderados, lo que daría un vuelco definitivo y decantaría la balanza en favor del PP. Es por ello que Sánchez esperó a que pasaran las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid y es por ello que aborda ahora el asunto, cuando aún queda legislatura por delante para recuperarse y que este espinoso asunto caiga en el olvido.

Pese a que Sánchez pone en riesgo su hegemonía, los independentistas no consideran suficiente el gesto. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, dejó bien claro en una entrevista en TV3 que la concesión de los indultos no modificará ni un ápice la voluntad de los partidos independentistas para que el Congreso vote una ley de amnistía.

A este respecto, fuentes internas de Esquerra Republicana (ERC) consultadas por ElPlural.com aseveran que el PSOE "deberá elegir" entre "el régimen" o "el cambio revolucionario, pero de verdad". "No hay término medio", sentencian.