Personalidades de la jurisprudencia, como el exministro Joaquín Almunia, la jueza y exalcaldesa Manuela Carmena y el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón Crespo, firman este martes un artículo en El País para defender el indulto que estudia el Gobierno para los presos independentistas en Cataluña como "utilidad pública".

Según recuerdan, "el indulto es un acto político propio del Gobierno -previsto en la Constitución y en la Ley de 18 de junio de 1870- que no está vinculado por el informe del Tribunal Supremo y "constituye una medida discrecional del Gobierno que no puede incidir en arbitrariedad, tiene que estar motivado, y, como tal, sujeto a la crítica y a la valoración política".

Los firmantes subrayan que la democracia es un espacio de "debate, de la contradicción, del enriquecimiento de ideas y, por tanto, de la inteligencia", frentea "a una dictadura como la que los españoles sufrimos durante décadas", en la que existía "una sola opinión e incontrastable".

El indulto como "utilidad pública"

"Nosotros, juristas de profesión y amigos del Derecho por decisión, mantenemos la legitimidad y legalidad del indulto y creemos en su utilidad pública. Esta creencia no se basa en la misericordia que nos llevaría a aliviar las penas; o en la discrepancia con el Tribunal que apreció la figura delictiva de sedición y de la que no sentimos necesidad de polemizar", afirman en su escrito.

Estas personalidades se basan en la idea de que el indulto "podría ayudar al apaciguamiento del llamado conflicto catalán y, con ello, a la inauguración de la política como medio de resolución de conflictos", a pesar de reconocer que los condenados del procés insisten en que "volverían a actuar de manera parecida a la que provocó su condena". De ahí que lo que les motive no sea la "compasión".

El tiempo de la política y el tiempo de los jueces

"Los políticos están para tratar de resolver los problemas que afectan a la sociedad, con los medios de que disponen: negociación, intercambio de soluciones, acuerdos…, pero no para generar nuevos problemas llamando a resolver el conflicto a quien, en ese momento inicial, no debería de estar llamado para hacerlo", afirman los firmantes, que sitúan a la Justicia como "el último recurso, en caso de serlo, ya que han de aplicar la ley y no disponen de la flexibilidad conveniente para orillar un conflicto".

Según los autores del artículo, el Supremo "deja fuera de su consideración los aspectos de utilidad pública, de convivencia social, propios del ejercicio del derecho de gracia, y que pertenecen a la acción política".

Justicia y legalidad

"Nadie negará la necesidad de establecer un espacio de diálogo. Nadie negará que a un diálogo se acude sabiendo que el otro tiene también sus opiniones y sus razones, y que ambas partes esperan escuchar opiniones diferentes a las suyas. No se pueden imponer soluciones, hay que negociarlas. Los indultos pueden suponer, seguramente, un punto de partida de ese diálogo", defienden.

"La justicia y la legalidad no siempre coinciden. Recordemos que la legalidad cambia en función de ese desiderátum de alcanzar la justicia", concluyen los firmantes, entre los que se encuentran, además, Francisca Sauquillo, abogada y exeurodiputada; Juan Cano Bueso, catedrático de Derecho Constitucional; Pilar de Prada, notaria; Manuel de La Rocha, abogado y exdiputado; Rafael Escuredo, abogado y exdiputado constituyente; Emilio Ginés, abogado; Javier Ledesma, abogado; Javier Muñoz, abogado, J. Ignacio Navas Oloriz, abogado y notario honorario; Lucía Ruano, magistrada jubilada; Ana María Ruiz Tagle, abogada y exparlamentaria constituyente, y Elisa Beiga, magistrada jubilada .