El 4 de agosto de 2022, Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, registró una solicitud de declaración responsable para acometer unas obras de “acondicionamiento puntual de vivienda”. Reformas que consistían en demolición de tabiques, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, así como alicatados y sanitarios, mobiliario de cocina y falsos techos. Todo ello con presupuesto de 9.816,73 euros destinado a “obras para cambios de distribución y acabados, sin afectar a la estructura, a la vía pública, ni generar escombros”. La pareja de la líder del Ejecutivo regional admite deficiencias en el “estado reformado” en su declaración responsable, comprometiéndose a adecuarlas con arreglo a las “normas urbanísticas” antes del comienzo de las mismas a través de una ampliación de la pertinente declaración.
Estos nuevos datos que se conocen parten de la declaración responsable presentada por el novio de Ayuso. Un escrito que un día después es respondido tanto por el arquitecto técnico del distrito como por el jefe del servicio urbanístico. En el informe hacen constar ineficacias en la declaración responsable. Aducen que las obras no se pueden acometer debido a que la solicitud de González carece de la documentación pertinente, haciendo hincapié en todo lo relativo a los residuos subyacentes a la construcción. Lo controvertido de este asunto no son las carencias de la petición del empresario, sino que la resolución elaborada por los técnicos municipales no se notificó ni al propio González ni a sus representantes, según publica la Cadena SER. La comunicación, en este caso, le competía al Ayuntamiento de Madrid, de José Luis Martínez-Almeida, que hizo oídos sordos.
Pese al rechazo de los técnicos al proyecto de reforma, los trabajos se acometieron, tal y como reconoce el propio González en un escrito remitido por su equipo legal al distrito que data del 14 de octubre de ese mismo año. En él se aporta información adicional sobre las demoliciones y se actualiza el presupuesto, que pasa de los 9.816,73 euros a los 94.289,48. En el escrito se fija el plazo de ejecución de los trabajos en seis meses y se indica que las labores de demolición de tabiques e instalaciones ya se han realizado.
En un nuevo informe de los técnicos de la junta de distrito, del 2 de noviembre de 2022, vuelve a constar la ineficacia de la declaración de González. En consonancia, ordenan el cese inmediato de las reformas y la obligación de restituir los trabajos ya finalizados en tal caso. De nuevo, apuntan a la “inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial” de la documentación aportada por los representantes del empresario. 20 días después, la Coordinadora del distrito emite una resolución percutiendo en la ineficacia de la solicitud, pero no figura una comunicación al interesado. Dictamen que se emite una vez más el 13 de diciembre, a pesar de que González no puede acceder a ella hasta el 22 de ese mismo mes.
Otro expediente
Los problemas se le acumulaban a Alberto González, a quien además del expediente sobre su declaración responsable, se inician los trámites de apertura de otro sobre la autorización para la ocupación de la vía pública para la ejecución de los trabajos. Concretamente, se refieren a la subida de material a través de una grúa. La solicitud corresponde a la empresa Iberlum Aluminio SL, datada del 23 de noviembre de 2022. En ella se requiere la ocupación temporal de la vía pública por un camión de 26 toneladas y 3 ejes en 5 plazas de aparcamiento regulado (S.E.R.) para subir material de la reforma ante la imposibilidad de hacerlo por las escaleras del edificio.
En paralelo, la junta de distrito prepara dos nuevos requerimientos para solicitar la identificación de la licencia de obra, orden y ejecución o declaración responsable que justifique los trabajos y contenga la documentación pertinente. De nuevo, el Consistorio no dio parte al interesado de sendas solicitudes. Sin embargo, tras un nuevo informe de los servicios técnicos en el que se redunda sobre la ineficacia de la declaración responsable de González y la propuesta de resolución de Secretaría del distrito que deniega la solicitud para ocupar la vía pública, el concejal presidente estampa su firma en un decreto el 23 de diciembre de 2022, rechazando el permiso a Iberlum Aluminios.
Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes
