El 7 de enero del año 2020 Pedro Sánchez era investido presidente a lomos de un gazpacho de partidos (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG) que apenas superó por dos votos al bloque del no (167 a 165). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu facilitaron el aterrizaje en Moncloa con sus 18 abstenciones. Ahora, casi tres años después, Sánchez atesora una corpulencia parlamentaria mucho mayor (cosechó una veintena de síes más en sus últimos Presupuestos Generales del Estado) que erige a su Gobierno como uno de los más estables del entorno europeo y uno de los más productivos a nivel legislativo.
El jefe del Ejecutivo encara la etapa final de la legislatura con una robustez parlamentaria que no se veía desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las últimas votaciones en el Congreso dan buena cuenta de ello. Los PGE 2023 recibieron el visto bueno de 187 diputados, que hubieran sido 189 de no ser porque el escaño de Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) sigue desocupado y María del Mar García Puig (Comunes) estaba indispuesta; y la polémica reforma del Código Penal que incluía la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación cosecharon 184 votos favorables. Una holgada mayoría que dista mucho no ya del inicio de la legislatura, sino de principios del año 2022. Cabe recordar que Moncloa comenzó el año salvando la reforma laboral en el Congreso con un único voto, el de Alberto Casero, diputado del PP que se equivocó al pulsar el botón.
Sánchez encara la etapa final de la legislatura con una robustez parlamentaria que no se veía desde tiempos de Zapatero
Uno de los buques insignia del Gobierno de coalición fue aprobado por un error. Esquerra y Bildu se opusieron y los dos tránsfugas de UPN que se saltaron la disciplina de voto pese a haberse comprometido pusieron en serio riesgo la reforma laboral. Moncloa tomó nota del toque de atención y Sánchez apostó por una política de acercamiento a las formaciones independentistas catalana y vasca.
Lo suyo le ha costado, pero la colaboración ha dado sus frutos. Al inicio del mandato, los socialistas evitaban las fotografías con la izquierda abertzale, pero poco a poco, se fueron naturalizando. El paso dado por Arnaldo Otegi pidiendo perdón a las víctimas en 2021 allanó el sendero transitado en 2022. A día de hoy, los grupos parlamentarios despachan casi a diario y la relación es estrecha; hasta tal punto de que Bildu se ha desmarcado de Esquerra en una votación crucial para salvar al PSOE. Ocurrió el 28 de abril. La Cámara Alta abordaba el Plan Nacional de Respuesta a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania y el caso Pegasus (espionaje del CNI a varios líderes independentistas) atizó y desmembró al bloque de la investidura. El decreto, que entre otras muchas cosas incluía la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, estuvo cerca de decaer; pero Bildu, que mantenía y mantiene una enorme colaboración con el Grupo Republicano, votó diferente y salvó el decreto. Su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, concedió a ElPlural.com su primera entrevista tras la votación y alegó que “tenemos un gran sentido de la responsabilidad”.
Desde entonces, Bildu se ha convertido en uno de los socios más fiables de la coalición. Tanto que fue uno de los primeros en cerrar un acuerdo en el marco presupuestario que la propia Aizpurua calificó como “el más ambicioso” de los rubricados hasta la fecha. Logró que la gestión del impuesto a banca y energéticas recayera en las haciendas forales, la prórroga del tope del 2% a las subidas del alquiler hasta el 31 de diciembre del 2023, mantener un año más las subidas del 15% de las pensiones no contributivas, 200 nuevas plazas MIR, inversiones en Memoria Democrática y Transición Ecológica, entre otros asuntos.
Bildu se ha convertido en uno de los socios más fiables de la coalición
Las negociaciones presupuestarias también sirvieron a Sánchez para lubricar su relación con ERC. Empleó dos monedas de cambio. La primera, económica: 900 millones de euros en inversiones a ejecutar desde la Generalitat. La segunda, política. El presidente apostó por avanzar en la agenda de diálogo con Cataluña y derogó el delito de sedición, sustituido por uno de desórdenes públicos agravados. Así, las penas para las autoridades bajan de los 10-15 años a entre tres y cinco. Mismo destino para las inhabilitaciones, que pasaron de los 10-15 años a entre seis y ocho. Con respecto a la malversación, también se rebajan las condenas y se diferencian los casos en los que hubiera lucro personal. PSOE y ERC negociaron una enmienda transaccional para disminuir las penas de seis a cuatro años, no a tres como proponía Esquerra inicialmente. Unidas Podemos manifestó sus “dudas jurídicas” y se desmarcó del pacto, pero lo apoyaron para no hacer peligrar el resto del paquete.
En definitiva, el 2022 ha servido a Sánchez para fortalecer el bloque de la investidura, máxime tras un breve e infructuoso intento de explorar la vía de Alberto Núñez Feijóo. El acercamiento a sus aliados le ha permitido cumplir con el 66,7% de los compromisos adquiridos al comienzo de la legislatura. El resto, un tercio aproximadamente, se encuentran bien en tramitación en Congreso y Senado, o en el estadio final de las negociaciones previas a su aprobación en Consejo de Ministros. El mes de enero hará las veces de termómetro de la unidad, puesto que aún quedan importantes articulados con flecos complicados, siendo Vivienda y Mordaza las más enquistadas.
