No todo es senda de déficit ni partidas de ajedrez en el tablero de la Carrera de San Jerónimo. Junts tiene otras cuestiones de alta prioridad en el corto plazo, como el cónclave ideológico que preparan para finales del mes de octubre, en Calella. Un congreso en el que no sólo estarán en juego el apoyo de los siete neoconvergentes al Gobierno, sino también la doctrina política del partido. 155 páginas que configuran la ponencia política a debate en la convención, con un remarcado golpe de timón a la derecha para contener el auge de fuerzas ultras como Aliança Catalana, según expone eldiario.es. En suma, el objetivo es, por tanto, combatir el “pensamiento woke” y la inmigración a partir de un “modelo catalán de ciudadanía”.
La inmigración será una cuestión troncal. De hecho, la ponencia política arrancará con esta orientación, evidenciando la importancia que Junts le otorga a una ‘problemática’ que en la actualidad es bandera de la ultraderecha. “El debate sobre la inmigración es el debate más importante sobre el futuro de nuestro país”, reza el documento de 155 páginas con el Carles Puigdemont pretender rearmar la doctrina política de su partido, recuperando un esquema más escorado a la derecha y una propuesta estrella en clave migratoria: un “modelo catalán de ciudadanía”.
La cultura woke, en la diana
Los neoconvergentes se darán cita en la convención como primera fuerza del espectro independentista y oposición al Govern de Salvador Illa tras años de travesía. En la cúpula del partido no son ajenos a la epidemia identitaria que se expande por Europa y que ha provocado que líderes socialdemócratas no sólo entren de lleno en el debate de inmigración, sino que, además, endurezcan sus propuestas legislativas en clave migratoria para cerrar la fuga de votantes en dirección a la ultraderecha. Para Junts, esta amenaza es la fuerza de Sílvia Orriols, que comparte caladero con los neoconvergentes en el espectro diestro independentista.
Por ello, los de Puigdemont buscarán a finales de mes reforzar sus postulados con críticas explícitas al “nacionalpopulismo” de Aliança, en un ejercicio de equilibrismo al plantar batalla ideológica al “pensamiento woke”. En cualquier caso, tal y como consta en las 155 páginas de la ponencia, ambas corrientes son para Junts “dos caras de la misma moneda”. Por ello, el recetario que bendijeron los neoconvergentes en 2022 contrasta en términos migratorios con la propuesta que espera ver la luz al concluir el cónclave de 2024.
El manual del ‘buen migrante’
Entre los ingredientes de su plato principal, Junts cuenta con la elaboración de un “modelo catalán de ciudadanía”, inexistente en su doctrina previa a la irrupción de la fuerza de Orriols. Se plantearía, en tal caso, la exigencia a las personas migrantes de cumplir con “deberes claros”, así como poner a su disposición un catálogo de “derechos inclusivos”; aunque todos ellos van vinculados, en primer término, al conocimiento de la lengua catalana.
Ideas que contrastan con la doctrina de 2022, cuando entre los objetivos de la formación predominaban salvas por la “diversidad” y abordar los flujos migratorios con perspectiva “inclusiva, en procesos comunitarios y dialogantes”. Recetas que la irrupción de Orriols ha dejado como obsoletas en favor de una apuesta clara y contundente por “garantizar que la diversidad se gestione en el marco de la catalanidad”. En consecuencia, el “modelo catalán de ciudadanía” sería como una suerte de manual del buen inmigrante catalán, que orbitaría sobre “una cultura y una lengua de obligado conocimiento”, pero también un rosario de valores de “convivencia, trabajo, esfuerzo o igualdad de género”. El documento, por tanto, focaliza la acción en el ámbito de la identidad, evitando cualquier vinculación entre migración y delincuencia; mantra al que han recurrido los neoconvergentes de manera sostenida. Al menos de manera explícita.
Así, desde la formación reclamarán la delimitación de un criterio “homogéneo” en materia de derechos y deberes que “se desprenden de estar empadronado”, así como el establecimiento de “directrices” que, aunque no se profundiza sobre ellas, sí deben orientarse hacia un “mejor reordenamiento” de las carpetas de acogida e integración, en el marco de las ayudas sociales. No obstante, consideran que los migrantes deben poder acceder a clases gratuitas de lengua catalana todos los días de la semana, manifestando que su obligación es “aprenderlo y acreditarlo en un periodo de tiempo razonable”.
Competencias migratorias
En el fragor de estas 155 páginas, Junts camina sobre el traspaso de competencias en inmigración, fruto del pacto con el PSOE. Los neoconvergentes ofrecen algunas pinceladas de la orientación de éstas en caso de recuperar la presidencia de la Generalitat. En tal supuesto, los de Puigdemont establecerían que la Agencia Catalana de Inmigración debería “fijar cuotas”, así como delimitar “las condiciones de llegada, acogida e integración de los extranjeros que lleguen a Cataluña; clara diferencia con el documento de 2022.
Su plan pasa por un modelo que combine “condiciones razonables, claras y conocidas” para el acceso a la residencia, en primer término, y después a la “plena ciudadanía, con derechos y deberes asimilables”. “Funciona mejor que otras alternativas”, resuelven en su propuesta los neoconvergentes, quienes resaltan que el modelo “facilita la integración social y rebaja las tensiones en la sociedad de acogida, que percibe orden y predictibilidad, sin generar un efecto llamada”.
Aun así, a pesar de centralizar el foco en la migración, asumen que “no ha sido uno de los principales problemas” para los catalanes. Al menos así se desprende de las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). No obstante, sugieren que “en los últimos años hay un aumento de encuestados que señalan” la cuestión migratoria como “problema”.
Política fiscal
Pese a que la inmigración capitaliza el grueso de la ponencia, los neoconvergentes no pierden de vista el hueso de la fiscalidad, con una notoria apuesta por una rebaja generalizada de impuestos. A diferencia de la doctrina imperante, Junts abandona las tesis de supresión de figuras impositivas por una tónica de gravámenes bajos. Así, urgen a reducir los tipos máximos de IRPF “al nivel de las comunidades autónomas donde son más bajos”, pero también abundan en los tramos inferiores a 33.000 euros. En este sentido, queda reflejada una apuesta por la reducción del impuesto de sociedades de las pymes del 20 al 15%, en concreto para las empresas que “potencien la innovación y reinviertan beneficios”.
