El Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación por parte del gobierno de Juanma Moreno Bonilla respecto de los contratos aprobados durante la pandemia del Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que se produjera su derogación legal.
Los documentos se rubricaron en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023 y para ello se utilizó un procedimiento de emergencia sin publicidad, ni control, ni concurrencia, además de basarse en una normativa derogada.
El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, valora la resolución judicial aludiendo al “abuso” llevado a cabo por el SAS mediante contratos realizados “a dedo y sin concurso”, lo que promovió un traspaso de recursos públicos a la sanidad privada.
“En el momento en el que el deterioro de la sanidad pública es más grave y claramente denunciado por los pacientes y los profesionales sanitarios, se confirma que los tribunales van a investigar lo que ha pasado durante esos dos años en los que la Consejería de Salud se ha saltado todas las normas de contratación pública y ha derivado recursos públicos a la sanidad privada cuando lo que han crecido son las listas de espera y, sin duda, el deterioro de la propia sanidad pública”, ha emitido el responsable del PSOE-A, quien ha vuelto a exigir “responsabilidades” en sede parlamentaria. “Esperamos que se depuren responsabilidades penales llegado el caso”, reconoce.
300 millones de euros a dedo a empresas privadas
Hace ahora cosa de un año, los auditores del SAS denunciaron el abuso de contratación de emergencia en el ejercicio de 2021 por parte del equipo de Salud de Moreno Bonilla, procedimiento con el que alcanzaron acuerdos por un valor toral superior a los 300 millones de euros, cantidad con la que regaron a empresas privadas “sin justificación alguna”.
El órgano fiscalizador del Gobierno andaluz emitía un documento en el que denunciaba que la Junta había llevado a cabo un uso “indebido” de las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia -esto es, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni previa fiscalización- hasta pasado un año del impacto de la pandemia del Covid, lo que resuelva que ya debieron de haber vuelto a su tramitación ordinaria.
Aquel informe de 138 páginas asegura que, en mayo de 2021, dado que la pandemia “ya estaba muy atemperada”, tendría que haberse contratado “con arreglo a la tramitación ordinaria”; pero el Ejecutivo andaluz mantuvo este modus operandi.
Por ello, el análisis que reprodujo el SAS en septiembre de 2023 reprodujo ser “desfavorable” al Gobierno autonómico al corresponder las operaciones de la Junta con un “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año, cuando se llevaron a cabo 126 expedientes con un gasto de 56,6 millones de euros.
La información de entonces, publicada por elDiario.es, aseguraba que a decisión del SAS de extender este sistema hasta finales de 2021 se basaba en un artículo “plenamente derogado” y que supuso ignorar las órdenes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de abril de 2020 y de la propia Consejería de hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que “el recurso de la contratación de emergencia” para “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.
Es más, los interventores consideraban entonces que el Estado de Alarma en aquel momento no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones sin concurrencia ni publicidad, como se ejecutaban los acuerdos por aquel entonces en la región.
Fraccionamiento abusivo de contratos
En Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla no ha estado exento de polémica durante los últimos años en materia sanitaria. Más allá de las listas de espera que se suceden en los centros de la comunidad o las condiciones de los profesionales, en la última semana salía a la luz que en 2021 la Consejería habría repartido a dedo 458 millones de euros “en fraude de ley” en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.
La propio Consejería de Salud reconoció a ElPlural.com las irregularidades, así como un uso extendido y abusivo de los contratos menores. En declaraciones remitidas a este periódico, el equipo de Moreno Bonilla sostuvo que había rubricado 295.914 contratos menores, aunque defendió que los interventores habían analizado únicamente 573.
La Junta afeaba a los denunciantes de este hecho, a quienes acusaba una “falta de rigor” por “extrapolar” lo que desde el PP consideraron “algunas salvedades” a la “totalidad de contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias”.
