Hay pocas cosas más demoledoras para la credibilidad de un partido que la incoherencia. No hay mayor golpe a la confianza que ver cómo aquellos que han construido su identidad política sobre la denuncia de ciertas prácticas terminan replicándolas cuando el escándalo llama a su puerta. En los últimos meses, Sumar y Podemos han pasado de ser los principales abanderados de la lucha contra la violencia machista a gestionar con una discreción calculada las denuncias contra algunos de sus rostros más emblemáticos. Lo que antes era una exigencia de transparencia y una condena sin matices, ahora se ha convertido en evasivas, declaraciones ambiguas y decisiones que llegan tarde. ¿Autocrítica? Ni está ni se le espera.
La izquierda, que ha hecho del feminismo una de sus banderas más visibles, enfrenta una de sus mayores pruebas: demostrar que sus principios no son solo retórica cuando los acusados están dentro de su propia casa.
Podemos y Sumar, atrapados en su propia incoherencia
Tanto en Sumar como en Podemos, la gestión de las denuncias ha seguido un patrón que choca con su discurso oficial. Exigieron transparencia y contundencia cuando los acusados eran ajenos a su espacio. Una contundencia que ha brillado por su ausencia cuando las acusaciones han apuntado a figuras de sus propias filas. Además, la respuesta interna ha sido insuficiente. Aunque en ambos casos se argumentó la protección de las víctimas para evitar hacer públicas las denuncias, la falta de transparencia alimentó la percepción de encubrimiento.
Falta de explicaciones claras, un silencio atronador y decisiones tardías han generado una crisis de credibilidad dentro del electorado progresista. Un electorado que a su vez arrastra un hartazgo cada vez mayor por todas las promesas inconclusas.
Los casos de Errejón y Monedero deberían servir como una llamada de atención para que las formaciones políticas progresistas revisen y fortalezcan sus protocolos. No basta con denunciar las fallas del sistema cuando afectan a otros partidos; es imperativo que la izquierda sea coherente en la aplicación de sus propios principios.
Si Podemos y Sumar aspiran a mantener la confianza de su electorado —o, al menos, a no tratarles como a niños—, deben liderar con el ejemplo y demostrar que su compromiso con la lucha contra la violencia machista no es solo un discurso, sino una acción firme y efectiva.
Más allá de la gravedad de las acusaciones, el tratamiento de estos casos resulta especialmente llamativo porque Sumar y Podemos han construido gran parte de su identidad política en la denuncia de este tipo de dinámicas. Ambas formaciones han sido firmes defensoras de la lucha contra la violencia machista y han impulsado políticas y discursos que exigen una respuesta contundente ante cualquier sospecha de abuso o encubrimiento. Sin embargo, cuando estos señalamientos han afectado a sus propias filas, su gestión ha estado marcada por la opacidad, la falta de medidas claras y, en algunos casos, decisiones contradictorias que han generado malestar incluso dentro de sus propias bases.
En estas líneas ni me voy a parar a repasar las declaraciones que han ofrecido al respecto Ione Belarra, Irene Montero o las dirigentes de Sumar. Pero sí me gustaría rescatar una respuesta que recibía recientemente Lola Sánchez Caldentey, exeurodiputada de Podemos que sufrió acoso en mayo de 2014 durante un acto de campaña de las elecciones europeas. “Los votantes de izquierdas tenemos cosas más importantes en las que pensar que si Monedero es un baboso. A la derecha seguramente le interesa más”. Suyas con las conclusiones.
