Las últimas semanas se ha producido un importante revuelo mediático por las decisiones de varios youtubers de trasladar su lugar de residencia a Andorra, evitando de esta manera pagar impuestos en España. En efecto, mientras el tipo marginal del IRPF en nuestro país puede estar alrededor del 45% o incluso más, dependiendo de las comunidades autónomas, el impuesto sobre la renta que se paga en Andorra se sitúa alrededor del 10% sobre el total de la renta. La tentación es muy grande, y como nos ha enseñado la economía conductista, es bastante probable que la reflexión que hayan hecho para justificar su decisión se haya realizado a posteriori. Y ahí, parafraseando la famosa frase de Upton Sinclair, es muy difícil que alguien comprenda algo si no comprendiéndolo puede pagar menos impuestos. 

La opinión pública ha generado un debate sobre la bondad de sus decisiones. Mientras unos se refieren a ellos como insolidarios, otros los han elevado a la categoría de héroes, mostrando el camino para la desconexión fiscal de las clases altas: si existen paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales. Y no les falta una parte de razón: si se abolieran los impuestos no existirían los paraísos fiscales. Tampoco existirían la sanidad y la educación públicas, las carreteras ni la policía, ni siquiera el estado de derecho. Pero Andorra es un destino para las grandes rentas no porque sus impuestos sean bajos -que lo son- sino porque son más bajos que en otros países. 

Los que los llaman insolidarios claman contra el desierto: la decisión de trasladar tu lugar de residencia por motivos económicos es completamente legal y, diríamos, racional. Si en España tienes una renta neta de 100 y en otro país te ofrecen una renta neta de 200, uno debe calcular si le compensa personal y económicamente, y si es así, lo racional es terminar emigrando. Apelar a la solidaridad social o al sentimiento de comunidad, incluso, como algún aprovechado ha intentado, al sentimiento patrio, es equivocar profundamente el debate. Lo racional es trasladarse. Así lo han hecho en el pasado numerosos artistas, deportistas y personas cuya movilidad internacional es tan alta que su paso por tu tierra de origen es marginal. Otra cosa es que se simule residir en Andorra y seguir paseándose por Madrid o Barcelona, lo cual sería motivo de investigación como fraude fiscal, pues la ley considera que eres no residente en España cuando pasas menos de la mitad del año en su territorio. No deberíamos tener la menor duda de que hacienda vigilará hasta el segundero cuánto tiempo pasan los expatriados en su nuevo país. 

La pregunta fundamental que debemos respondernos es: ¿por qué los youtubers se van a vivir a Andorra y siguen ingresando dinero por su actividad económica en España? La respuesta es sencilla: porque pueden hacerlo. Mientras que otros trabajadores necesitan tener una presencia física en España para poder desarrollar su actividad económica, los Youtubers pueden emitir desde cualquier parte del mundo y recibir las mismas retribuciones por parte de Youtube, la publicidad y sus operaciones de merchandising. Los youtubers no son amateurs con un micrófono y una cámara: nadie que gane lo que ganan ellos lo es. Es una verdadera industria muy bien asesorada con especialistas que los acompañan en su toma de decisiones. Optimizan sus rentas como lo haría una empresa -como de hecho lo hace Amazon, Google o Apple- aprovechando su capacidad de facturar en cualquier parte del mundo a partir de una interpretación difusa de la localización donde genera el valor económico para sus patrocinadores, sus anunciantes y su plataforma -sea esta Youtube, Instragram o cualquier otra.

Entrar en un debate moral con ellos es un grave error y deberíamos evitarlo. Ninguno es especialista en fiscalidad y sus argumentos, por lo que hemos podido oír, son los mismos que manejaría cualquier persona en una barra de bar. Solo que ellos, en vez de dispersarlos en una barra, los distribuyen a cientos de miles de seguidores cada semana. El enfoque adecuado es tomar la industria del streaming como parte de las actividades online que España debe incorporar al debate sobre la fiscalidad internacional de la economía digital. Así que más que forzar careos innecesarios y contraproducentes, como los que hemos visto en una televisión que de repente ha puesto en ellos el punto de mira, deberíamos preguntarnos cómo podemos hacer para que las actividades económicas que se desarrollan en nuestro mercado contribuyan a nuestra sociedad, con independencia de donde se sitúen la residencia de quien lo genera. O somos capaces de evitar el arbitraje fiscal no sólo de los youtubers, sino otros modelos de negocio digitales, o corremos un grave riesgo a medio y largo plazo. La tasa Google es un paso en la buena dirección, pero tendremos que examinar otras acciones con las que ser capaces de recaudar de actividades económicas que, basándose en la ubicuidad de la red, aprovechan las diferencias impositivas entre jurisdicciones para maximizar sus beneficios netos a costa de no contribuir al bienestar común de las sociedades donde hacen negocios. La cooperación internacional es absolutamente imprescindible. El reto no son estos jóvenes -como no lo fueron los futbolistas-, el problema es, casi siempre, el modelo de negocio sobre el que actúan.