Lunes convulso no solo en el panorama nacional, la semana comienza con una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) que se encuentran ultimando la propuesta para topar el precio del gas en el Viejo Continente. Tras varias reuniones, la última propuesta de los Estados miembro pasa por fijar el precio máximo en los 188 euros el megavatio hora (MWh)
En un parlamento enfrentado, los Veintisiete tratan de acercar posturas. La anterior propuesta conocida el jueves, establecía un tope de 200 euros el MWh. Sin embargo, el Parlamento europeo continúa dividido. Por un lado, los Estados que defienden un tope al gas más bajo, bloque liderado por España con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Por otro, Países Bajos y Alemania que desde la propuesta inicial se han mostrado muy reticentes a intervenir en el mercado.
La propuesta se sitúa ya muy lejos de la inicial de 275 euros el MWh que hizo que países como Grecia, España o Bélgica no tardarán en mostrar su oposición. Ribera, muy dura con esta primera proposición, llegó a calificarla como “una broma de mal gusto”. No obstante, gracias a la capacidad de negociación, el tope que se encuentra ahora mismo sobre la mesa es un 32% menor.
La reunión trabaja a contrarreloj tras el ultimátum que les dieron el pasado jueves los líderes europeos a fin de contar en 2023 con un mecanismo de intervención para evitar picos de precios excesivos en el mercado europeo.
A esta hora, la totalidad de los ministros de Energía de los Veintisiete trabajan para salvar la unidad, ante el escenario de realizar una votación por mayoría cualificada y dejar en minoría a Alemania, tal y como propuso España el pasado viernes.
Según el texto puesto sobre la mesa por República Checa, si el precio de referencia es inferior a 153 euros, el límite de puja dinámica se mantendrá en la suma de 153 euros más el diferencial de 35 euros, para conformar un precio tope de 188 euros.
El mecanismo de corrección de mercado se empezaría a aplicar a partir del 1 de febrero de 2023 y se encargaría a las agencias europeas de energía como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) analizar sus efectos en los mercados financieros y energéticos y en la seguridad del suministro, para verificar si los elementos clave del mecanismo de corrección del mercado son los apropiados.
