Ante un complicado contexto europeo, asolado por la inflación, la incertidumbre y los altos precios de la energía, consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y de la dependencia del Viejo Continente con el gas ruso, Bruselas ha comenzado a blindarse tomando medidas para fortalecer su respuesta en un intento por soslayar y minimizar las consecuencias de la crisis realizando una reforma del mercado eléctrico que sirva tanto a corto como a medio plazo. Ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la encargada de fijar el rumbo y anunciar una serie de medidas con clara ‘marca España’: desde los topes al gas hasta el ahorro de energía, pasando por los impuestos a las energéticas y la reconfiguración de los sistemas de suministros.

Estas medidas, propuestas por el Gobierno de Sánchez y adelantadas por el Ejecutivo pese a la oposición desleal y el rechazo sistemático del Partido Popular, con líder conservador Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, suponen un claro alivio de la espiral inflacionaria en la que se encuentra inmersa Europa y pretende ser emulada por otros estados miembro.

El pasado miércoles, la propia Von der Leyen anunció que se impondrá un tope a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, ya que “millones de europeos necesitan apoyo para pagar sus facturas de energía": “Algunas empresas producen electricidad a bajo costo y obtienen grandes márgenes. Proponemos un tope a sus ingresos que recaudará más de 140 mil millones de euros", ha explicado la dirigente europea.

Una medida que no ha dejado de levantar ampollas en el PP, puesto que la medida propuesta por la líder del Ejecutivo comunitario va en línea con lo que ya proponía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde hace meses asegurando que el reparto de los costes de esta crisis debía ser diferente a la de 2008: “Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría", indicaba Sánchez el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados adelantando la decisión de poner en marcha dos nuevos impuestos para eléctricas y banca, ambos impuestos apoyados el pasado martes por el Congreso de los Diputados con la oposición de la derecha.

Las medidas de Bruselas que emulan el modelo español

Al margen de este impuesto a las petroleras y gasistas de un 33% sobre su nivel de beneficios extraordinarios, reclamado por el Ejecutivo tiempo atrás y rechazado frontalmente por la oposición española, Bruselas también acordó este martes imponer un ahorro del 5% en el consumo de eléctrico durante las horas pico para todos los Estados miembros. Una petición que también se alinea con el plan de ahorro energético puesto sobre la mesa por el Gobierno de España y respaldado por el Congreso de los Diputados el pasado jueves 25 de agosto en el pleno extraordinario fijado por Sánchez.

Con esta aprobación, el Congreso abría el camino al ahorro energético adoptando medidas como limitar el uso de la calefacción y el aire acondicionado, apagar los escaparates no necesarios durante las horas en las que los comercios no permanecen abiertos y fomentar el transporte público, con una gratuidad del ferroviario y una subvención del 30% al autonómico. Un pack de tres medidas principales para, en declaraciones de Sánchez, “hacer frente al chantaje de Putin”.

El PP, entonces, envalentonado por el buen resultado de las encuestas se opuso, llegando a retar al presidente del Gobierno a un debate en el Senado para abordar de forma conjunta la respuesta española a la crisis energética. De aquel debate, del que Feijóo salió escaldado, salió la promesa popular de hacer llegar a Moncloa un paquete de medidas redactado por Génova: llegó, pero una semana tarde, con medidas recicladas -algunas ya en funcionamiento- y unas conclusiones directamente copiadas del documento realizado por el gobierno de la Xunta de Galicia, anteriormente dirigido por el mismo Feijóo.

Cabe recordar que, pese a la contrariedad del principal partido de la oposición, estas medidas en las que España fue un país pionero fueron copiadas con escasos días de diferencia por países como Alemania, Italia o Francia y que ahora propone implantar Bruselas.

El tope al gas: El PP de Feijóo contra el PP europeo

Un caso similar es el de la excepción ibérica. Tras el debate celebrado el pasado 25 de marzo, bronco y de vital importancia para España, el líder del Ejecutivo pudo salir de Bruselas con la satisfacción del trabajo realizado: España y Portugal se convertían en isla energética y la excepción que permitiría topar el precio del gas era una realidad.

Desde entonces, las acusaciones del PP han sido de lo más variopintas: de “timo ibérico” a acusar al Gobierno de Sánchez de estar financiado la crisis a Francia, tal y como declaró el alcalde de la Capital, José Luis Martínez Almeida. No existe líder del PP que no haya mostrado su rechazo con una excepción ibérica aplaudida por Bruselas, incluso por aquellos como Alemania que se opusieron en primer momento: “Sánchez ha sabido defender de forma extraordinaria los intereses de su país”, llegó a decir el canciller Olaf Scholz en una rueda de prensa realizada de forma posterior a recibir al presidente español.

Lo que entonces causó controversia, ahora es una realidad: es necesario desacoplar el precio del gas del precio final de la energía. La forma de calcular la energía está obsoleta y arrastra a los Veintisiete a una crisis cercana, devastadora para países con mayor dependencia energética con Rusia. “El gas no puede seguir marcando el precio de la energía”, afirmó el pasado miércoles von der Leyen, reconociendo así que España tenía razón desde hace cerca de seis meses.

Petición de alarma al respecto fue lanzada por la propia Comisión Europea durante este fin de semana a través de Twitter, petición que posteriormente desapareció de la red social.

 

Sobre los topes al gas, la Unión aún no tiene nada decidido. A lo largo de estas semanas se ha hablado de convertir la excepción ibérica en una excepción europea, pero su implementación parece complicada y los expertos y los ministros de Energía siguen debatiendo. Otra opción es topar el gas en los países con mayor dependencia, tal y como exige Alemania, ahogada por una situación de inestabilidad que ya empieza a provocar revueltas en las calles.