La semana pasada, el Banco de España presentaba su informe anual 2021, en el que señalaba el importante impacto desigual que está generando la inflación en el conjunto de los hogares. En efecto, los precios suben para todas las familias, pero el impacto es desigual porque ni todas las familias consumen y ahorra al mismo nivel, ni todas las familias consumen los mismos bienes. De esta manera, las familias más vulnerables se encuentran en peor situación para hacer frente a la subida de precios, y las medidas tomadas hasta el momento, como el aumento del Ingreso Mínimo Vital y la subvención al precio de la gasolina, sólo les afecta de manera muy marginal, pues al final, son pocas las familias que tienen acceso al IMV, y el consumo de combustible no es lo que más caracteriza a las familias con ingresos más bajos, de manera que la familias con ingresos más altos son las que más se benefician de la bonificación, como ya están demostrando numerosos estudios. Al tiempo que eso ocurre, nos llegan las primeras noticias de recortes en los servicios públicos de transporte, como en el Metro de Madrid y en algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes de la Capital, de manera que la solución que han encontrado sus gestores para hacer frente al alza de precios es reducir su frecuencia. El resultado de este proceso es que no sólo tenemos familias con un mayor impacto por la subida de precios, sino que además los servicios públicos que deberían intensificarse precisamente en un contexto de crisis económica son reducidos para evitar mayores costes.

Es evidente que las circunstancias invitan a que las medidas acordadas a finales de marzo se prorroguen durante un tiempo más. La pequeña caída de los precios de Abril -y previsiblemente de Mayo- reducirán la presión pero no mitigarán los efectos sociales, que seguirán siendo relevantes, y el precio del petróleo, que parecía ceder algo al inicio de la primavera, sigue estable por encima de los ciento diez dólares el barril, anticipando un verano que, salvo movimientos significativos en los mercados, señalan cierta continuidad en el nivel de precios. Así que, con bastante probabilidad, las medidas se prorrogarán.

La cuestión aquí es preguntarse si las medidas tomadas para una situación de crisis aguda, como la que se desarrolló en marzo, son las adecuadas para una crisis crónica como la que tenemos por delante. Es posible que no, y si la situación social se prolonga, quizá haya llegado el momento de diseñar políticas que vayan con mayor precisión hacia las personas más vulnerables, evitando subvencionar el combustible a las clases medio-altas y altas, que tengan menor coste fiscal global y que, por lo tanto, sean más sostenibles en un contexto de consolidación fiscal en el que estamos.

No es la primera vez que medidas tomadas para pasar una crisis considerada pasajera terminan convirtiéndose en estructurales al no remitir el chaparrón. La consigna ha sido siempre intervenir lo mínimo posible. Así, en 2008 se prefirió intervenir lo mínimo en el sector financiero esperando que la crisis amainara pronto -no lo hizo- y en 2020 el principal estímulo propuesto, aparte de los propios ERTE -que han mostrado ser un poderoso instrumento- fueron las medidas de liquidez. Cuando llegaron en 2021 las medidas de solvencia, lo hicieron con una ejecución relativamente baja y con algunos de los instrumentos, como el fondo de solvencia para empresas estratégicas, con poca capacidad de respuesta. Esta ausencia de impulso fiscal nos ha costado ser el país que menos ha crecido desde el estallido de la crisis de la pandemia.

Ahora la situación es diferente y no podemos esperar un impulso fiscal que nos saque de esta situación. Bien al contrario, un impulso fiscal excesivo sería, puede, incluso contraproducente. Pero tanto el Banco de España como el Fondo Monetario Internacional están pidiendo medidas de apoyo para los más vulnerables que les ayude a pasar este momento de la mejor manera posible. Apoyos muy medidos y muy bien diseñados para los que hemos tenido tiempo desde febrero de este año. Esperemos que en esta ocasión podemos desarrollar un marco preciso de ayudas dirigidos a los más vulnerables, y sustituir el actual paquete de apoyo por medidas mejor pensadas. En marzo, la premura de la situación obligaba a tomar medidas que, si bien no eran todo lo progresivas que se podría esperar, estaban justificadas por la necesidad de actuar con celeridad. Ahora hemos tenido tres meses para pensar qué hacer si la crisis se prolongaba. En breve veremos los resultados de esta reflexión. Si el gobierno decide continuar con el actual marco de apoyo durante el verano o incluso más allá, no estará aprovechando la oportunidad de estructurar un plan quizá menos costoso pero más dirigido. Si sustituye el plan actual con medidas a medio plazo dirigidas específicamente a los que más están sufriendo la situación, habrá acertado. Veremos.