La semana pasada ha sido particularmente relevante en el ámbito económico: hemos por fin conocido los primeros efectos de la guerra de Ucrania en nuestra economía, con una desaceleración en la creación de empleo certificada por la Encuesta de Población Activa, unos resultados económicos de primer trimestre por debajo de lo esperado, un dato de inflación que invita a pensar en que quizá hayamos pasado ya el pico, aunque con una inflación subyacente todavía creciente. Un panorama ambivalente que señala con datos lo que la mayoría de los analistas habían ya intuido: que el impacto económico de la guerra iba a ser agudo y que, en principio, se concentraría en los meses de primavera.

Consistentemente con estas perspectivas, el gobierno de España ha actualizado sus previsiones económicas para situar el crecimiento esperado en el año en el 4,3%, en línea con lo previsto por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, y tres puntos menos de lo inicialmente anunciado. Se trata de un recorte mayor que implica una visión realista de lo que puede ocurrir en los próximos meses en nuestra economía.

No han sido las únicas noticias que se han concentrado en esta semana: el congreso convalidó el decreto de medidas de lucha contra las consecuencias de la crisis, se alcanzó un acuerdo sobre la nueva regulación del mercado de la energía, y el Gobierno presentó tanto el programa de estabilidad -que implica la senda de reducción de déficit público hasta 2025- como el segundo informe de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, pidiendo así el segundo desembolso tras rendir cuentas de las actuaciones desarrolladas durante el primer año de vigencia del plan. En definitiva, los planes del gobierno se están cumpliendo no tanto según lo previsto, pero sí según lo previsible dadas las actuales circunstancias de altísima incertidumbre. De lo que nadie podrá acusar al gobierno es de pasividad.

¿Y qué podemos esperar para los próximos meses? Quedan todavía algunos instrumentos por activar, como el eventual pacto de rentas, que permita establecer una senda de recuperación del poder adquisitivo de los salarios que no acelere la ya alta inflación. De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, con una inflación que terminará en 2027 en un 1,7%, la senda de recuperación de los salarios debería buscar subidas, en los próximos años, de alrededor de un 3% anual. Mientras eso no ocurra, los salarios no recuperarán su poder adquisitivo. Pactar una senda de este estilo es una condición relativamente novedosa en nuestra economía, pero no hacerlo ya sabemos a donde nos lleva. Entre 2009 y 2020, el salario medio en España había crecido un 9%, mientras que el nivel de precios lo había hecho un 12%. Este diferencial de poder adquisitivo se amplía cuando hablamos del abanico salarial: mientras el 10% de salarios más bajos había crecido un 5% entre 2009 y 2020, el 10% de salarios más altos lo había hecho un 12%, en línea con la inflación. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la aprobación de la reforma laboral, que reequilibra el poder negociador de los sindicatos, la caída de la temporalidad y el aumento de la afiliación apuntan a que es bastante probable que los salarios tengan una tendencia al alza en los próximos años, entre otras cosas, por el notable estancamiento que han mantenido en la última década. Las medidas del plan de Recuperación deberían también servir para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas y facilitar así un crecimiento de los salarios en ese tramo empresarial. Un pacto de renta podría poner la brecha para avanzar conjuntamente evitando efectos inflacionarios de segunda vuelta y reforzando el papel que los agentes sociales se han ganado en la gestión de la crisis de la pandemia, cuyo saldo debe considerarse como netamente positivo, tras casi una década de descrédito y de erosión institucional. Los diferentes acuerdo alcanzados, la negociación de los ERTE, la propia reforma laboral, y el pacto -intermitente, eso sí- en el Salario Mínimo Interprofesional, apuntan a que los mimbres para una negociación abierta y estratégica está al alcance de la mano. Es una lástima que no todos, en el ámbito de la concertación social, lo vean así, como también lo es que haya quien, desde el punto de vista político, bombardee estos acuerdos porque no casan con sus cálculos electoralistas. Como los efectos de la crisis de precios se notarán en los próximos meses y años, la necesidad de este pacto de rentas difícilmente va a perder su actualidad, y es bastante posible que se vuelva sobre el mismo en los próximos meses. Esperemos que entonces actuemos con mayor determinación y audacia de la demostrada hasta el momento.