La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados para poner de manifesto los cambios en la tarifa regulada PVPC que tienen como consecuencia tratar de estabilizar la factura de la luz. Ribera ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos, escudándose en que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales.

“Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario”, ha afirmado la vicepresidenta tercera, que cree que “es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario; eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones más intereses, a veces en ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico -modificado en la etapa de gobierno del Partido Popular en 2012-, con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”

Además, Ribera ha asegurado durante su comparecencia que el Gobierno continuará su lucha en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aún a costa de los beneficios de las compañías. En este ámbito ha encuadrado el Fondo Nacional de Sostenibilidad y los mecanismos aprobados para rebajar los llamados beneficios caídos del cielo. Ambas medidas acaban de iniciar su tramitación en el Congreso.

Culpa a las hidroeléctricas

Por otro lado, Teresa Ribera, ha acusado a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar "ninguna empatía social", ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la electricidad de más de la mitad de las horas durante los últimos meses. De hecho, ha sido la generación de electricidad hidroeléctrica, y no las centrales de ciclo combinado (que recurre al gas natural), la energía más cara y la que ha marcado el precio en el mercado mayorista en el 65% de las horas de junio, del 64% de las de julio y del 59% de las de agosto.

"Aunque suena a broma, la empatía cotiza en Bolsa", ha señalado la vicepresidenta, indicando que los inversores de las grandes compañías "responden por principios de sostenibilidad social también". Para hacer frente a estas situaciones, Ribera asegura que está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas - que recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales- para "tener orden" en este tipo de concesiones.

Por otro lado, la ministra ha abogado por la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para estudiar las causas de las constantes subidas del precio de la luz. Una propuesta que plantearon Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias con anterioridad.

La ministra ha admitido que esta situación de sucesivos máximos históricos en el precio de la luz responde a “cuestiones complejas para las que es fundamental tener un diagnóstico correcto” y ha mostrado la “total disponibilidad” de su Departamento para aportar la información y testimonios que se le reclamen.


Las previsiones de los técnicos de Hacienda

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que la recaudación tributaria sobre la energía en España -excluidos los tributos de combustible de transporte- presenta un diferencial negativo de 0,26 puntos porcentuales del PIB respecto a la media europea, con lo que cuenta con margen para recaudar 3.200 millones de euros más. De hecho, según el sindicato, para el conjunto de la energía, España tiene un déficit recaudatorio de unos 4.841 millones de euros.

Por su parte, Gestha, destaca que, la bajada de impuestos no ha sido eficaz para frenar la escalada del precio de la luz y califica las bajadas de los impuestos como una medida coyuntural de alivio a los consumidores, pero considera necesario adoptar otras medidas que solucionen la causa de este problema. En concreto, señala que el precio del megavatio/hora es tres veces más caro que en 2020, cuando el IVA estaba al 21% y se exigía el impuesto a la producción de energía.

Por su parte, los técnicos de Hacienda advierten de que es muy evidente que el sistema marginalista de fijación de precios de la energía no es eficiente para España en este momento, por lo que proponen: frenar la sobrerretribución de nucleares y centrales hidráulicas, o, en caso contrario, exigir un recargo tributario a las grandes empresas eléctricas sobre dichos beneficios extraordinarios.

Por otro lado, suspender temporalmente las operaciones de futuros sobre los derechos de emisión de CO2, tal como la ESMA y la CNMV suspendieron las operaciones en corto contra las acciones del capital social de las empresas estratégicas de nuestro país en la anterior crisis financiera.

Para finalizar, realizar un examen exhaustivo del mercado eléctrico por la CNMC, así como fomentar las pequeñas instalaciones de energías renovables, principalmente para el autoconsumo.