La reforma de las pensiones que tanto costó a José Luis Escrivá, otrora ministro de Seguridad Social, sacar adelante podría no ser definitiva. El Informe de Envejecimiento de 2024 publicado este viernes por la Comisión Europea ha dado malas noticias al Gobierno al apuntar a un incremento no previsto del gasto en pensiones de hasta 3,3% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de cara 2050. Esta valoración llega a tan solo un año de que se produzca la evaluación de la reforma vigente, contemplada en la norma para supervisar si el gasto está creciendo más de lo previsto.

“Las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070", traslada Bruselas, lo que pronostica una obligada revisión en 2025. Si se cumplen las previsiones europeas, el Ejecutivo de coalición deberá implementar medidas que corrijan el desfase o, de lo contrario, entrará en vigor de forma automática una sobrecotización de empresas y trabajadores a cinco años vista, un mecanismo que asciende a los 0,8 puntos sobre PIB.

Esta herramienta de escape se activaría si el gasto en pensiones asciende hasta el 15% sobre el PIB, un 13,3% si se descuentan las medidas de ingresos adicionales también contempladas en la reforma. Su activación automática está fechada a partir de marzo del próximo curso si se supera el umbral promedio. El Gobierno no coincide con el análisis europea al atender a un crecimiento económico medio del 2%, que situaría el gasto sobre el PIB en el 14,2%, 12,4% restadas los mecanismos de ingresos.

Sin embargo, Bruselas estima que el gasto ascenderá hasta el 14,3% en 2030, el 16,2% en 2040 y el 17,3% en 2050. Estos datos convertirían a España en el país con mayor aumento de gasto en pensión de toda la Unión Europea, principalmente por la revalorización anual de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y de la sustitución del anterior factor de sostenibilidad por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Pensiones más altas y que no pierden poder adquisitivo con la inflación, pero que elevan el gasto público.

"El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones", recoge el documento de Bruselas. La Comisión también apunta que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB.

El Gobierno defiende la reforma

Por su parte, el Gobierno se agarra a las medidas de ingresos planteadas y a la valoración de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo prevé que estas medidas de ingresos vía sobrecotización aporten una media del 1% de PIB en el periodo 2022-2050, lo que dejaría el gasto en el 14,1%. Este porcentaje se aleja en ocho décimas del 13,3% con el que se activaría automáticamente la herramienta que acarrearía una nueva subida de las cotizaciones, espacio que el Ejecutivo quiere recortar.

Desde Seguridad Social defienden que para el cálculo de la AIReF han quedado excluidas variables aprobadas por la reforma que cerrarían las diferencias de ambas previsiones: destope de la cotización máxima, cuota de solidaridad para los sueldos más elevados y sobrecotización interpuesta por el MEI. Además, el crecimiento del empleo y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) elevan los ingresos públicos al incrementarse las cotizaciones. En suma, el Gobierno considera un incremento de ingresos del 1,2% y del 0,6%, respectivamente, por ambos aspectos. De contemplarse este cálculo y cumplirse, no sería necesario el reajuste.