La Comisión Europea parece lanzada a combatir la deuda pública de los países miembros con su nueva reforma fiscal. El establecimiento de un máximo del 3% del déficit sobre el PIB en los presupuestos generales de los países y un límite del 60% de la deuda pública son los parámetros que ya conocíamos. Además, para evitar consecuencias negativas en determinados países, el Ejecutivo europeo tiene claro que los planes deben ser individualizados y adaptados las características de cada Estado, pactados bilateralmente y supervisados por la Comisión. Ahora, para desarrollar esta línea de actuación, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen quiere apoyarse en las autoridades fiscales de cada país, como confirman fuentes europeas a ElPlural.com
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, más conocido como la AIReF por sus siglas, sería la encargada de este cometido en España. De esta manera, los planes de estabilidad serán diseñados por los expertos europeos que, a su vez, buscará contar con el asesoramiento de las autoridades fiscales antes de la aprobación de los textos. No obstante, independientemente de las opiniones que puedan ser expresadas por estos órganos, la decisión final corresponderá al Consejo Europeo, conformado por los Veintisiete. Estos planes, pensados a cuatro años visto, podrían alargarse hasta siete años, lo que agudiza la importancia del diseño de una política que, de ser solicitado por los Gobiernos, podría prolongarse en el tiempo.
No habrá que esperar mucho tiempo para conocer si esta línea política se asume, ya que, este miércoles 9 de noviembre es el día que la propia Comisión Europea señaló en el calendario para presentar su propuesta fiscal. El tiempo que se prolongará la consecución de un acuerdo sobre una política fiscal común es otra cuestión que puede alargarse, más conociendo los tiempos que suele gestionar el pleno europeo. La posible negativa de algunos países (Países Bajos o Alemania) que consideran que el plan es excesivamente permisivo podría empañar los planes de von der Leyen.
Sin embargo, estos planes adaptados son necesarios para países como España, Portugal, Italia o Francia, entre otros, que cuentan con una deuda superior al 100% del PIB. De mantener la norma actual, suspendida desde el comienzo de la pandemia por la imposibilidad de su cumplimiento, los países miembros estarían obligados a reducir su deuda a un ritmo anual que corresponda a la veinteava parte de la deuda que se sitúe por encima del 60%. Estas exigencias resultan imposibles de asumir para los países con una elevada deuda, más en estos momentos de crisis, por lo menos no sin sufrir una grave recesión. Debido a esto, Bruselas ha planteado planes individualizados que no mermen en demasía a ninguno de los socios.
Desde el Gobierno de España, encabezado en esta cuestión por Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, existe la convicción de que se cumplirán con los objetivos de reducción de deuda, pero sin perjudicar al crecimiento económico y al empleo. "Estamos en un momento en que hay que aceptar que el BCE y los distintos gobiernos tenemos que articular bien nuestras políticas económicas para garantizar que controlamos y moderamos la inflación sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo", aseguraba Calviño este lunes.
De acometerse finalmente estos planes individualizados, estaríamos ante una victoria de gobiernos como el español, que han luchado por políticas individualizadas y adaptadas a cada país para evitar el desmoronamiento de las economías más endeudadas. Determinante es la aprobación de una nueva reforma fiscal que evite la fijación de objetivos genéricos que no contemplen las variables económicas de los miembros.
