Sea cual sea la política incentivada, propuesta o aprobada por la Comisión Europea, independientemente de que cuente con un apoyo mayoritario de los países miembros, parece que Países Bajos siempre encuentra un resquicio para oponerse. El liberalismo neerlandés, encabezado por su primer ministro, Mark Rutte, se resiste desde La Haya a dar su apoyo a las medidas sociales y económicas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis energética y reducir el elevado precio del gas. A esto, se suma ahora un endurecimiento de su posición con respecto a la reforma fiscal que se prepara en Bruselas.
A través de una carta, firmada por la ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, el país europeo ha pedido una mayor dureza en la política fiscal europea que no conceda tregua ni excepcionalidades a los Estados con una situación más complejo o de deuda más elevada. Nuevamente, siguiendo la senda marca por Alemania, Países Bajos exige rigurosidad en medio de una crisis que está azuzando a la población europea y a la que algunos países están respondiendo con medidas sociales que eviten que sean las familias las que vuelvan a pagar el pato. Por supuesto, estas medidas requieren mayor gasto y pueden acrecentar la deuda o, como mínimo, imposibilitar su reducción a gran velocidad; situación que parece no contemplarse en La Haya.
“Deben establecerse salvaguardias claras para garantizar que la Comisión y el Consejo tomen medidas cuando los Estados miembros no cumplan las normas, incluida la aplicación de los procedimientos de déficit excesivo. Esto es especialmente importante para los países con alto riesgo de sostenibilidad de la deuda”, refleja la misiva enviada a Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Ejecutivo europeo y responsable del área económica. De esta manera, el Gobierno neerlandés vuelve a reclamar dureza y lanza un dardo directo a países como España, Italia, Grecia o Portugal. Este posicionamiento recuerda al discurso peyorativo utilizado por el norte de Europa y que denominaba a los países mediterráneos como PIGS (cerdos, por sus siglas en inglés).
De esta manera, emula el escrito que hace unos meses remitió también el Gobierno alemán, que exigía también leyes claras que no diesen lugar a la interpretación. No obstante, parece que la política fomentada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, no variará. En consecuencia, se establecerá un máximo del 3% del déficit en los presupuestos generales de cada país y un límite del 60% de la deuda pública. Eso sí, para evitar elevadas consecuencias de esta política o extralimitaciones de los países miembros, Bruselas pretende establecer planes individualizados de reducción de la deuda, pactados entre los países y la Comisión y supervisados por esta última.
Esta senda no parece tener una buena acogida en Países Bajos, que aseguran que “las normas actuales dejan mucho margen de maniobra a la discrecionalidad de la Comisión y el Consejo, lo que hace que las normas se apliquen de forma poco transparente y a veces incoherente” y exigen “convergencia económica ascendente, sostenibilidad de la deuda y supervisión efectiva”. Para conseguir esto, junto con los bávaros, solicitan una mayor participación del Consejo Fiscal Europeo (EFB), con la intención de que audite la política fiscal.
No obstante, habrá que esperar hasta el próximo 9 de noviembre, momento en el que la Comisión Europea prevé presentar su propuesta fiscal. Posteriormente, deberá ser debatida por los países miembros con la intención de acordar una política común aceptada por todos los ejecutivos. El tiempo que puede necesitarse para alcanzar un acuerdo no puede conocerse, pero, si se sigue la senda de la política energética común, el proceso se dilatará en el tiempo, a pesar de la evidente necesidad por definir estos marcos comunes, por la negativa de una minoría de países poco acostumbrados a no abanderar el sentir mayoritario.
