El juicio al fiscal general del Estado arranca este lunes con más de 40 testigos y un tribunal de mayoría conservadora

Este lunes comienza el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convirtiéndose en la primera persona con este cargo en sentarse en el banquillo de los acusados. En concreto, lo hará en el Tribunal Supremo por la presunta filtración de un correo electrónico que reveló las peticiones de negociación de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en su caso de fraude fiscal. García Ortiz se enfrenta a un tribunal mayoritariamente conservador que podría sentenciarle a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

El detonante de este caso fue una publicación errónea de El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 que rezaba: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso'. Esta pieza, según describió el magistrado instructor, Ángel Hurtado, desató un "frenético intercambio" de mensajes y llamadas en el seno de la Fiscalía, pero también una intensa actividad en los medios de comunicación para verificarla, ya que no es la Fiscalía quien ofrece pactos para admitir delitos o multas, sino que tiene que ser la parte denunciada la que tiene que hacer ofrecimientos en todo caso.

La cronología del caos

García Ortiz se puso en contacto con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que intentara recabar de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador por delitos fiscales, la cadena de correos electrónicos que se hubiera intercambiado con Carlos Neira, el abogado del empresario en esa misma causa, para verificar cuál había sido el orden real de las cosas. Hicieron falta varios intentos porque Salto se encontraba en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, viendo el partido de Champions que enfrentaba esa noche a los colchoneros con el Inter de Milán. A las 21:59 horas, el fiscal general los recibió en su cuenta personal de Gmail, pero la cadena no estaba completa.

A las 22:10, en laSexta, se publicó la primera información que reflejaba que fue la defensa de González Amador quien buscó el pacto con Fiscalía, desautorizando la información inicial de El Mundo pero sin ofrecer más detalles ni citar 'email' alguno. Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa: el que Salto envió el 12 de marzo de 2024 al abogado del empresario para decirle que, aunque el caso por delitos fiscales ya estaba judicializado y, por tanto, ya no dependía de Fiscalía, eso no sería "obstáculo" para llegar a un acuerdo. Sobre las 23:00, García Ortiz se dio cuenta de que no tenía la cadena completa porque le faltaba ese 'email' del 12 de marzo. Y, tras nuevas gestiones, recibió ese correo a las 23:46.

Entretanto, la Cadena SER informó del 'email' del 2 de febrero, el que contenía el ofrecimiento de confesión. Lo hizo primero a las 23:23 en antena, haciendo referencia al correo y su contenido. Ya a las 23:51, publicó en la web la información avanzada, con extractos de ese mensaje electrónico. Al día siguiente, también después de una sucesión de llamadas y mensajes, la Fiscalía acabó publicando a las 10:22 horas un comunicado donde se daba detallada cuenta del intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador. Fue esa nota de prensa la que propició que el novio de Díaz Ayuso presentara, el 21 de marzo de 2024, una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos, pero dirigida contra Pilar Rodríguez y Salto. Paradójicamente, cuando el 16 de octubre de 2024 el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por ese comunicado, al considerar que no contenía "información indebidamente revelada" porque la misma ya había sido difundida por la prensa, situando ya el foco en la presunta filtración de los 'emails'.

Dos semanas después, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían de forma simultánea en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, para llevarse sus dispositivos electrónicos, en un registro inédito que duraría más de diez horas y del que saldrían las principales evidencias. De los elementos incautados, la Benemérita concluyó que el mismo día que el Supremo abrió causa a García Ortiz éste borró hasta dos veces sus chats de WhatsApp y que, una semana después, cambió de móvil. En su declaración como imputado, el fiscal general achacó ambos comportamientos al protocolo de seguridad exigido para quien, como él, guarda "datos ultrasensibles".

La imputación de García Ortiz

Durante los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados: Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañe, y los hechos investigados fluctuaron desde el comunicado, a la supuesta filtración del email del 2 de febrero, pasando por la existencia de una investigación fiscal contra González Amador. Hurtado empujó a juicio a García Ortiz y Rodríguez bajo el convencimiento de que él, con la necesaria ayuda de ella, filtró a la Cadena SER el email del 2 de febrero para ganar el "relato" a El Mundo. Hurtado señaló como indicios para justificar la imputación la cronología de los hechos -por las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo se comenzó a publicar en prensa- y el "borrado" que hizo el jefe del Ministerio Público tanto de sus 'whatsapp' como de su Gmail.

Además, Hurtado aseguró que García Ortiz actuó esa noche por "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Llegó a esta conclusión por la cronología, de la que infirió que, "paralelamente" a esos intensos contactos entre el denominado "equipo de Fortuny", "desde Fiscalía General del Estado" y "antes" de que se difundiera en prensa, se envió copia del 'email' a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. Sin embargo, la Sala de Apelación corrigió al magistrado porque tal afirmación "no había sido acreditada con suficiencia", dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno.

García Ortiz, por su parte, reivindica su inocencia. "Rotundamente no", dijo en su declaración como investigado cuando le preguntaron si había filtrado información a la prensa. Por contra, argumenta que el "núcleo esencial" de la información relevante sobre González Amador había sido desvelado desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid", recalcando que el empresario dio al jefe de gabinete de Díaz Ayuso luz verde para informar a la prensa del 'email' de 12 de marzo, añadiendo además que más de 600 personas tuvieron acceso al otro correo, el de 2 de febrero, porque Neira lo mandó a una cuenta genérica de la Fiscalía.

García Ortiz, que sigue en el cargo, ha reivindicado que en todo momento actuó "en el legítimo ejercicio de sus competencias", y que "la honradez y profesionalidad de la Fiscalía se han visto comprometidas por un bulo". Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora, con Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer, le juzgará durante seis días con máxima expectación mediática, aunque sin retransmisión en directo. Se espera que la sentencia se conozca a final de año.

Calendario previsto para el juicio

El proceso judicial arrancará el lunes 3 de noviembre y está previsto que se extienda hasta el 13 de noviembre, y que declaren, además de García Ortiz y González Amador, unos 40 testigos entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Las sesiones de las mañanas empezarán a las 10:00 horas y las de las tardes están previstas que comiencen a las 15:00 horas.

Este es el calendario previsto:

3 de noviembre

Por la mañana: Acusaciones y defensa podrán plantear sus cuestiones previas ante el tribunal.

• Julián Salto, fiscal de delitos económicos.
• Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
• Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid.
• Diego Villafañe, fiscal jefe fiscalía técnica.

Por la tarde:

• Jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid.
• Jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado.

4 de noviembre

Por la mañana:

• Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado.
• Diego Lucas, fiscal de Fiscalía Anticorrupción.
• Miguel Ángel Rodríguez, jefe gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
• Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación.

Por la tarde:

• Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso y querellante.
• Carlos Neira, abogado del querellante.

5 de noviembre

Por la mañana:

• Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid.
• Pilar Sánchez Acera, ex alto cargo de Presidencia del Gobierno.
• Periodista de 'Vozpopuli'.
• Periodista de 'Libertad Digital'.
• Periodista de 'El Mundo'.

Por la tarde:

• Periodista de 'Eldiario.es'.
• Periodista de 'Eldiario.es'.
• Periodista de La Sexta.

11 de noviembre

Por la mañana:

• Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
• Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de Fiscalía General.
• Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General.
• Periodista de Cadena SER.
• Antiguo subdirector de 'El País'.

Por la tarde:

• Tres periodistas de 'El País'.
• Periodista de 'El Plural'.

12 de noviembre

Por la mañana:

• Agentes de la UCO que participaron en las entradas y registros que se practicaron en el despacho del fiscal general del Estado y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, así como los agentes del Instituto Armado que realizaron el volcado de los dispositivos de García Ortiz y los que redactaron los informes que se aportaron a la causa.
• Declaración del fiscal general del Estado.

13 de noviembre

Esta sesión se dedicará a que la defensa y las acusaciones presenten sus informes finales.