El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrentará a un tribunal de mayoría conservadora en su juicio por la presunta filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que proponía un acuerdo de conformidad para eludir la pena de cárcel. Son siete los magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cinco que iniciaron la causa y los dos más antiguos.
Conforme rigen las normas del reparto de la Sala de lo Penal, sus integrantes deben conformarse por la Sala de Admisión que, sobre este caso de investigación, está conformada por los jueces Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela; a ellos, se suman el magistrado más veterano Andrés Martínez Arrieta, la nueva presidenta de la Sala de lo Penal, Ana Ferrer, y la ponente, de corte progresista, Susana Polo.
Cabe reiterar que tanto Martínez Arrieta como Ferrer confrontaron recientemente por la Presidencia de la Sala de lo Penal, la que previamente ostentó Marchena, uno impulsado por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien llegó a imponerse; mientras que Ferrer fue apoyada por los vocales progresistas.
Siguiendo las normas del reparto, en este proceso judicial no participarán los otros tres magistrados de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal que han resultado todos los recursos de la investigación del juez Ángel Hurtado en los últimos meses. Los dos primeros de este grupo dieron luz verde al procesamiento del fiscal general, mientras que el tercero, en voto particular, defendió el archivo del caso, escenario que no se llevó a cabo.
El juicio contra García Ortiz aún no tiene fecha en rojo en el calendario, aunque la previsión inicial sitúa la cita en los tribunales en la segunda quincena del próximo noviembre con una duración aproximada de una semana.
Complejidad del caso
Este frente judicial contiene una esencia compleja debido a la figura que ostenta García Ortiz en la pirámide del Estado como por el delito que ha apreciado el magistrado instructor del Supremo, presunta revelación de secretos por el correo del novio de Ayuso en el marco, en paralelo, de la pieza de investigación de su fraude fiscal por el que también está imputado.
El juez Hurtado mencionó que los delitos contra el fiscal general podrían incluso crecer si se aceptan algunas acusaciones populares sobre presunta prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. Asimismo, sobre la lista de testigos, se contemplaron nombres como el de González Amador, su abogado, Carlos Neira, el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez y demás fiscales y periodistas.
El magistrado del Supremo, durante los ocho meses que ha durado la instrucción, acotó la investigación a la presunta filtración del fiscal general a la Cadena Ser en la noche del 13 de marzo de 2024 sobre el correo electrónico que envió el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía el 2 de febrero proponiendo un pacto de conformidad sobre el caso del fraude fiscal.
Por su parte, la defensa del fiscal sostiene que, desde el 23 de enero cuando se empezó a investigar al empresario González Amador, hasta el 14 de marzo del pasado año, cuando se difundió la nota de prensa que manifestó el intercambio de correos entre Neira y el fiscal Julián Salto, “no existe ninguna conexión lógica” entre la publicación de la Ser y García Ortiz.
El fiscal defiende su inocencia y señala al entorno de Ayuso
Ante este horizonte de inminente juicio en el Supremo, el fiscal ha presentado este jueves su escrito de defensa en el que ha reivindicado su inocencia frente a las acusaciones mencionadas. En dicho texto, señala al “núcleo esencial” de la información relevante que se desveló “desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid”, dicho de otra manera, desde el Gobierno de Díaz Ayuso, reiterando que al contenido de la filtración tuvieron acceso unas 600 personas.
La defensa de García Ortiz, en manos de la Abogacía del Estado, reitera que no hay delito al considerar que las actuaciones del fiscal fueron en clave de reacción “en el legítimo ejercicio de sus competencias para evitar el perjuicio para la imagen y prestigio de la Fiscalía y sus miembros”.
En aras de desmontar el relato del juez Hurtado, la defensa asegura que la información publicada por elDiario.es el 12 de marzo fue la primera al tenerla en su poder los periodistas seis días antes. “Se construyó un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, sostienen.
Recuerdan en estos términos que cuando García Ortiz recibió los datos del correo desde la Fiscalía Provincial de Madrid, varios periodistas de distintos medios ya conocían su contenido, por lo que no pudo producirse revelación de secretos alguna.
