Tras las primeras semanas de desconcierto, comenzamos a vislumbrar los importantes efectos que tendrá en nuestra economía la guerra en Ucrania. El principal de ellos, a corto plazo, es un notable crecimiento de los precios, que han batido récords de varias décadas. El Banco Central Europeo ha anunciado el fin de su programa de compra de deuda y las primas de riesgos se estiran hasta cifras que no veíamos hace años. Algunas empresas comienzan a cerrar debido a los altos costes energéticos y se multiplican las protestas por parte de los transportistas y otros sectores cuyos beneficios dependen del coste de los combustibles. Estamos, sencillamente, en medio de una crisis de precios acentuada, pero no generada, por la guerra de Ucrania. El alza de precios veía produciéndose desde hace más de un año, cuando comenzaron a tomarse las primeras medidas para mitigar sus efectos en los sectores más vulnerables de la población.

La situación es grave y amenaza con cronificarse: según el BBVA, cada 10 euros de subida del barril de petróleo, España pierde un 0,5% del PIB de crecimiento. En definitiva, un incremento de estos niveles, si se cronifica, puede significar una fuerte caída de las expectativas de crecimiento económico durante el año. Si los precios del mercado del gas siguen altos, Rusia mantendrá una fuente de ingresos permanente para financiar no sólo la guerra en Ucrania, sino cualquier aventura belicista e imperialista que quiera emprender después. La Unión Europea ha aprobado un plan para desvincularse de las importaciones rusas pero se tardará tiempo en poner en marcha debido a la falta de interconexión entre el sistema gasístico de la peninsula ibérica, donde están situadas las principales capacidades de tratamiento del Gas Natural Licuado (GNL), y el resto del continente. Así que durante meses, sólo la reducción de consumo puede jugar un papel, porque parar definitivamente la importación de gas ruso puede, todavía en invierno, paralizar los sistemas energéticos y económicos que buena parte del continente, dependiente en un 41% del combustible ruso.

Así que estamos en una situación que puede prolongarse más allá del escenario bélico: los precios crecerán y siendo honestos tenemos pocas opciones a corto plazo. Las prioridades que se pueden establecer en un plan de reacción son tres: en primer lugar, impedir por todos los medios que los altos precios energéticos consoliden una espiral inflacionaria como la vivida en los años 70, cuando la inflación alcanzó hasta el 25% a finales de década. Impedir esta espiral implica un pacto de moderación de salarios y beneficios empresariales que a fecha de hoy está lejos de ser alcanzable, dadas las declaraciones de los agentes sociales. El Gobierno tendrá que aplicarse a fondo para lograrlo, planteando quizá algunas contrapartidas en términos de reducción de impuestos indirectos y quizá directos. La segunda prioridad es mantener la cohesión social a través de un apoyo más decidido a las personas que más directamente van a sufrir las condiciones prohibitivas del alza de precios. Recordemos que, ya en la crisis de la pandemia, los índices de carencia material severa crecieron en España un 50%, un crecimiento inédito que esperábamos que se redujera a lo largo de 2021 -todavía no tenemos los datos- pero que, si se consolida esta crisis de precios, volverá a crecer en 2022. El Gobierno y las Comunidades Autónomas deben hacerse eco de la carestía de bienes esenciales como la energía y la alimentación, y ello implicará nuevos programas sociales, como nuevas bonificaciones para los más desfavorecidos.

La tercera línea de actuación implica reformas estructurales en el ámbito de la energía, principal vector de crecimiento de los precios, acelerando la transición energética y reformando el sistema de precios de la energía eléctrica, cuyas deficiencias han quedado patentes en la actual situación. Estas reformas van en la línea de acelerar los compromisos adquiridos en el marco del Green Deal Europeo y del Plan de Recuperación y Resiliencia, por lo que los fondos ya comprometidos por Next Generation son el marco inversor idóneo para su desarrollo. Sin embargo, estas medidas de carácter estructural tardarán en llegar y sus efectos pueden retrasarse meses, durante los cuales la insatisfacción y el descontento social pueden crecer hasta límites no conocidos, espoleados, además, por políticos irresponsables que quieren endosar al Gobierno toda la responsabilidad de la situación -aún a sabiendas de que no es así- y por una suerte de opinadores indocumentados que, consciente o inconscientemente, analizan infantilmente la complejidad de la situación, siempre buscando un culpable único, ya sean los poderosos, el Gobierno o cualquier otro con el que conseguir adeptos a sus ideas, en la mayoría de los casos erróneas, simplistas y desorientadas. Lo cierto es que estamos en esta situación por un cúmulo de factores de los que sólo tenemos una parte de responsabilidad, lo cual es, efectivamente, una mala noticia, porque no podemos actuar para mitigar todo el problema, pero en aquello en lo que podemos actuar, no debemos demorarnos más.