La gestión de las macrogranjas ha saltado a la palestra a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y se ha convertido en el debate del momento. Ya hemos hablado sobre los distintos modelos ganaderos que conviven en España -desde las ya famosas macrogranjas hasta el sistema totalmente extensivo, el pastoreo- y conocemos también cuál es el impacto laboral que este tipo de explotaciones ganaderas tiene sobre el entorno. Ahora es el turno de saber cuál es el impacto medioambiental, uno de los aspectos más críticos y denunciados de los últimos días.
Los ganaderos intentan defender el sector y diferenciarse de las macrogranjas. El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha asegurado esta semana que solo el 7% de los gases de efecto invernadero corresponden a la ganadería, basándose en cifras del Ministerio para la Transición Ecológica. Tampoco Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), relaciona la presencia de granjas con la contaminación del entorno de forma directa. “Si se hacen bien las cosas no tiene por qué haber problemas de contaminación o vertidos”, asegura.
La realidad medioambiental es otra muy diferente, según Greenpeace. Las cifras de la asociación revelan que el 93,7% de la producción de carne de cerdo se produce en grandes explotaciones industriales, un 94,2% en el caso de carnes de aves y un 80,6% en la producción de leche y otros productos lácteos derivados de la vaca. Estas son las cifras de producción pero las de contaminación son incluso más llamativas.
Desde ElPlural.com nos hemos puesto en contacto con Luis Ferreirim, activista y uno de los responsables del sector en Greenpeace, para conocer los problemas que suponen la instalación y presencia de una macrogranja a nivel medioambiental, tanto en el terreno local como en la emisión de gases nocivos.
Contaminación del pueblo a la atmósfera
El impacto medioambiental de las macrogranjas comienza en la propia localidad y termina en la atmósfera. En el primer nivel de impacto -en el entorno más cercano a la explotación- Ferreirim resume en tres claves el impacto de las grandes explotaciones ganaderas: contaminación del agua y el suelo, emisiones de gases y la cantidad de insumos que necesitan para funcionar. Vayamos por partes.
En primer lugar, las macrogranjas emiten residuos que afectan al agua y al suelo de la zona, con las consecuencias que eso supone para el resto de la población. Para Ferreirim, el mayor problema es la contaminación de acuíferos, “el hecho más tangible de este problema” dentro de que todos ellos son problemas “realmente graves y tangibles”. “No es solo responsabilidad de la ganadería, y en particular de la ganadería intensiva, pero sí que tienen la máxima responsabilidad”, explica el activista.
Las cifras de Greenpeace lo demuestran: el 81% de la contaminación de los acuíferos en España provienen de la ganadería. Tanto que desde Europa ya se han dado varios avisos, explica. Por ejemplo, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción en 2018; en 2020 emitió un dictamen y, hace solo unas semanas, en diciembre de 2021, recurrió al Tribunal de la Comisión Europea por no haber puesto medidas para frenar el problema a nivel nacional.
También los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan señales de preocupación. Según las previsiones, alrededor del 50% de las aguas no van a poder tener la calidad necesaria en 2027 para el consumo humano, asegura el activista de Greenpeace. “Han dado por perdidos una cantidad importante de acuíferos. Esto provoca que muchos pueblos de España ya se estén quedando sin agua potable. Y otros muchos están al límite y siguen consumiendo esa agua”, denuncia Ferreirim.
Muchos animales pero pocos vecinos
Esta realidad desmiente el mito de que las macrogranjas sientan población y tienen un impacto positivo sobre el entorno. El hecho de que los vertidos contaminen los acuíferos trae consigo una peor calidad de vida para los vecinos, que en muchos casos ya no cuentan con agua potable como consecuencia de la macroexplotación ganadera.
Ante este problema, el activista de Greenpeace es claro: “No hay ninguna duda de que la contaminación de las macrogranjas puede afectar al ser humano. Esas explotaciones industriales están perjudicando al mundo rural, más que provocar el efecto contrario”. Y no solo habla de los desagradables olores, sino que pone en relieve la falta de un bien básico como es el agua: “El agua se está viendo contaminada”.
Ferreirim afirma que “es un mito que creen empleo” y se atreve a decir incluso que “contribuye, en parte, a la despoblación rural”. En base a los informes de Greenpeace, explica que “la curva del impulso de la ganadería no es paralela a la despoblación. Crecen los animales, pero las personas siguen bajando”. Es decir, colocar una explotación ganadera en un pueblo no provoca el asentamiento de la población, o la llegada de nuevos vecinos, sino que parece que ocurre lo contrario.
La despoblación del mundo rural es uno de los problemas más acuciantes para las administraciones, ya sea a nivel local, regional o nacional, y la llamada España Vaciada se ha convertido en otro de los puntos clave de la gestión pública. De hecho, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene como una de sus cuatro bases la igualdad territorial.
La contaminación llega a la atmósfera
Como ya hemos dicho, las macrogranjas no contaminan solo el entorno, sino que también son responsables de buena parte de las emisiones de gases a la atmósfera. Es el caso del amoniaco, donde el 94% de las emisiones de este gas corresponde a la ganadería industrial. Del total, el 69% corresponde al sector porcino y el 25% a las aves de corral, sin disponer de datos del sector vacuno, ya que no está obligado a declarar sus emisiones.
Sin embargo, con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el ecologista matiza que “es más difícil achacar el problema a la ganadería industrial, los informes hablan de sector agropecuario, ganadería o agricultura, pero no diferencia”. Lo que sí se sabe es que el sector agrario es el tercer emisor de gases de efecto invernadero, tras la caída de otros como consecuencia de la pandemia.
En el caso del metano no hay duda. “El principal responsable de las emisiones de metano, tanto en España como en Europa, es la ganadería”, afirma rotundo Ferreirim. De hecho, Europa ya se ha comprometido a reducir las emisiones de metano un 30% hasta 2030, ante lo que el experto alerta que, si no se toman medidas, no se llegará al objetivo.
Más allá de estos problemas de contaminación -al agua, al suelo y a la atmósfera- la ganadería industrial también necesita de una gran cantidad de insumos externos, es decir, pienso para alimentar a los animales. “La ganadería industrial depende totalmente de piensos que son importados, muy relacionados con la deforestación en ecosistemas vitales como la Amazonia. El 80% de la deforestación de la Amazonia está provocada por la ganadería”, explica el experto.
Noviercas generaría excrementos equivalentes a la población de Madrid y Barcelona juntas
Aquí vuelve a surgir el problema del agua. “La ganadería industrial necesita una cantidad brutal de agua. Muchísima más agua para la producción ganadera que para el pueblo”, recalca. El experto cita el ejemplo de la macrogranja de Caparroso en Navarra, que utiliza “tanta agua como los tres pueblos que tienen alrededor”. Y parece que no es la única. En el caso del proyecto de Noviercas, en la provincia de Soria, la instalación de una macrogranja con más de 23.500 vacas “consumiría el agua equivalente a una población de 16.000 personas”, explica.
Por el momento esto es solo un proyecto y ya ha recibido la negativa de permisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. “Espero que no se haga realidad”, confiesa el activista de Greenpeace. Según las previsiones, esta macrogranja “generaría tantos excrementos como generan 4,5 millones de habitantes”, es decir, casi el equivalente a la población conjunta de Madrid y Barcelona, las dos ciudades más grandes de España.
Y tampoco los residuos que generan estas explotaciones podrán servir de forma positiva. Según denuncia Ferreirim: “Los abonos se están convirtiendo en veneno para los campos, los suelos y las aguas. No son absorbidos, están utilizando los campos como vertedero. Se amparan en que son materia orgánica pero no, no son de calidad”.
El caso de Noviercas es particular porque, por el momento, el sector vacuno no está obligado a declarar sus emisiones, como si lo está el sector porcino o avícola. Es decir, las explotaciones ganaderas con más de 2.000 cerdos de cebo y 750 madres están obligadas a declarar sus emisiones. También lo están aquellas explotaciones con más de 40.000 aves. Pero no lo están las macrogranjas de vacas, “curiosamente una laguna muy grande”, reconoce el ecologista. Según la respuesta del Gobierno, el sector vacuno no está obligado porque no está contemplado en la directiva de emisiones a nivel europeo.
¿La solución?
El panorama de la ganadería industrial y la contaminación no es para nada alentador. Las asociaciones ecologistas llaman a la acción y desde Greenpeace piden medidas que frenen el problema, así como que permitan cumplir con los objetivos comprometidos con la Unión Europea. Por el momento valora las moratorias pero pide más medidas, entre las que pasan reducir la cabaña ganadera y el consumo de carne.
“Pedimos una moratoria y pedimos a nivel nacional reducir la cabaña ganadera. Ya lo están haciendo otros países”, explica Ferreirim. Precisamente Castilla-La Mancha ha aprobado hace unos días la primera moratoria regional para estas macrogranjas pero el problema está en muchos puntos del territorio nacional. Cataluña, Galicia o Castilla y León son otras de las comunidades más afectadas por la instalación de estas explotaciones ganaderas.
Para Ferreirim la solución es clara: “Lo ideal sería la desaparición de las macrogranjas, sin duda. Pero en primer lugar, pedimos frenar el impacto, no dar licencias a nuevos proyectos ni permitir ampliaciones”. Asimismo, llama a reducir la cabaña ganadera pero a través de una “transición justa, que asegure el apoyo a los ganaderos”. La segunda solución pasaría por reducir el consumo de carne en España, otra de las recomendaciones que ya hizo el ministro Garzón el pasado verano y que, como estos días, le situó en el centro de la polémica.
