La semana pasada, el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José María Escrivá, presentó su propuesta de reforma del reglamento de la ley de extranjería, con el objetivo de facilitar la llegada a España de trabajadores dispuestos a cubrir aquellas vacantes de difícil cobertura en nuestro mercado laboral. Los motivos aducidos por el ministro son varios, pero dos deben ser destacados: en primer lugar, que ya tenemos en España una idea clara de que nuestra dinámica demográfica implicaría aceptar, al menos, hasta cinco millones de trabajadores inmigrantes nuevos. En segundo lugar, que existen, en estos momentos, en España, una serie importante de puestos de trabajo que, por sus características, son difíciles de cubrir, y que las necesidades de crecimiento de nuestra economía implicarían la necesidad de cubrir. La propuesta se ha encontrado, como no podía ser de otro modo, con la oposición de la extrema derecha, que considera que aceptar a más inmigrantes implica profundizar en el desequilibrio demográfico de nuestro país. De esta manera, en una especie de versión castiza de las teorías conspiranoicas del gran reemplazo, el gobierno de coalición estaría propiciando un desplazamiento de la población europea por población foránea, no se sabe muy bien si siguiendo los malvados planes de algún ideólogo escondido por las montañas de Davos o detrás de alguna fundación destinada a promover sociedades abiertas. Desde este punto de vista, los inmigrantes vienen a quitar los puestos de trabajo a los españoles, en el mejor caso, y en el peor, a aprovecharse del estado social, si no a promover el crimen y la inseguridad ciudadana.

Pero en esa ocasión la extrema derecha ha encontrado un aliado inesperado en una parte de la izquierda que se ha mostrado refractario a la posibilidad de mejorar los cauces de migración laboral ordenada en nuestro país. El argumento de esta izquierda es sencillo: si los empresarios no encuentran trabajadores, lo que tienen que hacer es subir salarios, porque las condiciones son tan malas que los españoles no quieren trabajar en sus empresas. El recurso a población extranjera para cubrir esta plazas de trabajo sería, entonces, algo así como el recurso a unos “esquiroles trasnacionales”, que se encargarían que despresurizar algunos sectores que deberían mejorar sus condiciones, y que serían víctimas de unos empresarios que lo que quieren es globalizar la explotación. Desde este punto de vista, la presencia de trabajadores inmigrantes impediría a los trabajadores nacionales mejorar sus condiciones de trabajo.

Sorprende esta interpretación, ciertamente. La evidencia acumulada, ya, por muchos estudios, señala que los resultados de la inmigración son generalmente positivos para los países receptores, pues la inmigración permite mejorar los niveles de productividad y la actividad económica. Las investigaciones sobre los efectos de la inmigración en los mercados de trabajo, incluso en los mercados menos cualificados no permiten afirmar, de modo concluyente, que tenga unos efectos negativos significativos. Sin embargo, tanto la extrema derecha como la inédita posición de la izquierda han fraguado una extraña alianza que considera que el empleo que hay en España es una cantidad fija que se debe repartir entre jóvenes y mayores, entre nacionales y extranjeros. Es un error muy habitual pero no se corresponde con la realidad: si los trabajadores inmigrantes cubren las vacantes en un sector, casi nunca es desplazando a trabajadores nacionales: ni reales (como opina la extrema derecha), ni potenciales (como, lamentablemente, opina ahora parte de la izquierda). Los efectos de una mayor participación de los inmigrantes en un mercado laboral suele generar al mismo tiempo nuevos puestos de trabajo cualificados que suelen ser cubiertos por nacionales, por el efecto dinámico del incremento de la actividad económica que supone el crecimiento poblacional. Adicionalmente, los esfuerzos desarrollados tanto por los sindicatos como por el gobierno, en términos de salario mínimo interprofesional, mejora de la inspección, y la reforma laboral, hacen que el suelo social en España haya mejorado mucho en los últimos años, de manera que el margen para esta suerte de dumping social interno es mucho más reducido que hace apenas unos años.

La inmigración es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, siendo efectivamente una de ellas la laboral. Sin embargo, uno debería esperar que la posición de aquellos que dicen defender los derechos de los trabajadores fuera evitar la explotación laboral, elevar los estándares sociales y laborales, luchar contra la economía sumergida y el subempleo, y favorecer la integración sociolaboral de las personas que se ven obligadas a buscar un futuro mejor fuera de sus países. Eso es lo que, en buena medida, se podría esperar de una posición social y económicamente solidaria. Pero si ni siquiera se quiere ser solidario, se debería hacer por interés propio, como ya hemos señalado. Por todo  ello sorprende y apena que una parte de la izquierda se haya sumado al “los españoles primero”. El signo de los tiempos, un tanto oscuros, ciertamente.